¿Ignora el Tribunal Superior de Bogotá, que la Corte Penal Internacional no tiene competencia sobre hechos ocurridos antes del 2002? ¿Ignora el Tribunal Superior de Bogotá que la Constitución Política de Colombia concede competencia exclusiva a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar a los ex presidentes de la República? ¿Ignora el Tribunal Superior de Bogotá el principio in dubio pro reo? ¿Ignora el Tribunal Superior de Bogotá que en Colombia existe la “separación de los poderes”? ¿Ignora el Tribunal Superior de Bogotá que el ex presidente Belisario Betancur ha sido investigado y declarado exento de responsabilidad por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y por dos tribunales nombrados por la Corte Suprema de Justicia? ¿Ignora el Tribunal Superior de Bogotá que la guerrilla del M19 recibió U$ 2.000.000 para tomarse el Palacio de Justicia y desaparecer los expedientes sobre extradición de los narcotraficantes, según lo comprobó la Comisión de la Verdad (2005)? Como el Tribunal no ignora nada de lo anterior, estamos ante un fallo deliberadamente escandaloso que desconoce nuestro ordenamiento constitucional y legal y que fue firmado con deliberada desvergüenza. Es la consecuencia del despótico “gobierno de los jueces” que se anunció y se ha instaurado con agenda de izquierda y que le ha concedido validez al testimonio interesado de los más grandes criminales de la historia de Colombia. Contrario a España, aquí lo que oímos de los voceros de las altas cortes no es la exigencia del acatamiento a la institucionalidad, ni la llamada de atención a magistrados y jueces que desbordan sus competencias y convierten sus convicciones ideológicas en argumentos de condena a inocentes de bandería contraria, mientras cierran los códigos y desconocen los mandatos perennes de la Justicia, cuya majestad implorara hermosamente el poeta arriero: “que la espada de la Justicia, aunque desnuda permanezca casta”. Aquí, se pide a funcionarios y particulares el respeto a las sentencias judiciales, como debe ser, pero se calla ante el abuso de los magistrados de Bogotá que desconocieron, “por políticas”, las providencias de la Comisión de Acusaciones y ordenaron a nuestros soldados pedir perdón público a Pablo Escobar, violando el Artículo 12 de la Carta. Desafortunadamente, lo que oímos es la algarabía concertada contra el valiente gesto del Presidente de la República de presentar excusas y perdón a Belisario y al Ejército de Colombia, guardián de nuestras instituciones democráticas. No se niega que el fallo hay que respetarlo y lo respetaremos. Pero,… no es un fallo respetable. Son sus propios falsos oficiantes quienes se han encargado de deslegitimar ante la opinión la Rama Judicial, cuya reforma se reclama con urgencia. Le toca al Congreso volver por los fueros de una Justicia impecable. P.S.: Reconocimiento a El Colombiano por los cien años de una tarea admirable.