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Jimeno Fajardo Bonilla, un veterano funcionario del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, no pudo zafarse de una condena por corrupción en la justicia.
La Corte Suprema de Justicia inadmitió el último recurso para evitar el carcelazo por haber ‘tumbado’ a un campesino a quien le pidió plata para enredar una orden de captura. Al quedar en firme la sentencia en primera y segunda instancia, el ex funcionario fue capturado por sus propios compañeros.
El investigador adscrito al equipo de criminalística fungía como abogado y en esa condición, abusaba de la función pública para obtener un beneficio ilícito. Pero se estrelló. Un campesino ‘engañado’ lo denunció.
El agricultor fue condenado el 14 de octubre de 2004 por lesiones personales culposas, ocasionadas en un accidente de tránsito. El Juzgado Promiscuo de Tesalia lo condenó a la pena de nueve meses y 26 días de prisión. Además, lo condenó al pago de los perjuicios morales y materiales ocasionados a la víctima del percance automovilístico ocurrido en el 2002. Ese hecho se convirtió en su peor pesadilla.
El labriego nunca compareció a suscribir la diligencia compromisoria ni canceló los perjuicios a las víctimas del percance automovilístico como estaba judicialmente decidido. Ante ese hecho, el juez Joaquín Vega Pérez, le revocó el beneficio de libertad provisional y ordenó su captura el 19 de mayo de 2005.
Fajardo Bonilla, quien se desempeñaba como técnico en criminalística, aprovechándose de investidura quiso sacarle provecho ilegalmente a esa situación.
El funcionario lo contactó telefónicamente y convinieron una cita para asesorarlo. El encuentro se cumplió en un asadero de pollos cerca del Palacio de Justicia de Neiva.
El servidor público, según el relato, le mostró la orden judicial que le habían encomendado. Sin embargo, le exigió el pago de cinco millones de pesos eludir el procedimiento judicial.
El labriego acosado por la inminente detención, le entregó en ese restaurante los primeros tres millones de pesos, producto de la venta de café. Más tarde, en otro restaurante, ubicado en el centro de Neiva le entregó los otros dos millones de pesos.
“Me dijo que si no le conseguía el dinero hacía efectiva la orden de captura que llevaba en un bolso. Escuchando esas palabras, pues lógico que me apresuré a conseguir el resto de la plata para darle cumplimiento”, recordó Méndez Ortiz, creyendo que el tema estaba arreglado. Pero se equivocó.
Posteriormente fue capturado cuando se encontraba en la Plaza de San Pedro en el centro de Neiva. Ese día comprendió que el funcionario del CTI lo había ‘tumbado’.
El agricultor consiguió otro abogado para que asumiera la defensa. Igualmente, tuvo que cancelar 12 millones de pesos a la víctima del accidente. Méndez Ortiz recobró la libertad el 24 de junio de 2008 en plenas fiestas del San Pedro.
Ante este hecho, Méndez requirió al investigador para que le devolviera el dinero. El investigador judicial se negó sistemáticamente. Por eso lo denunció. Fajardo laboraba en el CTI de Pitalito.
El proceso
Tres años después, el 11 de agosto de 2009, con fundamento en la denuncia penal, la Fiscalía 12 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Neiva le abrió investigación preliminar.
Fajardo Bonilla fue vinculado al proceso mediante diligencia de indagatoria rendida el 26 de julio de 2010, en la que se le imputó el delito de concusión.
El 12 de febrero de 2013 le resolvió la situación jurídica, absteniéndose de dictarle medida de aseguramiento. El 4 de junio de 2014 la Fiscalía le dictó resolución de acusación. La audiencia preparatoria se realizó el 20 de enero de 2015.
El 4 de noviembre de 2016 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva lo sentenció a 72 meses de prisión y le impuso una multa equivalente a 50 salarios mínimos mensuales (39,10 millones aproximadamente). Como pena accesoria lo inhabilitó por 60 meses para ocupar cargos o funciones públicas.
El ex funcionario impugnó alegando falta de certeza en la materialidad de la conducta. El Tribunal Superior de Neiva confirmó la sentencia el 17 de julio de 2017.
La concusión
Según la denuncia Jimeno Fajardo Bonilla se hacía pasar como abogado. El ex funcionario le pidió cinco millones de pesos para ponerle fin al proceso. Tambien se comprometió a cancelar la orden de captura y a conciliar con las víctimas del accidente. Nada de eso se cumplió.
