Sin duda, Gómez Méndez, es el capitán del actual equipo de gobierno. No sólo por su amplia y destacada experiencia, fue Procurador y Fiscal General de la Nación, sino también porque es el encargado de realizar el diseño jurídico para el proceso de paz.
Sin embargo, no será su única labor. Este especialista en derecho penal y constitucional asume el reto de construir una política criminal efectiva. Y aunque no tendrá tiempo para reformas constitucionales, manifestó que se deberá agilizar la justicia con los instrumentos actuales existentes.
Gómez Méndez se declaró crítico del Sistema Penal Acusatorio y partidario de la suspensión de la licencia de conducción. También habló del hacinamiento en las cárceles y de su cercanía y cariño por la tierra opita.
¿Cuáles son sus retos al aceptar este cargo?
Fundamentalmente dos misiones que me asignó el Presidente, pese al estrecho margen de maniobra, de 10 meses. Por un lado, contribuir con acciones, más que con normas jurídicas, para agilizar los procedimientos, para respetar la autonomía.
Coordinar las diferentes entidades que administran justicia con los jueces, con el Consejo Superior de la Judicatura, para ver qué normas podemos sacar ya. Desde luego, otras funciones del Ministerio como las que tienen que ver con la Superintendencia, con la ley de tierras. Fortalecer la Agencia para la defensa del Estado, y desde luego, aunque no es el tema principal, pero está bajo la responsabilidad del Ministerio, resolver el problema de cárceles, que viene de lejos pero requiere medidas.
Pero usted llegó con una función muy específica cual es aplicar el marco jurídico para la paz, ¿cómo será el diseño?
Bueno, esa es la otra parte de la misión que me encargó el Presidente, en esta coyuntura muy particular y es ayudar, desde luego con otras agencias del Estado, al diseño de las normas jurídicas que serían necesarias para hacer efectivo un eventual acuerdo de paz con la guerrilla. El contenido de esas normas depende de lo que se avance en la Habana. Por eso aquí hay dos status, uno el manejo del proceso como tal que está en cabeza de los negociadores y del doctor Humberto de la Calle, y lo otro, una vez que se lleguen a esos acuerdos, mirar en el fondo como va a ser el de la expedición de la Ley Estatutaria del Marco para la Paz que es donde realmente se van a diseñar o se van a expresar cuáles son las garantías, la participación, ese dilema que hay entre justicia y paz… hay que buscar el punto medio para que podamos conseguir la paz sin sacrificar la justicia. Pero no puedo dar ahora los elementos, porque eso depende finalmente de cómo avancen las conversaciones de paz.
La Corte Constitucional dijo que no se podrán librar de la cárcel quienes hayan cometido violaciones a los derechos humanos y delitos atroces. ¿Cómo aplicar esto sin que sea un entorpecimiento para los diálogos?
Nosotros estamos a la espera, porque aún no ha salido el texto completo de la Corte. Sólo han salido un par de comunicados. Obviamente el gobierno respeta la decisión de la Corte, la vamos a analizar. Cuando estén los argumentos miraremos en qué medida pueden ser compatibles los lineamientos de la Corte Constitucional con la necesidad de la paz. Es probable que encontremos, seguramente, fórmulas alternativas.
¿Cómo ve la convocatoria para el referendo de paz?
Hay que explicarles a los colombianos, que de lo que se trata ahora no es de aprobar o no aprobar por parte del Congreso el contenido de los acuerdos. De lo que se trata ahorita es de levantar un escollo que hay hoy conforme al cual no se puede hacer coincidir un referendo con otra elección. Y es estableciendo que el referendo sí puede coincidir con otra elección, no se sabe todavía si sean las parlamentarias o las presidenciales.
