Con 22 votos a favor y siete en contra, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el primer artículo de la reforma política propuesta, el cual quita facultades a la Procuraduría para suspender funcionarios elegidos por voto popular, en cumplimiento con lo dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó uno de los artículos de la reforma política propuesta por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. Básicamente, la propuesta pretende quitarle facultades de la Procuraduría en cuanto a la suspensión de funcionarios elegidos por voto popular. La votación fueron 22 votos a favor y 7 en contra.
“Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”, se lee en el artículo aprobado en la jornada de ayer en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Es decir, lo que busca este proyecto es que la suspensión del mandato contra mandatarios locales, como por ejemplo la ocurrida en las pasadas elecciones contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero por presunta participación en política, sería ahora una función propia de la rama judicial y no del ministerio público.
La propuesta
El Gobierno Petro incluyó esta propuesta en la reforma política. Actualmente cursa el tercero de ocho debates, porque considera que una autoridad administrativa pueda quitarle a funcionarios electos popularmente de su cargo va en contravía de la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
De hecho, el mismo presidente Gustavo Petro llevó este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque fue suspendido cuando fue alcalde de Bogotá por la Procuraduría y esta instancia falló a su favor. Por eso, consideran que no se deben violar los derechos políticos de los elegidos popularmente.
La modificación
El artículo uno del proyecto modifica el artículo 40 de la Constitución Política para que quede así: “Con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo podrán ser proferidas por una autoridad judicial competente en proceso penal”.
Según la explicación de la modificación, se incluyó para “armonizar la Constitución Política con el ordenamiento internacional en materia de Derechos Humanos y acatar las sentencias de la Corte Internacional en materia de derechos políticos”.
Sin embargo, se le adicionó que conservará autoridad para vigilar la conducta de los servidores públicos.
El artículo es polémico porque, en la práctica, deja en el aire miles de procesos contra funcionarios y servidores públicos elegidos por voto popular y porque va en contravía de varias decisiones de la Corte Constitucional que han avalado la legalidad de esos procesos disciplinarios.
Medida anticonstitucional
Pese a la explicación del ponente y de la insistencia del Gobierno Nacional cuando radicó el proyecto de reforma política, algunos representantes consideran la medida como “anticonstitucional”.
“No comparto que eliminemos una de las funciones principales de la Procuraduría. Hay que tener en cuenta el gran liderazgo que la institución ha tenido en la lucha contra la corrupción, para mí es fundamental que siga cumpliendo con sus funciones de inhabilidad y destitución de funcionarios. Pido que se elimine este artículo”, señaló la representante Marelen Castillo.