En el último quinquenio las comunidades ancestrales en 11 municipios recibieron recursos por 10.961 millones de pesos. Sin embargo, la mayoría de los proyectos de inversión no han dado los resultados esperados y muchos terminaron convertidos en ‘elefantes blancos’.
RICARDO AREIZA
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Los resguardos indígenas del país han recibido en los últimos cinco años recursos que superan el billón de pesos. Sin embargo, no han logrado en la mayoría de los casos, los objetivos de los proyectos de inversión, otros resultaron un fracaso y en muchos casos, por una mala administración por parte de los municipios, los recursos se ‘embolataron’.
Un centro de acopio en La Argentina; un proyecto agroindustrial cafetero en Nátaga y un proyecto ganadero en Íquira, tres monumentos al despilfarro de los recursos públicos.
En el Huila, entre 2015 y 2019, los 19 cabildos, recibieron 10.961 millones de pesos y como en el resto del país, hay ‘elefantes blancos’, proyectos fracasados y deficiente administración por parte de los entes territoriales, según un detenido estudio realizado por la Contraloría General de la República.
La Actuación Especial de Fiscalización, se adelantó en 820 de las 892 asignaciones especiales para resguardos de las 892 que contaron con recursos presupuestales, durante las vigencias auditadas, 2015 a 30 de junio de 2019, lo cual equivale al 91,93%, correspondientes a resguardos ubicados en 29 departamentos del país.
Los recursos asignados en los últimos cinco años para los territorios indígenas en 215 municipios colombianos, tres gobernaciones y ocho resguardos certificados, ascienden a 1,04 billones de pesos, girados por el Ministerio de Hacienda.
De esta suma, se ejecutaron $662.702 millones de pesos, que representan el 63.69% de los recursos disponibles ($592.829.177.303 ejecutados por entes territoriales y $69.873.025.737 por Resguardos Indígenas Certificados).
Para adelantar la ejecución de estos recursos, las entidades territoriales suscribieron previamente 3.111 contratos de administración de recursos, por $916.976.492.528, suma que representa el 88.13% del total de recursos.
En 23 de los 29 departamentos, entre ellos el Huila, que cuentan con resguardos indígenas se presentaron serias deficiencias especialmente por la no suscripción oportuna de contratos de administración, y, en otros casos, por el no reporte de los mismos lo que terminaron afectando los proyectos de inversión en las comunidades ancestrales.
En el Huila, existen 19 resguardos legalmente constituidos, con 20 asignaciones del Sistema General de Participaciones. El resguardo Nam Misak recibe dos asignaciones correspondientes al municipio de La Argentina y el de La Plata. Los once municipios que tienen resguardos en su jurisdicción administraron en los últimos cinco años recursos por 6.875.6 millones de pesos.
Mala gestión
Según la Contraloría General de la República, la mayoría de los entes territoriales no ejecutaron adecuada y oportunamente los recursos disponibles.
A las fallas en la gestión de los entes territoriales para suscribir los convenios de administración se sumó la demora de los resguardos en la elaboración de los proyectos de inversión, dificultando su ejecución y en otros casos, la pérdida de las transferencias.
“Las deficiencias en los controles que deben ejercer los entes territoriales en la ejecución de los recursos, permiten el incumplimiento de los objetos contractuales, esto conlleva a que se hagan pagos o desembolsos sin los soportes requeridos”, explicó la contralora delegada para el sector de educación y cultura, Rubiela Mercedes Benavides.
Durante la diligencia de fiscalización, “se evidenciaron deficiencias por la no elaboración de proyectos de inversión, o formulación inadecuada (sin cumplimiento de todos los requisitos), además de la inoportunidad de los mismos, afectando la ejecución del presupuesto (que se ejecuta sin tener claras las necesidades de la comunidad indígena)”, indicó la funcionaria al consolidar los resultados del estudio.
“La mayoría de los entes territoriales suscribieron los contratos de administración de forma extemporánea, es decir después del 31 de diciembre de la vigencia inmediatamente anterior, que trae como consecuencia el envío tardío al Ministerio del Interior, incumpliendo la normatividad”, precisó.
Y por lo tanto demuestra una inadecuada supervisión a la gestión de los recursos desarrollada a través de los contratos y convenios suscritos por los entes territoriales presentando falencias respecto del seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable.
La Actuación Especial de Fiscalización determinó 760 hallazgos administrativos, de los cuales 638 tienen presunta connotación disciplinaria, 156 tienen incidencia fiscal por $16.776 millones de pesos y 45 reportan una presunta connotación penal, Adicionalmente, 26 tienen solicitud de apertura de indagación preliminar; otros 7 tienen solicitudes de procesos administrativos sancionatorios, 22 presentan otras incidencias y 41 tienen beneficios de auditoría por 2.235 millones de pesos.
Elefantes blancos
Además de las deficiencias y demoras en los convenios de administración, las comunidades indígenas también reportaron sus ‘elefantes blancos’.
