Alcaldía le declara la ‘guerra’ a la contaminación visual

Afiches, pasacalles y pendones fueron retirados de las principales vías de Neiva, en cumplimiento de una acción popular que busca combatir la contaminación visual y ordenar el espacio público. Ya se llevó a cabo el primero de varios operativos, según lo confirmó a LA NACIÓN la directora de Justicia Municipal, Carolina Ibarra. Los infractores se exponen a sanciones que van desde 1.5 hasta 40 salarios mínimos legales mensuales.

Hernán Guillermo Galindo M

hernan.galindo@lanacion.com.co

Una buena cantidad de piezas publicitarias que ocupaban el espacio público y generaban contaminación visual en Neiva fue desmontada por la administración municipal, en cumplimiento de una acción popular formulada por el Procurador 11 Judicial II Ambiental y Agrario del Huila, originada hace más de 9 años.

Según la directora de Justicia, Andrea Carolina Ibarra, el primero de estos operativos se llevó a cabo en puntos estratégicos de la ciudad, como la avenida Circunvalar, la avenida La Toma y la carrera Segunda, donde se identificó un alto número de elementos publicitarios colocados sin autorización, que además obstruían el paso peatonal.

Respuesta a una acción popular

El trabajo consiste en utilizar toda la capacidad oficiosa de la administración para desmontar la publicidad que no cumpla con los requisitos establecidos y que no cuente con el permiso correspondiente, con el fin de descontaminar visualmente la ciudad y acatar la orden emitida en una acción popular por el Tribunal Administrativo del Huila, a través de la Sala de Decisión Número Cinco, para proteger los derechos e intereses colectivos en relación con la publicidad exterior visual del municipio de Neiva, explicó la directora de Justicia Municipal.

“Desde la Dirección de Justicia, en articulación con las demás dependencias competentes en este asunto, como la Subdirección de Espacio Público, la Secretaría de Gestión del Riesgo a través del Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Movilidad y la Policía Metropolitana, hemos estado realizando operativos de control mes a mes desde agosto del año pasado”, indicó.

Añadió que se han adelantado actividades operativas y jurídicas para dar cumplimiento total a este fallo. “Desde las inspecciones de policía, se ha venido conminando, a través de procesos policivos, a los dueños de la publicidad exterior que no puede ser retirada por la administración, para que ellos mismos la retiren”, expresó la directora de Justicia de Neiva.

Prioridades

De acuerdo con Andrea Carolina Ibarra, los operativos, que se reiniciaron el viernes y continuarán a finales de enero para luego retomar la agenda mensual, tienen como prioridad retirar las vallas que el fallo ordena de manera taxativa y, en segundo lugar, la publicidad que no cumpla con los requisitos.

“Adicionalmente, se está llevando a cabo un trabajo pedagógico con los dueños de esta publicidad, indicándoles que no la ubiquen en esos lugares, porque está prohibida. En estos casos, se devuelve la publicidad al dueño como una acción preventiva”, comentó.

Otro proceso relacionado tiene que ver con las grandes vallas publicitarias, que han sido las más difíciles de desmontar debido a que las empresas propietarias de la publicidad han recurrido a acciones legales. En este caso, hay que tener en cuenta que una cosa es el dueño de la publicidad y otra el propietario de la valla, recordó Ibarra, quien agregó que se invita a los propietarios a cumplir con la normativa, y si no lo hacen, se procederá al desmontaje con la capacidad operativa del municipio, además de imponer sanciones. “El Código Nacional de Seguridad y Convivencia nos ha otorgado herramientas en derecho policivo sancionatorio para obligar a quienes no cumplen a realizar el desmonte”, advirtió.

Articulación con Planeación Municipal

El trabajo se articula con Planeación Municipal, que es el que adelanta el inventario de la publicidad en zonas prohibidas y lo remite a la Dirección de Justicia. “Es Planeación quien nos remite información constante sobre las vallas que no cumplen, así como aquellas que tienen permiso. De igual manera, la Personería Municipal, como representante del Ministerio Público, realizó un inventario de la publicidad que no cumple con los requisitos y que debemos retirar”, agregó.

Por lo tanto, la Alcaldía de Neiva ha prometido continuar desarrollando actividades de control y recuperación del espacio público, al mismo tiempo que hace un llamado a respetar las normas, evitando la instalación de elementos que afecten el orden y la estética de la ciudad.

Los operativos son liderados por la dirección de Justicia Municipal/ Foto: Suministrada.

El origen de los operativos

La acción popular contra la contaminación visual tuvo su origen en una demanda presentada el 6 de mayo de 2011 ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, e inicialmente fue aceptada. Sin embargo, al detectar que las entidades demandadas incluían autoridades de derecho público, la Corte revocó esa decisión y remitió el proceso a la jurisdicción contenciosa administrativa.

Posteriormente, el 24 de noviembre de 2014, el caso fue asignado al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Neiva, que también se declaró incompetente y trasladó el expediente al Tribunal Administrativo del Huila, donde fue admitido el 20 de abril de 2015.

La demanda involucraba a varias grandes empresas, tanto regionales como nacionales, acusadas de utilizar publicidad exterior de forma indebida, en contravención a las normativas legales vigentes sobre el tema. Después de casi nueve años de proceso, el Tribunal Administrativo del Huila finalmente emitió un fallo de fondo, ordenando el desmonte de toda publicidad exterior que no cumpliera con la normativa establecida.

Este fallo fue firmado el 19 de septiembre del año pasado y adquirió firmeza. Sin embargo, debido a las implicaciones del caso y la importancia para las partes involucradas, la decisión fue impugnada. En consecuencia, el asunto fue remitido al Consejo de Estado para que resuelva las reclamaciones presentadas, incluyendo una solicitud de la Alcaldía de Neiva para una ampliación del plazo para el cumplimiento de la sentencia.

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