Una recusación presentada por el abogado Esteban Alexander Salazar contra los 22 senadores de la Comisión Primera del Senado impidió una vez más que la célula legislativa votará las ponencias del proyecto de acto legislativo de cadena perpetua. Salazar, argumentó intereses políticos y electorales de los congresistas y la imposibilidad de que la Constitución de reforme de manera virtual.
Aunque el presidente de la Comisión, Santiago valencia, negó la solicitud de la réplica por no cumplir con los requisitos de Ley para su presentación, los senadores Roy Barrera y Gustavo Petro, apelaron la decisión del senador Valencia, por considerar que el Presidente de la célula legislativa no puede dirimir una recusación que también va dirigida en su contra.
Ante esta situación, será la Comisión de Ética la que hoy defina el futuro de la recusación y con ello destrabe el trámite de la cadena perpetua para los violadores de niños.
Con la Ley Gilma Jiménez, nombre que le pusieron en honor a la fallecida política del partido Verde se busca eliminar la prohibición actual del ordenamiento constitucional frente a estos actos, y emplear la cadena perpetua contra quienes cometen delitos de homicidio en modalidad dolosa o acceso carnal abusivo contra menor en el país.
“Este proyecto es diferente, porque ha sido estructurado adecuadamente, ponderando varios elementos que dan garantías procesales”, aseguró la ministra de Justicia, Margarita Cabello.
Este proyecto ha recibido duras críticas de los penalistas y expertos juristas quienes han afirmado que se trata de una iniciativa populista.
Por ejemplo, el exministro de Justicia, Yesid Reyes, manifestó anteriormente que las actuales normas en materia de agravación punitiva son suficientes y por ahora no se puede demostrar la ineficacia de ninguna de ellas.
“Asumir anticipadamente 25 años antes que la ley que está vigente no va a funcionar, para con base en eso incrementar unas penas, es a mi modo de ver populismo punitivo. Propongo que esperemos hasta el 2045 y si en ese tiempo nos damos cuenta que la ley expedida en el 2005 no funciona, podemos tratar de revisarla”, indicó.
También, el exfiscal Alfonso Gómez Méndez señaló que las penas en Colombia ya son lo suficientemente amplias para que una persona esté el resto de su vida en la cárcel.
“El hecho de que una persona sea condenada a 60 años, en la práctica equivale a una cadena perpetua. El caso de la niña Samboní, quien cometió semejante crimen horripilante fue condenado a una pena de 57 años, que con la edad que tiene y aún si se le aplicaran rebajas, prácticamente no saldría vivo”, sostuvo.
Cabe destacar, que la Cámara de Representantes, decidió aprobar el pasado 17 de mayo a través de una sesión, con 135 votos a favor y 22 en contra, la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.