Porque ¿qué es lo que busca el gobierno con ello? Lograr la mayor participación ciudadana en el tema de la decisión. Desde luego, es una decisión política que tomó el Presidente porque en estricto sentido el Presidente no hubiera necesitado refrendar los acuerdos de paz como no se ha hecho nunca. Aquí ha habido procesos de paz, unos exitosos, otros no exitosos, Belisario Betancur, Pastrana… exitoso el de Virgilio Barco con el M19, y ambos se hicieron con los instrumentos que tiene la Constitución: ley de amnistía, indultos, y aplicación de las normas ordinarias, contenidas en el 718 y los que la actualizaron. Pero en estricto sentido fue una decisión política del Presidente.
Él consideró que era mejor contar con el apoyo del respaldo popular. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno sí se llegan a estos acuerdos? Permitir que la gente diga si o no, si está de acuerdo y corriendo todos los riesgos de que lo aprueben o no lo aprueben. Es más, en el proyecto de referendo que está en este momento sobre la plenaria de la Cámara, que probablemente se vota el martes, hay un artículo original del senador Juan Lozano para que el gobierno financie, facilite los medios, para que quienes plantean la abstención del referendo también tengan forma de hacerse sentir. Es decir el gobierno facilita la decisión democrática y libre de los ciudadanos en esta materia.
¿Habrá reforma a la Justicia?
Yo creo que por ahora no. Estamos en un periodo legislativo por terminarse, estamos en un proceso electoral, hay unos proyectos prioritarios, como la reforma a la salud, el referendo…buscar una reforma constitucional que requiere dos vueltas… probablemente no. Pero lo que sí vamos es a empezar a ambientar con la Academia, con los jueces, con las Altas Cortes, cuáles serían los elementos de una eventual reforma constitucional que se pueda presentar después.
Puede ser ya en el próximo gobierno, pero en lo que tiene que ver con este gobierno, a no ser que fuera estrictamente indispensable, no habrá ni proyectos de reforma constitucional, ni reformas legales. Se tratará de agilizar la justicia con los instrumentos que hoy tenemos.
Pero, ¿hará un rediseño de la política criminal?
¡Ah! ese es otro aspecto. Yo voy a asumir plenamente la función legal del Ministerio de diseñar la política criminal y para eso estoy convocando permanentemente al Consejo de Política Criminal. Para insistir en todos los aspectos de la política criminal que no se reduce simplemente a aumentar penas o a delitos, sino todo lo que tiene que ver con la prevención. Y ahí veremos si es necesario reformas legales. Por ahora tratamos de actuar con los instrumentos que tenemos.
Ministro hay muchas críticas al Sistema Penal Acusatorio. Usted cree que ¿realmente tiene muchas falencias?
Mire, como todo el país sabe, yo fui un crítico del Sistema Penal Acusatorio desde un comienzo. Desde la Fiscalía no fui partidario de eso. Yo consideraba que era mejor tener un sistema acorde con nuestra mentalidad, con nuestra idiosincrasia, con nuestros recursos… y que no era trasplantar un sistema a Colombia… pero el hecho es que en eso yo fui derrotado y el sistema se implantó y ya es muy difícil pensar en volver atrás.
Voy a proponer hacer un acto de análisis frío, desapasionado de cuáles han sido los resultados, por lo menos yo no los veo muy claros. La gente incluso habla de un ‘sistema aplazatorio’, porque viven aplazando audiencias… A partir de ese estudio, mirar cuáles son los ajustes que se les puede hacer. El hecho que yo no haya sido partidario, no me autoriza para ahora llegar a decir no, o volvamos al sistema anterior. Eso no me parece y no sería serio.
Hablemos del hacinamiento de las cárceles. No sólo es un problema de infraestructura, sino del sistema penal. Ministro usted ¿qué va a hacer al respecto?
El hacinamiento tiene muchas explicaciones. Muchas de ellas bastantes complejas porque ésta es una sociedad que tiene mentalidad carcelera. Primero, todo problema lo queremos resolver con el código penal y además que todo el mundo esté en la cárcel. Entonces, podemos aplicar incluso plenamente el principio de la presunción de inocencia, lo que se le vendió al Sistema Penal Acusatorio es que en teoría la gente debería afrontar el juicio en libertad y solamente la cárcel cuando fuera condenado.
