La Nación
Alertas tempranas, un verdadero desastre 1 21 mayo, 2022
INVESTIGACIÓN

Alertas tempranas, un verdadero desastre

Las inversiones ejecutadas para conocer en tiempo real posibles avalanchas se esfumaron.  $1.697,59 millones ejecutados se perdieron. La Contraloría definió posibles responsables, exonerados los contratistas.

RICARDO  AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

Aunque suene paradógico, el Sistema de Alertas Tempranas contratado por la Gobernación del Huila en el 2015 para prevenir en tiempo real, los efectos de eventuales avalanchas, terminó convertido en un verdadero desastre.

El sistema nunca operó a pesar de las fabulosas inversiones ejecutadas con recursos de regalías petroleras.

Tampoco funcionó la red de comunicaciones de emergencia, administradas por las estaciones de bomberos. La modernización del sistema digitalizado resultó un descomunal fiasco y los aparatos supuestamente de última generación están hoy arrumados en los anaqueles de la ineficiencia.

Los dos sistemas, recomendados para reducir los riesgos por fenómenos de remoción en masa o crecientes súbitas,  le costaron al Huila 1.697,59 millones de pesos, dineros públicos que se perdieron por la deficiente gestión, la falta de  seguimiento y control y, especialmente enormes fallas en la contratación.

Por estos dos proyectos fallidos la Contraloría General de la República falló con responsabilidad fiscal por la pérdida de las inversiones ejecutadas. El detrimento patrimonial asciende a 2.031 millones de pesos.

La providencia está firmada por los directivos colegiados Duber Antonio Sánchez Jiménez, en calidad de ponente;  Camilo Ernesto Chacón. Edwin Rodrigo Cante, Yaneth Roció Urrea y Wilson Díaz.

Una prioridad

El proyecto nació  luego de recia temporada invernal en el 2011 que dejó numerosos damnificados y cuantiosas afectaciones en los 37 municipios del Huila.

El gobernador de la época, Carlos Mauricio Iriarte, declaró el estado de emergencia y decretó la urgencia manifiesta, como mecanismo para atender los efectos de la ola invernal.

El  Sistema de Alertas Tempranas (SAT) debía garantizar con tecnología de punta la vigilancia, las 24 horas, en  tiempo real los ríos principales y quebradas en las 18 cuencas hidrográficas de la región.  Se instalaron pero nunca funcionaron.

El sistema de alertas tempranas, como lo denunció LA NACIÓN, nunca operó como fue contratado, no generó alarmas, no reportó ninguna información sobre cambios en caudales. Hoy está desmantelado.

Con otro agravante: el sistema de comunicaciones de emergencia utilizado por los bomberos y organismos de socorro, es otro desastre.

Contundente

Dos informes técnicos presentados en noviembre de 2020 por los ingenieros María Eugenia Cadena Patiño y Willian Eduardo Vásquez Guzmán fueron contundentes.

Los dos informes técnicos realizados por la Contraloría confirmaron el desastre.

El Sistema de Alertas Tempranas, no funciona en su conjunto, monitoreando las 18 cuencas y enviando información que sea acopiada por la Gobernación de Huila y analizada para que sirva de toma de decisiones en caso de presentarse cualquier emergencia.

Los equipos instalados fueron totalmente desmantelados y hoy registran pérdida total. De ellos solo quedaron los vestigios y los archivos. En todos sitios los equipos fueron desmantelados. Los sensores, los mástiles, los gabinetes, el cableado, las antenas y los paneles solares desaparecieron. Otros fueron vandalizados.

Sistema inoperante

“Resulta evidente que el sistema de alertas tempranas no genera alarmas automáticas en caso de presentarse cambios en el caudal de los ríos y quebradas donde se encuentran instalados los sensores”, confirmaron los expertos.

Los sensores inicialmente emitían información sobre los  caudales de los ríos al Centro de Gestión, otro elefante blanco ubicado en la Gobernación, pero no dispara las alarmas sobre los cambios súbitos de los caudales por encima de los niveles normales.

Esta anomalía a juicio de expertos, se registra porque la información  tomada de los ríos vigilados no tenía un parámetro objetivo de contraste, indispensable para el funcionamiento del sistema.

La agencia fiscalizadora estimó que la Gobernación no sólo adquirió los equipos de medición  hídrica, sino que contrató la implementación de un sistema que debía emitir alarmas cuando los niveles de los ríos superaran los niveles de superficie por una eventual inundación. No disparó una sola alerta.

Alertas tempranas, un verdadero desastre 7 21 mayo, 2022
Sistema instalado en Aipe, hoy desmantelado.

Falta de gestión

El sistema de alertas tempranas, a pesar de haber sido recibido y liquidado el contrato, nunca ha funcionado, por tanto, no ha cumplido con el objeto para el cual fue contratado.

Estos hechos se presentaron, según la CGR por la falta de planeación, deficiencias en los estudios previos de acuerdo a la magnitud del proyecto, la inoperatividad del Sistema de Alertas Tempranas SAT, la ausencia de medidas preventivas para garantizar la preservación de los bienes instalados, aunado a la falta de supervisión e interventoría han causado detrimento al patrimonio público proveniente del Sistema General de Regalías.

