La Nación
Alguien tiene que pagar 1 13 mayo, 2021
COLUMNISTAS OPINIÓN

Alguien tiene que pagar

 

José Manuel Acevedo M.

En esa peligrosa tendencia de relativizar el valor de la vida y decir cosas como que no debería importarnos la muerte de un reinsertado o que aquellos exguerrilleros que estaban cumpliendo con su reincorporación y han sido asesinados en estos meses, “es porque simplemente murieron en su ley”, hemos perdido de vista el sentido de humanidad y el respeto por la legalidad a secas, variando su interpretación peligrosamente según más nos convenga.

Una muerte en combate es distinta a una ejecución extrajudicial y quienes provocan lo segundo y encima quieren echarles tierra a sus delitos amparados en su uniforme de policías y soldados, deshonran a estas instituciones y ponen en riesgo al Estado de Derecho. Pasó con el exguerrillero Dimar Torres, caso que los lectores recordarán porque, aunque inicialmente, por allá en el mes de abril de 2019, se había dicho que este hombre perdió su vida en un forcejeo con algunos oficiales, en realidad se vino a descubrir que su muerte se dio en el marco de un plan de venganza coordinado por un coronel.

Transcurrieron los meses, y un año después se encontró responsable disciplinaria y penalmente a un cabo del Ejército, pero aún hacía falta procesar a quienes fungieron como determinadores o facilitadores de este hecho criminal. Ayer, Noticias RCN reveló que la procuraduría, por fin, tomó cartas en el asunto y aunque falte todavía más en materia penal, alguien tiene que pagar por lo que ocurrió y comienzan a establecerse esas cargas con precisión.

En fallo de segunda instancia, la Procuraduría confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general por 20 años al entonces comandante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 11 del Ejército Nacional, Jorge Armando Pérez, como determinador, provocador e instigador de la muerte de Dimar Torres.

La Sala Disciplinaria ratificó igualmente la destitución e inhabilidad por 14 años al cabo segundo Daniel Eduardo Gómez Robledo, al encontrar que fue el autor material del crimen, y por 12 años a los soldados profesionales William Andrés Alarcón y Yorman Buriticá, como cómplices de la conducta delictiva.

¡A los que cumplen hay que cumplirles y protegerlos! No puede ser que le enviemos una señal equívoca a quienes dejaron las armas e institucionalicemos el mensaje de la venganza sin que pase nada. Consuela saber que nuestras instituciones estén produciendo este tipo de resultados. Todo lo demás es el combate legítimo de las fuerzas del Estado contra quienes delinquen, pero las ejecuciones extrajudiciales no pueden seguir teniendo cabida entre nosotros.