LA NACIÓN
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Las Farc, ahora sin armas y convertidas en movimientos político, un año después de haber firmado los acuerdos finales de paz con el Gobierno, reclaman por el incumplimiento de varios de los puntos que según ellos son vitales para los nuevos proyectos de vida que emprendieron los integrantes de esa guerrilla.
Hace un año todo eran saludos y abrazos entre los negociadores y los líderes de las Farc, hoy cuando ya se han cumplido los tiempos para la imposición de varios de los puntos acordados, se escuchan reclamos de ambos lados.
El primer incumplimiento por parte del Gobierno se presentó a los pocos días de iniciar los traslados de los guerrilleros a las zonas de normalización, cuando los miembros de las Farc estaban en los buses listos para salir hacia los campamentos se dieron cuenta que estos todavía no estaban construidos.
A los pocos días la discusión se centró en las garantías judiciales que exigían los líderes de las Farc, en sus listas figuraban personajes que nada tenían que ver con la lucha armada, algunos están pedidos en extradición por los Estados Unidos, sin embrago se querían beneficiar de los acuerdos.
Finalmente hace pocos días la lista fue depurada y sacaron a más de 250 sujetos que tienen cuentas pendientes con la justicia y que se querían “colar” entre los exguerrilleros.
LAS VÍCTIMAS
En cuanto a las víctimas del conflicto armado, la mayoría no han sido reparadas, los proyectos que se anuncian con financiación estatal en el Huila no despegan con la celeridad que requieren las personas que resultaron afectadas y que ven en ello una esperanza de reanudar sus proyectos de vida.
En el caso de los insurgentes les prometieron que serían beneficiados con un apoyo de 8 millones de pesos para que emprendan un proyecto, según el mismos Timoleón Jimenez, a ninguno lo han cobijado con este apoyo, lo que no garantiza que al no tener éxito con estos proyectos vuelvan a conformar bandas criminales.
En el Huila son reiterativas las quejas de las personas que han sido reconocidas como víctimas y que están esperando las ayudas, estas no llegan y ya los afectados están empezando a dar voces de alerta.
LO POSITIVO
La comunidad reconoce que durante las negociones y el año que se cumple de los acuerdos, la actividad guerrillera por parte de las Farc desapareció. Los casos más cercanos se pueden comprobar en el Huila y Tolima.
La actividad agropecuaria aumentó y la esperanza volvió al campo. Los programas para financiación de proyectos agrícolas han aumentado así como la producción agrícola.
Sin embargo se mantiene la zozobra de que si los acuerdos no se cumplen en su totalidad, los exguerrilleros vuelvan a sus andanzas y conformen grupos criminales, como se ha presentado en algunas regiones del Caquetá, donde disidentes de la Farc siguen actuando contra la población.
Parte de los acuerdos firmados hace un año
La firma del acuerdo de paz el 26 de septiembre de 2016 convocaba a las Farc a realizar un alto al fuego definitivo e instaurar un cronograma preciso para la dejación de todas las armas en 180 días, las cuales se entregaron a la Organización de las Naciones Unidas.
El acuerdo de Reforma Rural Integral comprende la creación de un Banco de Tierras, el cual otorgará tierras a campesinos, mujeres que son cabeza de hogar, campesinos sin tierra y víctimas del conflicto.
Quienes cultiven el campo contarán con herramientas. El Gobierno buscará que quienes huyeron de la guerra tengan un hogar.
El Estado ayudará a los campesinos a cultivar, sembrar y educarse durante la etapa del post- conflicto colombiano.
La participación política de las Farc ocurrirá luego de la firma del acuerdo final, los insurgentes dejarán sus armas y se convertirán en un partido o movimiento político.
Igualmente, se conformará una misión electoral con representantes de alto nivel que analicen el régimen y organización electoral.
También se creará un Consejo Nacional para la Recuperación y la Convivencia cuya misión será diseñar y ejecutar un programa que impulse la reintegración de los insurgentes a la vida civil.
El resto de los puntos alcanzados en el acuerdo son la solución al problema de las drogas ilícitas, las víctimas y justicia transicional, el cese al fuego bilateral y definitivo y las garantías de seguridad.
Que se cumpla lo prometido y firmado, Presidente Santos
En una misiva el máximo líder de las Farc, Timoleón Jiménez le pide al Presidente Santos que cumpla con lo pactado, para que se dé una paz verdadera. Aquí algunos puntos de la carta.
Nuestro anhelo de paz choca contra la avaricia. Tras más de medio siglo de lucha y sus millones de víctimas, el poder del capital y el latifundio creció en proporción geométrica, como si el conflicto hubiera sido una feliz oportunidad de negocios. La bandera de la paz es al tiempo una bandera de reivindicación social, de justicia, de igualdad, de respeto por la humanidad del otro.
