Por: Germán Palomo García
La próxima reforma tributaria que se está esperando desde hace rato y que ocurrirá, según expertos, en este primer trimestre del 2021, es una oportunidad para enfrentar una realidad que no se ha querido encarar: La de aplicar un verdadero ajuste fiscal y no una más de las reformas tributarias que solo apuntan a generar más cargas tributarias sin tocar la estructura fiscal. Finalizando el 2020, ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras empezó a poner puntos sobre las íes al afirmar, con base en estudios de la DIAN, que en el 2019, las exenciones del IVA alcanzaron 74.93 billones de pesos, 7.1% del PIB (¡y necesitando 20 billones!. Estas exenciones son en gran parte (81.7%) bienes y servicios excluidos de este impuesto. De estos, más de 32, según ANIF, son servicios médicos, Planes Obligatorios de Salud, educación virtual, telefonía local (los primeros 325 minutos del mes), el transporte público, el transporte de gas e hidrocarburos. Miremos la justificación de estas exenciones. El sector salud es escenario de corrupción y la calidad de sus servicios es baja. Las EPS permanentemente viven cuestionadas por lo que las exenciones no tienen ningún sentido.
Solo sirven para enriquecer a los negociantes de la salud. Sobre la educación virtual, baste decir que el atraso en la cobertura de internet tiene excluidos del sistema educativo a gran parte de los niños y jóvenes especialmente en zonas rurales tradicionalmente atrasadas. ¿Han servido las exenciones para estimular las inversiones o, si es el Estado el único inversionista que necesita recursos para mejorar el servicio, por qué deja de recibir el dinero con destinación específica para una mejor conexión digital? Sobre el transporte de gas e hidrocarburos, un reciente estudio sobre tarifas del servicio realizado para una consultoría, encontramos que sus incrementos siempre son mayores al IPC o tasa de inflación.
¿Entonces por qué se exceptúa? Los aportes fiscales al erario público son un compromiso de todos y si estas actividades no ofrecen contraprestaciones con un importante componente social no tiene ningún sentido mantener estos beneficios. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía concluye categóricamente: “Está demostrado que el gasto fiscal de estas (las exenciones) les llega especialmente a las personas de ingresos medios y altos, así que hay que subir la base gravable y algunas tarifas y profundizar los mecanismos de compensación del IVA que se estrenaron este año para proteger especialmente el ingreso de las personas más vulnerables”. Comparativamente, Colombia es un país donde se pagan menos impuestos por que los paga poca gente. ¿Por qué no se reduce la tarifa del IVA y se amplía su universo de aplicación como en tantos países? El populismo y la politiquería no dejan pues “a los pobres hay que cuidarlos” y la realidad es que se protegen otros intereses.