Las medidas adoptadas han sido insuficientes para frenar la contaminación de la quebrada ‘La Torcaza’ en la Comuna Ocho. El mandatario neivano, Gorky Muñoz Calderón tendrá que pagar de su bolsillo la sanción pecuniaria impuesta por el Tribunal Administrativo del Huila.
RICARDO AREIZA
Unidadinvestigativa@lanacion.com
Confirmado. Al alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, fue sancionado pecuniariamente por no acatar una orden judicial.
La sanción fue impuesta por el Tribunal Administrativo del Huila por incurrir en desacato, al incumplir un fallo proferido en el 2005, orientado a frenar la contaminación de la quebrada ‘La Torcaza’ y reubicar los asentamientos extendidos en la zona de ronda.
Como ha ocurrido con los últimos tres antecesores, la medida de fondo sigue en el aire y las acciones adelantadas no constituyen una solución definitiva.
Muñoz Calderón, tendrá que pagar de su propio bolsillo una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes (cuatro millones de pesos).
La investigación fue ordenada por el Consejo de Estado ante la negativa para frenar la contaminación de la quebrada ‘La Torcaza’, y la reubicación de los asentamientos que la contaminan.
“Dicha omisión constituye negligencia y desinterés de parte de la primera autoridad municipal, que amerita ser sancionada por desacato”, concluyó la magistrada ponente Nelcy Vargas Tovar.
La sanción fue respaldada por los magistrados Gerardo Iván Muñoz Hermida y José Miller Lugo Barrero.
Los reclamos
La acción popular fue instaurada por el ciudadano José Miller Campo Soto en contra de la Alcaldía de Neiva, Empresas Públicas de Neiva y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).
El líder ambientalista solicitó la protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la moralidad administrativa, a la existencia del equilibrio ecológico, al goce del espacio público, a la defensa del patrimonio público, a la seguridad y salubridad públicas.
Además, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los servicios públicos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, entre otros.
Según el autor de la acción ciudadana, las invasiones o asentamientos Divino Niño, Buenos Aires, La Nacional, y los barrios Rafael Azuero y La Paz, contaminan la quebrada La Torcaza (La Tórtola) situada en la Comuna Ocho, en el suroriente de la capital huilense.
En la zona baja de la microcuenca La Torcaza se presentan serios problemas de tipo ambiental y social generados por la consolidación de asentamientos humanos en su rivera, como Divino Niño, La Paz, La Nacional y Panorama, reportó la administración municipal.
“Estos generan contaminación a la fuente hídrica debido a que se localizan en la terraza baja o ronda de protección ambiental; están por debajo de la cota del colector sanitario panorama y no se puede garantizar el servicio de alcantarillado sanitario a esta comunidad por su ubicación en alto riesgo por erosión masal”, explicó Jessica Yulieth Charry, funcionaria de la Alcaldía de Neiva.
Orden judicial
El Tribunal Administrativo del Huila protegió los derechos fundamentales invocados. El fallo proferido el 20 de mayo de 2005 ordenó a la Alcaldía de Neiva que inicie el proceso de legalización de esos asentamientos en la Comuna Ocho, ajustándose a las normas legales y reglamentarias de desarrollo urbano, esto es, proporcionándoles una infraestructura vial y de servicios públicos, con prevalencia de la calidad de vida de sus habitantes.
En caso de que la legalización no cubra a la totalidad de las familias de los asentamientos, deberá el ente municipal reubicarlas en otro sector de la ciudad, garantizándoles así su derecho a una vivienda digna.
Desde esa época, los alcaldes no cumplieron con la orden judicial comenzando por Cielo González Villa, en ejercicio cuando salió el fallo; sus sucesores, Héctor Aníbal Ramírez; Pedro Hernán Suárez y finalmente Rodrigo Lara Sánchez también pasaron de agache.
La Sección Primera del Consejo de Estado mediante sentencia de 3 de septiembre de 2009 adicionó los alcances del fallo. El consejero Roberto Augusto Serrato Valdés resolvió el primer incidente.
Nuevo incidente
Atendiendo esta orden impartida por el Consejo de Estado, el 12 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo vinculó en calidad de incidentado al alcalde Gorky Muñoz Calderón
El funcionario respondió los requerimientos Gorky Muñoz informó que a pesar de las dificultades y limitaciones generadas por la emergencia sanitaria, la administración desplegó diversas actividades en procura del mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los habitantes de los asentamientos el Divino Niño, la Nacional y Buenos Aires ubicados en la Comuna Ocho.
Priorización en los programas de solución de vivienda, se actualizó y consolidación de los datos y caracterización de cada uno de los residentes susceptibles de subsidios de vivienda.
Además, reportó la realización de jornadas de sensibilización a la comunidad aledaña a la zona de influencia de la quebrada La Torcaza (separación de residuos sólidos, afectación de recurso hídrico, fauna y flora) y jornadas de control, limpieza y descontaminación de la ronda de la quebrada.
Muñoz Calderón anunció la compra de un lote para la reubicación de las familias, así como la realización de estudios de suelo y un estudio geotécnico para preparación de proyectos.