El acuerdo final paró esa larga guerra y al tiempo abrió horizontes para la participación efectiva de los eternamente excluidos, la solución a las inequidades más antiguas y la atención a las causas reales de viejos problemas. También generó condiciones para la reincorporación productiva, política y social de la insurgencia, en el marco general del respeto a los derechos de las víctimas.
Además de histórico, ese acuerdo se convirtió en un pacto solemne entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP. No sólo porque la Corte Constitucional avalara las pautas para su refrendación, que resultó positiva por mayoría aplastante en el Congreso de la República, sino porque la comunidad internacional reconoció, aplaudió e incorporó a su haber la paz firmada en Colombia, y se comprometió a trabajar arduamente por garantizarla.
Lucharemos sin tregua por el cumplimiento de la palabra oficial. Es lo justo.
Cabe recordar que las dos partes celebramos el 29 de mayo el denominado Acuerdo sobre Hoja de Ruta para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final, en el que entre otras obligaciones se previeron las garantías mínimas que el Gobierno Nacional debía hacer efectivas a las FARC-EP antes de la culminación de la dejación de armas. Al día de hoy no se cumplen.
Resalto entre ellas: “El Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para que los integrantes de las FARC-EP que se encuentren en los listados acreditados por la OACP salgan de las cárceles y/o queden en libertad condicional antes de finalizar el proceso de dejación de armas”. (1.1.1.)
“Suspensión en todo el territorio nacional de todas las órdenes de captura de integrantes de las FARC-EP desde que hayan dejado las armas y hayan sido acreditados por la OACP” (1.1.2.). Otorgamiento de amnistía de iure por resolución presidencial a todos los integrantes de las milicias debidamente acreditados”. (1.1.4)
“Ley Estatutaria JEP. Se introducirá en el texto radicado en el Congreso una norma sobre suspensión de todas las condenas de integrantes de las FARC-EP o personas acusadas de serlo, conforme a lo establecido en el AL 001 de 2017 (…) El Gobierno Nacional se compromete a que la Ley Estatutaria de la JEP será aprobada por el Congreso respetando el Acuerdo Final y el borrador aprobado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP”. (1.1.6).
“Suspensión de órdenes de captura con fines de extradición y revocatoria de medidas de aseguramiento en todos los procedimientos de extradición respecto a personas acreditadas por la OACP, en aplicación del AL 001 de 2017, con fecha 10 de junio de 2017”. (1.1.9)
“Se realizarán las reformas constitucionales necesarias para garantizar el funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación contemplada en el numeral 74 del acuerdo JEP, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final”. (1.2.1.)
Igual que en todo, las FARC-EP cumplimos sagradamente con la dejación de armas. ¿Qué explica entonces la desidia oficial para honrar a su vez la palabra empeñada?
Son miles los ex combatientes excluidos hasta hoy de la asignación única de dos millones de pesos y que no reciben el giro mensual del noventa por ciento de salario mínimo. Se notifica a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que quedarán sin alimentos ni servicios elementales. El acceso a la salud de los nuestros pasa por las más increíbles dificultades.
Nuestra gente sigue privada de su libertad, muere enferma en prisión o se agrava ante la indolencia estatal. Nos movemos con la zozobra de la detención porque el señor Presidente no expide la amnistía de iure, pese a que ya se cumplieron diez veces los diez días previstos para ello, además de que el sistema aún no registra el levantamiento de las órdenes de captura.
El Congreso de la República se enreda en la expedición de las normas sobre participación política y jurisdicción especial de paz, mientras que el señor Fiscal General de la Nación dirige una campaña de difamación contra las FARC, e ignora sospechosamente los más de quince mil expedientes que por paramilitarismo se apiñan en su dependencia. Los humores a descomposición que brotaron con el escándalo del zar anticorrupción del doctor Martínez dejan mucho que pensar.
La inmensa familia fariana se revuelve inconforme e indignada. Miles de combatientes, milicianos, apoyos clandestinos, militantes políticos, seguidores y comunidades que creyeron de buena fe en la seriedad del Estado colombiano, reclaman de esta dirección una posición enérgica. La disciplina militar de la guerra siempre fue prenda de subordinación. Desaparecida esta sólo nos queda la persuasión y el convencimiento. Para ello hacen falta hechos, Presidente Santos.
Timoleón Jiménez
La Habana, 25 de septiembre de 2017.
Más de 7.000 guerrilleros entregaron las armas y se acogieron a las propuestas del Gobierno.