Definitivamente la suspensión del alcalde de Medellín, de Ibagué, del personero de Nátaga, del concejal de Calarcá Quindío, del alcalde de Timana, y de otros funcionarios deja mucho que pensar. No destitución, pero si suspensión, probablemente para hacerle el esguince a lo exigido al Estado colombiano por parte del sistema interamericano de derechos humanos para funcionarios de elección popular. No es un secreto que Procuraduría, Contraloría General de la Nación y Fiscalía General de la Nación son manejadas de tal forma que sus investigaciones, sus teorías del caso, sus juicios y sus decisiones son pensadas, ordenadas y coordinadas no desde el Estado de derecho sino desde el estado de opinión política por el que ha optado el Gobierno del presidente Duque. Muchos altos funcionarios saben que están en deuda con el alto gobierno, sus ascensos, su relevancia social y su reconocimiento dependen de los derroteros estratégicos que dicho alto gobierno designe para sus fallos y decisiones. Si se acogen a las directrices dadas por el gobierno que aconseja a quien deben investigar, juzgar, absolver o condenar estratégicamente, entonces con el individualismo colombiano que nos caracteriza, obtendrán los ascensos, puestos, los beneficios y la relevancia social que han pedido o que les han ofrecido.
Se trata del gran problema de seguir contrariando la sana democracia que olvidó el sistema de frenos y contra pesos y decidió hacer omnímodo el poder del ejecutivo. El panorama se torna aun más delicado si se tiene en cuenta que estamos a menos de ocho días de las elecciones, si uno de los investigados directos es el mismo registrador, si se han aligerado los procesos investigativos contra alcaldes y gobernadores. Y ratifico que la cuestión es estratégica, la impotencia que sentimos frente al fragor del poder del Estado hace que los investigados o los sojuzgados puedan cambiar también en sus decisiones políticas con la convicción de que las investigaciones y los fallos que les aguardan también tienen carácter político. También investigan a miembros del partido de gobierno – dirán algunos- La respuesta: -también es estrategia. Igual, quienes han tenido verdadera participación en política son los altos funcionarios que apoyan al candidato del gobierno. Las exoneraciones, archivos y preclusiones de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía también se han brindado y hasta se han solicitado para los amigos del gobierno. En ese orden de ideas y ante el fenómeno de estos tiempos, de tener una Fiscalía, Procuraduría y Contraloría tan politizadas, de tener una opinión pública que está dispuesta a condenar aún a los mejores funcionarios públicos. Con el individualismo de los funcionarios de los organismos de control que más bien se solazan con sus futuros ascensos, el mejoramiento de sus salarios, el reconocimiento de los jefes que los nombraron, es mejor gritar: – ¿y ahora quien podrá defendernos? Ojalá que los jueces probos, imparciales y sensatos, los que no se dejan contaminar por la insidiosa política vengan en nuestro auxilio, ojalá los fiscales imparciales que sienten pena ajena de los altos fiscales politizados entren en razón.