El primero apareció orondo en el municipio de La Argentina a pesar de amenazar ruina.
“El Centro de Acopio del Resguardo Indígena Pickwe Ikh, presenta daños estructurales que comprometen su estabilidad y se encuentra en condiciones precarias, convirtiéndose en un riesgo para la población y para las edificaciones cercanas, lo cual pone de manifiesto la falta de supervisión del ente territorial”, explicó el equipo auditor, encargado de adelantar la revisión de las inversiones.
La infraestructura ejecutada con recursos públicos cuenta con una zona administrativa (actualmente funciona una oficina de salud), una zona de servicio, seis habitaciones de hospedaje y una zona destinada para acopio donde hoy funciona una peluquería.
El Centro de Acopio se encuentra en condiciones precarias al presentar fisuras y grietas en mampostería, humedad en muros de toda la construcción e inestabilidad de la cubierta, lo que generan riesgo por colapso en la edificación por ausencia de elementos estructurales, que puede ocasionar un eventual desplome de la infraestructura comprometiendo la integridad de la población que utiliza este espacio y de las edificaciones vecinas.
La precaria condición de esta infraestructura se evidenció durante una visita técnica practicada el 11 de septiembre de 2019 por la Gerencia Colegiada del Huila.
El deplorable estado de la obra, según el organismo de control, se presenta por falta de control y seguimiento de la administración municipal en el acompañamiento técnico a los proyectos de inversión del resguardo y deficiencias en la destinación presupuestal para el sector infraestructura.
La obra fue entregada en el año 2015. La administración municipal admitió un “inadecuado proceso constructivo de su estructura lo que conlleva que su intervención no sea parcial sino que se haga de manera general”.
Proyecto cafetero
Otro proyecto productivo bandera diseñado para Nátaga, está al garete. El municipio adquirió los equipos para el montaje del Proyecto Agroindustrial del Café. Los primeros equipos fueron adquiridos entre los años 2015 y 2018. A la fecha no se encuentran instalados ni están en funcionamiento.
El proyecto agroindustrial fue aprobado por el resguardo indígena Llano Buco consistía en la adquisición de una tostadora, trilladora, selladora, molino de café, beneficiadero ecológico y despulpadora para la producción y comercialización de café pergamino seco y café tostado molido.
La Alcaldía de Nátaga suscribió el Contrato de Suministro 37 de 17 de enero de 2015 por $40.553.895, con plazo de 30 días, para el suministro de equipos especializados para el tostado del café.
El 28 de noviembre de 2018 suscribió el contrato de suministro 196 por 21.19 millones de pesos, para la compra de una despulpadora de café con destino al proyecto productivo.
Los equipos entregados en su oportunidad al resguardo para un proyecto productivo pedagógico liderado por la institución educativa María Mandiguagua.
La institución aseguró que los equipos están en un local de la comunidad instalados de manera provisional y están produciendo café molido de alta calidad. Además, anunció que estaría operando en los primeros seis meses de este año.
Sin embargo, dos años después de haber sido entregados estos equipos no están instalados para su utilización y funcionamiento, según lo evidenciado en la visita de control fiscal del 18 de septiembre de 2019
El proyecto productivo terminó convertido en un “elefante blanco” por falta de acompañamiento técnico en la debida formulación del proyecto de inversión, a una inadecuada planeación de la fase precontractual, y a la falta de control y seguimiento por parte de la administración municipal para realizar las gestiones pertinentes para la puesta en funcionamiento de los equipos.
Proyecto ganadero
Otro proyecto fracasado en Íquira. Mediante Resolución 099 del 22 de noviembre de 2016, la administración municipal realizó una subasta inversa presencial para contratar la compra de bovinos para un proyecto productivo de la comunidad del resguardo indígena Nasa Paez de Rionegro.
El contrato fue adjudicado a la firma Outsourcing del Huila por $45.996.330, cuyo plazo de ejecución, fue hasta el 15 de diciembre de 2016. Un día antes de terminar el plazo de ejecución del contrato, la representante legal de la Outsourcing del Huila solicitó al municipio mediante oficio del mismo día, la liquidación bilateral por desequilibrio contractual.
Al terminarse de común acuerdo el contrato pactado no se realizó la inversión proyectada para las labores de siembra, producción de alimentos y labores de pastoreo y los recursos no se pudieron invertir.
Inversiones en Huila
Durante el último quinquenio, los resguardos indígenas del Huila, suscribieron 69 contratos de administración durante las vigencias de 2015 al 2019, por una suma de 10.961 millones de pesos.
De estos se derivaron 161 contratos por $5.453 millones de pesos de los cuales se ejecutaron $4.493 millones que fueron revisados en su totalidad por la Contraloría. En el caso del Huila la investigación fue realizada por un equipo de la Gerencia Departamental encabezado por Sory Cristina Solano Ramos, quien actuó como Supervisora y las auditoras María Esperanza Sandoval Rincón y María Eugenia Cadena Patiño.
