Ante el incremento en los cultivos de coca en el país, lo peor que puede hacer el Estado es regresar a la política de fumigaciones aéreas con glifosato u otros herbicidas, tal como hoy lo pide el Fiscal General. Esas fumigaciones se suspendieron por el tremendo daño ecológico causado, los altos costos y las protestas permanentes de colonos y campesinos de las zonas aledañas a las fumigaciones, dadas las afectaciones que ellas hacían a sus cultivos legítimos aledaños. En cambio la erradicación manual, aunque más lenta y dispendiosa, preserva la naturaleza, permite un acercamiento a los productores para integrarlos a la economía legal y con buenos planes agropecuarios de sustitución, pueden convertir las zonas cocaleras en modernos centros agropecuarios, para bien del país y el mundo, en una coyuntura en que la oferta de alimentos es insuficiente para la creciente población global. Estos planes ameritan el esfuerzo del país y la comunidad internacional, dado el carácter trasnacional del fenómeno del narcotráfico.
Hacer la erradicación manual de las 188.000 hectáreas, que según los datos de la DEA, existen hoy en Colombia, demandaría una inversión de 1.880.000 jornales con un costo aproximado de $188.000.000.000, costo infinitamente inferior a los irreparables daños ambientales que se causarían con las fumigaciones aéreas. Diez mil trabajadores podrían cumplir esta labor en un semestre, con lo cual se disminuiría el desempleo en el campo. En materia fiscal representaría el 1.2% del presupuesto nacional, una cifra que puede parecer bastante significativa, pero que con el respaldo financiero de E.U, Europa, Japón, China y demás países afectados, sería posible asumir.
Sin embargo la verdadera solución es la legalización de la producción y comercio de cocaína con lo cual el problema del narcotráfico desaparecería. Esta medida sólo puede ser tomada por la comunidad internacional, decisión para la cual E.U y los países de alto desarrollo no parecen preparados en la actualidad. El consumo es un problema de salud pública que debe ser asumido por cada nación en particular con presupuestos y campañas adecuadas. En el caso del tabaquismo y el alcoholismo, las campañas de prevención han permitido la disminución de los adictos. Para el caso del tabaquismo la Organización Mundial de la Salud, cree posible alcanzar la meta de llegar al año 2.025 con un disminución del 30% en el consumo. La comunidad internacional debe entender que la prohibición y el tratamiento militar a un problema de salud como el consumo de drogas alucinógenas, causa mayores daños que los de la propia adicción.