“De no ser por la falta de compromiso tanto de la administración departamental del periodo 2016-2019, este proyecto hubiese marcado un hito en la prevención de desastres naturales en el Huila, contrario sensu el proyecto terminó sin funcionar, si operar y totalmente desmantelado por los vándalos, ocasionando un detrimento al erario público, pero además, dejando a la deriva a unas poblaciones que veían en este proyecto una salvaguarda de su integridad física y material”, concluyó.

El proyecto SAT nunca fue socializado con la comunidad ni con el cuerpo de bomberos ni con las autoridades ambientales. Los radios de comunicación que fueron entregados a la estación de bomberos presentaban fallas y funcionaban esporádicamente. La directora de Gestión del Riesgo, Isabel Hernández denunció que en realidad nunca funcionaron.

“El sistema de alertas tempranas del Huila, definitivamente nunca fue puesto en operación, no funciona en su conjunto ni sirvió para la toma de decisiones en situaciones de emergencias”,  precisaron los expertos.

No obstante, la Contraloría General de la República concluyó que “el contrato se cumplió, el proyecto se entregó y fue recibido por la Gobernación según el acta de liquidación”.

Alertas tempranas, un verdadero desastre 8 21 mayo, 2022
Facsímil del fallo

El fallo

“De todo lo anterior se concluye que el señor Carlos Julio González Villa, en calidad de Gobernador del Huila, para el periodo 2016-2019, actuó de forma omisiva y negligente respecto de las funciones que tenía a cargo, pues debía velar por la continuidad del proyecto de alertas tempranas o como mínimo debía realizar la gestión pertinente para asegurar el cuidado”, precisó la Dirección Colegiada de la Contraloría.

En su criterio, la administración anterior no realizó gestión alguna que permitiera la operatividad del sistema, no garantizó su funcionalidad. Además estimó que el desmantelamiento de los equipos se originó por el abandono y falta de seguridad ocasionando que el sistema se encuentre inoperante y como consecuencia de ello registra pérdidas en detrimento de los recursos del Sistema General de Regalías invertidos.

Al verse aparentemente vulnerado el patrimonio del Estado le imputó responsabilidad fiscal al mandatario seccional que se mantuvo al proferirse el fallo

González Villa se opuso y cuestionó los cargos. Según su apoderado, José Nelson Polanía, no existen los fundamentos necesarios para mantener la imputación porque en su criterio “no hay claridad en los hechos que se le imputan y menos que existe claridad sobre que función ha incumplido el ordenador del gasto”.

También falló con responsabilidad fiscal contra la ex secretaria de Gobierno Liliana Vásquez, por la falta de gestión para proteger los equipos y asegurar su funcionamiento.

“Liliana Mercedes Vásquez Sandoval, pese a que conoció el proyecto y las condiciones en que se entregó, no tomó las medidas necesarias que permitiera proteger estos equipos y evitar la pérdida”, argumentó.

Exonerados

En cambio, luego del examen de toda la contratación, exoneró a los contratistas e interventor y a la ex secretaria de Gobierno, Martha Cecilia Medina Rivas, quien supervisó la contratación y ejecución de la fallida iniciativa.

Su conducta, según el ente de control, estuvo ajustada a las obligaciones del contrato, así como a la entrega e instalación de los equipos de alertas temprana. La funcionaria, dijo, cumplió con lo estipulado en los estudios previos que fueron base para la contratación del proyecto.

“En el caso que nos ocupa, se ha demostrado que la acción desplegada por Martha Cecilia Medina Rivas, no configuró la generación de un daño patrimonial sobre el cual navega este proceso, pues el objeto del contrato se cumplió a cabalidad y el proyecto se entregó y se recibió en funcionamiento, cumpliendo con los parámetros que se estipularon en los estudios técnicos y previos que fueron la base de la ejecución del contrato”, precisó.

 Contratistas

Según la Contraloría, el contratista Miguel Antonio Cañón Rincón, cumplió totalmente con las obligaciones contraídas en el contrato, hizo entrega de todos los equipos, al almacén, realizó la instalación de cada uno de ellos, incluyendo los sensores en cada sitio determinado y las antenas de repetición en cada cerro establecido y cumplió cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato.

La misma apreciación la tuvo frente al interventor Técnicos en Comunicaciones Tek-Com SAS. Según la Contraloría “no existe un nexo causal para endilgar responsabilidad a la interventoría, pues la causa de la pérdida del patrimonio público, por el proyecto de Sistema de Alertas Tempranas han sido generadas por situaciones ocurridas después de la entrega del proyecto”.

También desvinculó a la Aseguradora Solidaria de Colombia y a la Compañía Mundial de Seguros e hizo  efectiva las pólizas expedidas por La Previsora.

Contra la decisión tomada en el ordinal primero de este auto, procede el recurso de reposición y en subsidio apelación. Surtido el trámite dispuesto el expediente será remitido en grado de consulta a la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal.