La planta de tratamiento para prevenir la contaminación del río Magdalena, quedó en suspenso. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, no le dio el aval para iniciar la ejecución del macroproyecto, cuya inversión estaría en 246 mil millones de pesos.
RICARDO AREIZA
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Contrario a lo que anunciado, la construcción de la primera fase de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Neiva encontró otro duro escollo que impedirá su avance.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) le negó la licencia ambiental y por lo tanto, congeló por ahora la viabilidad del proyecto, ordenado hace 16 años para contener la grave contaminación del río Magdalena.
Las dos solicitudes tramitadas por las Empresas Públicas de Neiva fueron rechazadas por incumplimiento de la normatividad. El Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental no cumplían con las exigencias
La No conformidad quedó consignado en un oficio respondiendo un derecho de petición, firmado por Sergio Alberto Cruz Fierro, coordinador del Grupo de Respuestas. En estas condiciones no tiene la viabilidad técnica.
El proyecto había sido remitido el año pasado por las Empresas Públicas de Neiva como parte del trámite que debe surtirse para la viabilidad técnica.
La solicitud se tramitaba según el expediente ANLA VPD00153-00.2020 y el expediente VPD0129-00-2021. Pero al parecer, no cumplían con todos los requisitos legales, lo que originó el concepto de “No conformidad”, es decir, que las dos solicitudes fueron rechazadas hasta que se subsanen las observaciones que originaron el rechazo.
La obra fue ordenada en el 2005 por una acción popular para contener la grave contaminación del río Magdalena.
La acción judicial fue promovida por Gustavo Mora Perea, presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios del Huila.
Nuevo trámite
“No obstante, Empresas Públicas de Neiva podrá volver a presentar ante esta Autoridad la solicitud de licencia ambiental, subsanando la información que no fue presentada”, advirtió el funcionario de la Anla.
Hasta el 8 de junio pasado, fecha de la respuesta enviada al ingeniero Marcos Silva, la entidad no había presentado la petición.
“Una vez sea presentada la entidad evaluará toda la información desde los medios abiótico, biótico, socioeconómico y con base en la normatividad ambiental vigente adoptará la mejor decisión”, subrayó Cruz Fierro.
La gerente de la entidad, Gloria Constanza Vanegas aseguró que radicó por tercera vez la documentación con los ajustes requeridos.
“Esta semana debe conocerse la respuesta. Esperamos cumplir con los documentos y requerimientos exigidos y de estar manera, obtener la licencia y los permisos respectivos”, afirmó la funcionaria.
Orden judicial
El proyecto se gestó por una orden judicial emanada del Tribunal Administrativo del Huila.
La sentencia de primera instancia fue proferida el 27 de junio de 2005. La decisión ordenó a la Alcaldía de Neiva, Empresas Públicas de Neiva, Gobernación del Huila, Cam y Cormagdalena la construcción del sistema de tratamiento aguas residuales en Neiva.
Según el fallo, las entidades vinculadas debían ejecutar a más tardar en el año 2011 al menos una de las tres plantas de tratamiento proyectadas y antes de finalizar el año 2015, tenían la obligación de garantizar una solución completa al problema de contaminación del río Magdalena por aguas residuales que se descargan sin ningún tratamiento.
La decisión fue confirmada por el Consejo de Estado el 11 de junio de 2009. Sin embargo, nunca se cumplió.
El cronograma cobró vigencia a partir del 28 de noviembre de 2013. El Consejo de Estado consideró que EPN no cumplió lo acordado y tramitó un nuevo incidente de desacato. Ante las sanciones y órdenes perentorias, finalmente se contrató en el 2011 una consultoría que resultó un fiasco.
En sus marcas
Después de diez años de estar ‘enredado’ el proyecto está a punto de concretarse, aún con las observaciones técnicas
La primera fase costaría 120 mil millones de pesos, según cálculos de 2019. De éstos están comprometidos cerca de 47.648 millones y están pendientes de gestión otros 74.899 millones de pesos.
Para la construcción están garantizados estos recursos: La Gobernación aportará $10.000 millones. Alcaldía de Neiva: $10.000 millones y la CAM, $10.000 millones. De éstos 7.000 se garantizarían con un crédito interno. Cormagdalena aportará $ 5.000 millones. La segunda fase deberá ejecutarse en diez años.
