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Adicto pero no delincuente. Por Julio Enrique Ortiz Cuenca

La Corte Constitucional ha vuelto a reiterar la jurisprudencia sobre la dosis minina. En reciente sentencia establece que ninguna persona puede ser criminalizada o considerado como un delincuente por portar o consumir una dosis mínima de droga, la cual se considera entre un gramo de cocaína o 22 gramos de marihuana. La Corte Constitucional ha vuelto a reiterar la jurisprudencia sobre la dosis minina. En reciente sentencia establece que ninguna persona puede ser criminalizada o considerado como un delincuente por portar o consumir una dosis mínima de droga, la cual se considera entre un gramo de cocaína o 22 gramos de marihuana. Decisión que pone punto final al debate que se ha venido dando entre quienes consideran que se debe despenalizar y los que se oponen. El tema de las drogas es una preocupación a nivel mundial, pero en la mayoría se diferencia entre narcotraficantes o victimarios y consumidores o víctimas. Gran parte de los países desarrollados han despenalizado la dosis mínima. Perú y Bolivia han avanzado en la regulación de la producción, distribución y control legal. En Colombia la Corte Constitucional en 1998 despenalizó la dosis minina pero el Presidente Uribe en 2009 la tipifico como delito, lo cual ha contribuido a la congestión judicial y hacinamiento carcelario. El presidente Santos en enero de este año en Cartagena expreso que este tema no puede seguir siendo tabú y sería aceptable para Colombia si el mundo entero la acepta. Desde principios de 2010 en los foros promovidos en la Fundación Jorge Eliecer Gaitán y Radio Surcolombiana, planteamos la necesidad de diseñar una política pública para la juventud, priorizando el problema de la drogadicción que ha contribuido a la descomposición social, el resquebrajamiento de los valores en la familia y la sociedad. Política que debe hacer parte de los programas  de salud pública de los gobiernos nacionales , departamentales y municipales, asignándoles los recursos financieros necesarios en sus presupuestos, que permitan adelantar programas con   tratamientos integrales que ataquen las causas y sus consecuencias; promover  campañas de prevención para  evitar nuevos adictos; conferencias y talleres para grupos, padres de familia y educadores; apoyo económico para la subsistencia durante el tratamiento; asistencia sicológica, afectiva, de salud y laboral;  suministro de la dosis mínima controlada hasta su curación logrando la recuperación al seno de  sus familias y la sociedad, como lo vienen haciendo en otros países con buenos resultados en la rehabilitación y prevención. La drogadicción no solo afecta a jóvenes de estratos económicos altos sino también de los sectores populares, y requiere con urgencia una acción preventiva y curativa liderada por los gobiernos en conjunto con la comunidad. Todos tenemos que ayudar y colaborar con las autoridades para perseguir y combatir a quienes la producen, procesan y comercializan. julioenriqueortiz@yahoo.com