Pero, eso realmente no ha sido así. Incluso, con el Sistema Penal Acusatorio como que se ha aumentado el número de personas que van a la cárcel en detención preventiva.Todavía tenemos una proporción muy alta… yo creo que hay como 65% de condenados en las cárceles y un 35% sindicados, que todavía es muy alto. Yo creo que hay mirarlo en varios niveles.
Lo que hay que hacer: A corto plazo, ya estamos construyendo nuevos cupos. Tendremos de aquí a febrero unos 7000, también arreglando los establecimientos carcelarios actuales y a mediano plazo, el Código Penitenciario que busca disminuir las condiciones para que se pueda conceder la detención domiciliaria o la suspensión condicional de la pena mejorando los establecimientos carcelarios, permitiendo que muchas cosas se hagan de manera virtual, estableciendo distritos para condenados y para sindicados.
Pero vuelvo y repito, el problema no se reduce solamente a construir más cárceles sí el sistema sigue produciendo nuevos detenidos pues a la postre se va a volver a colapsar. Podemos sacar hoy unos pero entran otros. Lo importante es que se mantengan las cárceles para los delitos realmente graves: asesinatos, sicariato, homicidio agravado, violación, secuestro, extorsión, delitos graves contra la propiedad privada. Y que una cantidad de delitos como la inasistencia alimentaria que hoy incluso no es excarcelable pueda ser hoy tratado con unos instrumentos diferentes al derecho penal.
Según esto ¿cuál es su posición entonces frente al tema de los conductores ebrios?
Pues mire, desde luego es un tema que hay que afrontar. Mi pregunta es: ¿encarcelar a los conductores ebrios sería suficiente para que dejen de presentarse estos hechos? yo creo que en los últimos años, por ejemplo, muchos de los delitos de imprudencia cometidos bajo los efectos del alcohol los hemos convertido en delitos dolosos, con penas altas inclusive y sin embargo los hechos se siguen presentando… yo, soy mucho más partidario de un lado, de la prevención y de otro lado, de otro tipo de sanciones que no sean necesariamente penales, empezando por ejemplo, por controles muchos mayores con reglas de autoridad, y suspensión o supresión por ejemplo de la licencia para conducir. Mucho más medidas preventivas o de carácter administrativo que penales.
¿No hace falta trabajar más en la prevención del delito?
Claro, eso es a lo que yo le quiero dedicar el tiempo que este acá. Es que la prevención del delito tiene que ver con la educación, con el sistema social, con el sistema educativo. Es más fácil aumentar penas, es más difícil prevenir… tenemos que trabajar es en la prevención.
¿Por qué ser Ministro después de haber sido usted Fiscal, Procurador, candidato a la Presidencia?
La vida me coloca en esta situación y en este momento de coyuntura difícil. Tengo vocación de servicio público y acepté con el convencimiento de que trabajando arduamente, así sea en este corto tiempo, algún aporte le puedo hacer a esta Nación para mejorar su justicia.
¿Qué hacer para que la gente crea o recupere la credibilidad en nuestro sistema judicial colombiano?
Pues mire yo creo que eso pasa, como cuando se habla de las imágenes de los políticos. La mejor manera de mejorar la imagen, no es conseguir asesores de imagen, sino, producir hechos que modifiquen la imagen. Entonces, esos hechos ¿cuáles son? ya lo he planteado con las Altas Cortes: que se cumplan los términos por ejemplo, los términos están ahí en los códigos, no es sino que se cumplan los términos, que se tomen decisiones prontas, y en la medida en que actúen, en esa dirección, pues seguramente mejora la imagen.
¿Qué mensaje le envía usted a los huilenses, señor Ministro de Justicia?
Pues, mire, ustedes saben que yo me he sentido siempre opita, por muchas razones, porque mis padres vivieron en el Huila, porque todo mi entorno incluso familiar ha sido muy cercano al Huila. Yo canto con la misma emoción, el Bunde tolimense que Alma del Huila de Luis Alberto Osorio, entonces, ¡que se sientan los opitas que tienen cuota en el gabinete!
Ministro Alfonso Gómez Méndez