Cierre financiero
Toda la obra demandará inversiones globales estimadas en 246 mil millones de pesos, aproximadamente.
El cierre financiero para la construcción de la PTAR estaría en 215 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno Nacional aportará 124.780 millones de pesos, unos 6.000 millones de pesos anuales durante 20 años, con recursos de vigencias futuras. Otros 20 mil millones de pesos los aportará el Ministerio de Vivienda para la primera fase.
La actual gerente de Empresas Públicas confía en que en poco tiempo se pueda concretar el cierre financiero.
Avances
El predio fue adquirido en el 2013 por un valor de 2.664 millones de pesos aportados por la Gobernación (1.200 millones) y 1.464 millones correspondiente a recursos propios, lo que representó el primer avance, en medio de la controversia por su localización.
El 21 de febrero de 2019, presionados por un trámite de desacato iniciado y ratificado por el Consejo de Estado, Empresas Públicas contrató la actualización de los estudios de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental, claves para el otorgamiento de las licencias ambientales, por ahora, congeladas.
La actualización tuvo un costo de 429 millones de pesos. Asimismo se contrató un estudio de arqueología exigido por el Instituto Colombiano de Antropología con un costo de 39,87 millones de pesos.
Empresas Públicas ha invertido en esos estudios 468,95 millones de pesos. La preinversión asciende a 5.324 millones de pesos de los cuales 2.837 millones corresponden a recursos de EPN ejecutados entre 2013 y 2019.
Hace dos años, la entidad firmó un acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación para la estructuración de una Asociación Público Privada (APP) para la construcción del proyecto con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo.
Diseños de detalle
Adicionalmente, Empresas Públicas contrató los diseños y la ingeniería de detalle de la planta de tratamiento.
La obra será ejecutada en dos fases, tal como fue diseñada, con una inversión inicial de 207.433 millones de pesos. La cifra total, asciende a los 215 mil millones de pesos, debidamente actualizada, según el último ajuste financiero.
La primera tendría un costo de 126.868 millones de pesos aproximadamente y la segunda fase, 80.565 millones.
En la primera fase está proyectada la construcción de dos de las cuatro líneas de tratamiento. El costo estimado es de 80.565 millones de pesos. La infraestructura de urbanismo costaría 28.000 millones, incluyendo las compensaciones a la comunidad, oficinas, zonas de desplazamiento, áreas de reserva del río y la interventoría por 4.343 millones.
Adicionalmente, está previsto la compra de otros dos lotes. El primero, aprobado el 14 de noviembre de 2018 por valor de 3.215 millones y el otro por 3.245 millones. Los recursos fueron incorporados en el Plan Departamental de Agua, por un monto estimado de 6.460 millones.
Los dos lotes fueron registrados en la Oficina de Instrumentos Públicos para la declaratoria de bienes de utilidad pública para poder materializar la compra.
Obras adicionales
Adicionalmente, se requerirán otras obras complementarias como la construcción de los colectores sanitarios de vertimientos (Santander Norte, Santander Sur y Camilo Torres. La ingeniería de detalles de este colector costaría alrededor de 5.550 millones de pesos. El colector norte costará otros dos mil millones de pesos.
Los recursos los aportará EPN. Los dineros fueron programados en el Plan de Obras de Inversiones 2016-2026 y deben ejecutarse en los próximos años.
“Ya presentamos al Ocad el respectivo proyecto para financiar las obras complementarias con recursos de regalías petroleras”, explicó la gerente de EPN.
Desventajas
“Si construyeran la PTAR, en el lugar que definió de Hidrosan (entre el Puente Santander y el Barrio Camilo Torres), quedarían sin tratamiento las aguas residuales de 17 vertimientos, según lo advirtió el ingeniero Marcos Silva, uno de los estudios del proyecto.
Estos vertimientos están localizados entre la calle 37 y el barrio El Venado, incluido el gran colector en ese sector, paralelo a la quebrada del mismo nombre y otros vertimientos al sur del puente Santander. En esas condiciones se requeriría la construcción de otro colector, de gran diámetro, paralelo al río Magdalena.
El modelo propuesto no serviría para tratar todas las aguas residuales de la ciudad que desembocan en el Magdalena.