Según el informe, como resultado de varias mensas de trabajo se levantó un censo y caracterización del sector, pero no más.
Descartada
La legalización de estos asentamientos está descartada desde el 2013. La Oficina de Planeación determinó en esa época (Resolución 44 de 2013) que la legalización de los asentamientos Divino Niño, Buenos Aires y la Nacional (Panorama alto) no era viable por tratarse de zonas de protección. En cambio planteó la reubicación.
Desde entonces, el municipio (en los distintos incidentes de desacato adelantados contra los últimos siete alcaldes se han planteado alternativas de solución.
Entre ellas, un proyecto vivienda multifamiliar que constaría 23.654 millones de pesos.
En veremos
Según la magistrada, la situación de la quebrada La Torcaza no ha variado desde el 3 de septiembre de 2009 (fecha en la que se profirió la sentencia).
“El área de ronda -dijo- aún está ocupada por residentes que no manejan adecuadamente sus residuos (sólidos, vertimientos de aguas, entre otros) y que conviven en precarias condiciones sanitarias (por no contar con la totalidad de los servicios públicos esenciales)”.
“Aunque la actual administración municipal, ha adelantado actividades para la recuperación ambiental del cuerpo de agua y del sector, la problemática que se pretendió solucionar con la orden judicial que aquí se vigila, continua y continuará mientras no se materialice la reubicación (porque la legalización no es viable) de la totalidad de las familias que se asientan en el Divino Niño, la Nacional y Buenos Aires”, precisó.
En su criterio, los esfuerzos para caracterización de los residentes de los asentamientos, en aras de la adjudicación de subsidios de vivienda han sido insuficientes para resolver la problemática.
“Llama la atención que en ese proceso han transcurrido 12 años y a la fecha, no se ha logrado la identificación completa de cada uno de los grupos familiares, lo que significa que a pesar de las diferentes gestiones administrativas, técnicas, presupuestales, de colaboración y contractuales, la reubicación no se vislumbra como una realidad siquiera a mediano plazo”, expresaron los magistrados.
Incumplimiento
En ese orden, se encuentra acreditado desde el punto de vista objetivo el incumplimiento de las obligaciones impartidas en la sentencia proferida por esta corporación el 20 de mayo de 2005 y adicionada por el Consejo de Estado el 3 de septiembre de 2009.
Aunque el alcalde anunció la adquisición de un predio para la reubicación (matriculado en el folio 200-204130) realmente el terreno fue adquirido hace doce años por desengloble efectuado a través de Escritura Pública 9 otorgada el 7 de enero de 2010.
La Sala reconoció que la administración municipal actual (en cabeza de Gorky Muñoz Calderón), ha desplegado acciones similares a las ejecutadas por las administraciones anteriores (consolidación y actualización del censo, jornadas de limpieza, recuperación, reforestación, socialización y capacitación).
Sin embargo, “no se advierte de su parte una actuación concreta para la recuperación definitiva del área de influencia de la quebrada, es decir, no hay certeza de la viabilidad de un proyecto urbanístico o de alguna otra alternativa, para la reubicación de los residentes del sector”.
Solución a medias
En esta misma línea, la corporación judicial estimó que las actividades de capacitación, socialización, limpieza entre otras, son necesarias para mitigar la afectación al recurso hídrico por la inadecuada disposición de los recursos sólidos y por el vertimiento ilegal de aguas domésticas y no domésticas (en el cauce y en el área de protección hidráulica), así como para disminuir y controlar el riesgo que soportan los habitantes de la zona (por inundación y erosión)
No obstante, no redundan en una solución definitiva a la problemática que se abordó a través de las decisiones judiciales cuyo cumplimiento se analiza.
Así las cosas, para la Sala resulta claro que el señor Gorky Muñoz Calderón, en su condición de Alcalde de Neiva, ha dado cumplimiento a la “adopción de medidas preventivas y de todo orden a que haya lugar”.
Pero, esencialmente, no ha acatado lo relacionado con la recuperación del área de ronda de la quebrada ‘La Torcaza’ que se encuentra invadida y ocupada por viviendas, reubicando a las familias asentadas en ese sector.
“El plazo concedido para realizar la reubicación, era de un año y hoy, luego de más diez años, no se advierte la materialización o la existencia de un proyecto concreto para la ejecución de una reubicación definitiva”, afirmó la magistrada Nelcy Vargas Tovar.
“Dicha omisión constituye negligencia y desinterés de parte de la primera autoridad municipal, que amerita ser sancionada por desacato a las sentencias del 20 de mayo de 2005 adicionada por el Consejo de Estado el 3 de septiembre de 2009 proferida por el Consejo de Estado”.
En tal virtud, le impuso al señor Gorky Muñoz Calderón, en su condición de Alcalde de Neiva, una sanción de multa equivalente a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes por desatender la orden judicial.
La multa deberá sufragarla con sus propios recursos y deberá ser consignada a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, una vez sea confirmada por el Consejo de Estado.
La decisión fue remitida en consulta al Consejo de Estado y se resolverá en Sala Plena. El caso lo asumió el magistrado Roberto Augusto Serrato, quien deberá evaluar si respaldan o revocan la sanción.