Según el Tribunal, Fajardo Bonilla, “no sólo le pidió la entrega de cinco millones de pesos a Méndez Ortiz, a fin de solucionar lo relacionado con la orden de captura vigente, sino que lo presionó moral y sicológicamente con miras a cristalizar ese propósito, ya que le aseguró llevar consigo la orden de aprehensión y estar autorizado para capturarlo en ese mismo momento en caso de no llegar a un acuerdo, ante lo cual el sujeto pasivo del delito no tuvo opción o remedio distinto a ceder a la exigencia económica e ilegal convenida”.
La confesión
Fajardo Bonilla negó la acusación y alegó falta de pruebas. Sin embargo, una confesión que le hizo al abogado Gary Humberto Calderón, confirmó la conducta.
Le aseguró que “no estaba en posibilidad económica de devolverle la plata, una sobre sobre otra, pero que en ocho o quince días nos hacía una oferta, jamás volví a verlo”, relató el jurista. Después le anunció que devolvería el dinero por cuotas. Tampoco cumplió.
La condena
Fajardo Bonilla fue condenado en primera instancia el 4 de noviembre de 2016 por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Neiva a la pena principal de 72 meses de prisión como autor responsable del delito de concusión.
Además, le impuso una multa equivalente a veinte salarios mínimos mensuales y lo inhabilitó por 60 meses de para ejercer cargos o funciones públicas.
El juez le negó la suspensión de la ejecución de la penal y la detención domiciliaria. Aunque el juez no tuvo en cuenta otros aspectos que pudieron hacer más gravosa la pena, el Tribunal Superior de Neiva, confirmó íntegramente la sentencia.
“La nitidez del testimonio rendido por Méndez Ortiz, los pormenores de su narración, el coherente y sólido hilo conductor de su historia y la ausencia de elementos indicativos de interés de venganza contra el procesado, son factores determinantes de la valiosa credibilidad y fiabilidad de su atestación”; subrayó el magistrado Javier Iván Chávarro al confirmar el fallo de primera instancia.
A la Corte
Fajardo Bonilla interpuso el recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia argumentando que en su caso se aplicaron indebidamente normas procesales. En su criterio, el labriego lo buscó y le ofreció el dinero le ofreció un dinero para “evitar el pago de los perjuicios a la víctima”.
La Sala de Casación Penal inadmitió el último recurso. El magistrado José Francisco Acuña aseguró que los cargos formulados no fueron debidamente sustentados.
Al inadmitirse la demanda de Casación la sentencia quedó en firme. Fajardo era requerido desde el 15 de noviembre por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva.
Colofón
El comportamiento del funcionario “constituye un verdadero abuso de la función o cargo desempeñado para la época de los hechos, ya que en primer lugar, desde su privilegiada posición de investigador del CTI de la Fiscalía, Fajardo Bonilla tenía acceso a información sensible y trascendente para cualquier ciudadano”.
El ex funcionario “conocía las órdenes de captura expedidas por las autoridades de la región, y en segundo término, en su poder o mano reposaba la orden de captura contra Méndez Ortiz, por habérsele asignado previamente la misión de aprehenderlo”. Estimó que Fajardo se valió ilegalmente facultad para obtener provecho o utilidad económica, al exigirle dinero a cambio de no capturarlo y solucionar su problemática judicial. “Contrariando así los principios de transparencia, moralidad y eficacia propios de la función pública, las cuales le imponían el inquebrantable deber de actuar sin tardanza las órdenes judiciales y abstenerse de pedir o recibir dineros, dádivas o donaciones de particulares, menos a cambio de sustraerse de cumplir fielmente sus obligaciones o funciones, imperativo legal que a la postre desatendió por completo”, concluyó el magistrado.
Un caso parecido
Este no era el único caso. La Fiscalía reveló ayer en un comunicado que en el año 2009, cuando se desempeñaba como funcionario del CTI en Pitalito (Huila), le exigió a otro ciudadano la suma de 300.000 pesos para salvarlo de un proceso similar.
Fajardo Bonilla también se vio involucrado en 1998 en un caso de pago de sobornos durante una investigación que se inició contra el registrador de Instrumentos Públicos de La Plata José Orlando Parra Trujillo, quien fue denunciado por recibir dinero de los usuarios del servicio para agilizar la evacuación de los asuntos que debían ser tramitados en su oficina.
Parra le ofreció medio millón de pesos para que extrajera de los expedientes un recibo que lo comprometía. Fajardo, le siguió la cuerda y permitió su captura.