“Lo anterior significa, que sólo el 39% del monto total de los contratos de administración fueron ejecutados a través de los contratos derivados. Esto obedece a la falta de planeación y gestión contractual, que trae como consecuencia la no realización de los proyectos y planes de vida y la no materialización de los recursos asignados”, reportó el equipo auditor.
Según el reporte no suscribieron los contratos de administración: Neiva (2015, 2018 y 2019), Rivera (2015 a 2019), Villavieja (2016 y 2018), La Argentina, Pickwe Ikh (2015) y Palermo (2015, 2016, 2017 y 2019), lo que ocasionó demoras en la ejecución de los proyectos del plan de vida y retrasos en la entrega de los informes al Ministerio del Interior, afectando la contratación y el suministro de bienes y servicios para las comunidades indígenas.
En el municipio de La Plata, el resguardo La Nueva Esperanza, figura con tres contratos de administración, por cuanto se creó en el 2017.
En el municipio de Rivera se presentan dos convenios para la ejecución de los recursos por $78.512.685, en las vigencias 2015 y 2019, sin suscribir los contratos de administración.
En el municipio de La Argentina en el resguardo Pickwe Ikh, en la vigencia 2016, no se suscribió contrato de administración ni ejecutó recursos. En la vigencia 2015, no celebró contrato de administración, pero ejecutó recursos mediante convenio por $81.229.536.
“Existen deficiencias de supervisión a los recursos del Sistema General de Participaciones para los resguardos indígenas por parte de los entes territoriales, en la medida en que no se efectúa un adecuado control y seguimiento”, según el balance final de la diligencia de fiscalización.
En los municipios de La Plata, Íquira, Nátaga, Pitalito, San Agustín, La Argentina, Neiva, Rivera, Villavieja, se suscribieron contratos de administración con las comunidades indígenas en forma extemporánea.
En el municipio de San Agustín, se advierte falta de supervisión a los recursos trasferidos al Resguardo Indígena Yanakona, ante la ausencia de gestión para realizar la tradición del predio Rincón del Río a favor de la mencionada comunidad indígena.
Pese a las inconsistencias presentadas, se concluye que los municipios del departamento del Huila han cumplido en las vigencias 2015 a junio de 2019, con los requisitos establecidos en las normas legales, necesarios para la suscripción de los contratos de administración.
Graves falencias
El municipio de Rivera (Huila) no suscribió contratos de administración con los resguardos indígenas de su jurisdicción en las vigencias auditadas, es decir, no ejecutó los recursos que les fueron asignados y girados para realizar proyectos de inversión en beneficio de las comunidades indígenas.
En el municipio de Íquira, se presentaron inconsistencias en el manejo presupuestal, relacionadas con la incorporación de recursos en el presupuesto, durante las vigencias 2016, 2017, 2018 y 2019.
En el municipio de San Agustín, se presentaron debilidades en la incorporación de recursos dejados de ejecutar en las vigencias auditadas y anteriores a estas. Sin embargo, en la vigencia 2019, se realizaron los ajustes al presupuesto de ingresos de acuerdo con el saldo que presentaba la cuenta bancaria.
El manejo presupuestal de los recursos asignados a los demás resguardos indígenas, evaluados en el Departamento del Huila, no presentó inconsistencias.
En los municipios de Iquira, Nátaga y La Argentina, las cuentas maestras fueron aperturadas en forma extemporánea y se continuó manejando la cuenta corriente alterna con la maestra, lo que impidió el giro oportuno de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda, lo que configuró hallazgos con incidencias disciplinarias.
En el municipio de La Argentina, se cobraron gravámenes y comisiones en la cuenta maestra, sin justificación. El Banco Agrario descontó comisiones por transferencias e IVA sobre la comisión, sin existir ninguna transacción, sobre la cual el banco cobrase dicha comisión. Este hecho generó cobros injustificados por parte de la entidad bancaria; sin que la administración municipal hubiese realizado gestión alguna para su reversión o recuperación.
En Pitalito, los recursos de SGP resguardos, fueron administrados en dos cuentas bancarias (cuenta maestra y cuenta de ahorros). El resguardo Rumiyako desde el 2017 mantiene inactivos en una cuenta corriente 98,69 millones de pesos, sin que genere rendimientos financieros, un hallazgo con alcance disciplinario.
Palermo, con su resguardo indígena, solo suscribió un contrato, en el 2018 por $ 48.955.807, es decir, no ejecutó en las vigencias en estudio $36.712.276.
Además, Palermo, administró recursos de regalías petrolíferas provenientes de una sentencia en la cuenta maestra de SGP resguardos indígenas, sin embargo fueron trasladados 13 de octubre de 2017, la suma de 817 millones de pesos de transferencias regionales, a otra cuenta, lo que representa una operación débito no autorizada, incumpliendo la normatividad. Un hallazgo con incidencia disciplinaria.
Los municipios de Neiva, La Plata, Rivera, Villavieja y San Agustín, utilizaron sin objeciones la cuenta maestra.