A la cárcel como medida de aseguramiento preventivo fueron cobijados la alcaldesa de El Agrado, Waldina Losada Vega; el alcalde electo Carlos Alberto Murcia Méndez y la concejala Bertilda Ramírez Valderrama. Sin embargo, la medida se hará efectiva para la mandataria a partir del primero de enero de 2020 cuando entregue el cargo.
Así lo dio a conocer ayer la Jueza Octava Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías, al acoger la solicitud de la fiscal 135 del Eje Temático de Mecanismos de Protección Democrática de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Martha Lucia Osorio Lozano.
La mandataria, su sucesor y la concejala, son investigados por su presunta responsabilidad en ‘maniobras’ que realizaron para conseguir votos que permitieran que Murcia Méndez fuera elegido el pasado 27 de octubre Alcalde de El Agrado para el periodo 2020-2023.
“Se concertaron desde el inicio del año que transcurre con el fin de cometer delitos indeterminados con vocación de permanencia antes, durante y luego de la campaña política para las elecciones de autoridades con la finalidad de elegir ilícitamente a usted Carlos Alberto Murcia Méndez como el sucesor y alcalde del municipio de El Agrado…”, dijo la fiscal en las audiencias de imputación de cargos y solicitud de la medida de aseguramiento.
Los tres fueron imputados de los delitos de concierto para delinquir, fraude en inscripción de cédulas y corrupción de sufragante, cargos que superan los cuatro años de prisión.
Podrían obstruir la justicia
La jueza consideró que era necesaria la medida de aseguramiento carcelario contra la alcaldesa Waldina, el alcalde electo Murcia Méndez y la concejala Bertilda, al considerarlos no solo un peligro para la comunidad, sino que pueden obstruir la justicia.
“La medida de aseguramiento es necesaria, idónea y la razonable, porque se está poniendo la posible continuidad de una actividad delictiva…la continuación de compromisos asumidos antes que se realizara el proceso electoral”, dijo la togada.
Precisó además que interceptaciones telefónicas permiten establecer una posible obstrucción a la justicia por parte de los implicados. “Se encuentra demostrado la obstrucción a la justicia… acudieron a altas personalidades para mirar cómo se adelanta la investigación por parte de la Fiscalía”.
Indicó la jueza que en las interceptaciones telefónicas se determina de qué forma debía responder los funcionarios de la Alcaldía, cuando fueran llamados por la Fiscalía a rendir declaración. “Se ha incidido en los empleados de la Alcaldía para retardar la información que ha requerido la Fiscalía”.
La togada sostuvo además que la alcaldesa Waldina puede incidir en Murcia Méndez y Bertildan “dado su rol en la ‘organización’. Podría incidir en Carlos Murcia y Bertilda en la forma como podrían comportarme con relación al recaudo probatorio”.
Sostuvo que también podrían obstruir a la justicia con la manipulación de pruebas. “La calidad que ostenta (Waldina), puede incidir si es su intención en modificar, destruir, impedir u ocultar elementos materiales de prueba”.
Señaló que también podrían incidir en testigos, “ellos cuentan con personas, con el conocimiento, con adeptos a su campaña, sobre las cuales pueden influir para que la obstrucción de la administración de justicia”.
A la cárcel en enero
La medida de aseguramiento carcelario contra la alcaldesa Waldina Losada se hará efectiva el primero de enero de 2020, cuando termine su mandato.
La jueza precisó que la Ley 136 de 1994 establece que “no se podrá proceder a una causal de suspensión mientras que nos e encuentre ejecutoriada la decisión que impone esta medida de aseguramiento y no quedará ejecutoriada sino hasta tanto y en el evento que se presenten recursos contra la misma y estos sean resueltos por el superior jerárquico”.
“La medida de aseguramiento contra Waldina debe hacerse efectiva a partir del 1 de enero de 2020, a vida cuenta que a partir de esa fecha fenece su periodo constitucional para el cual fue elegida”, señaló la jueza.
La mandataria, quien se encuentra en el Hospital Universitario de Neiva tras haber sido operada de cálculos renales, quedó en libertad. “Se ordenará la orden de captura el primero de enero, mientras tanto se librará la orden de libertad”, manifestó la jueza.
“El alcalde en la sombra”
“Al escuchar los audios se queda uno sorprendido con el lenguaje…”, expresó el procurador Judicial, Gerson Avilés, al apoyar la solicitud de la medida de aseguramiento contra la alcaldesa Waldina, el alcalde electo Murcia Méndez y la concejala Bertilda.
Y es que en los audios de las interceptaciones telefónicas hechas por la Fiscalía 135 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, se escucha como buscan quedarse con la Alcaldía. “La actitud de estas señoras organizando todo, no organizando las cosas para que el municipio funcione correctamente sino para que el municipio funciones según sus intereses y los intereses de sus amigos políticos en contra de su contradictor”, manifestó el representante del Ministerio Público.
En los audios, las autoridades establecieron que “existió un fin común” que era impedir que cualquier otra persona que no fuera simpatizante de la alcaldesa Waldina llegara a la Alcaldía “para que no vayan a revolcar la gestión mía”, sostuvo el procurador Avilés, al señalar que la Fiscalía debe “averiguar que es lo que ella quería que no le revolcaran, de pronto va a encontrar muchas sorpresas y la investigación se va a agrandar más”.
Según el Ministerio Público, la alcaldesa, el candidato a la Alcaldía y la concejala, buscó que ningún otro aspirante ganara las elecciones a la Alcaldía. “Este grupo había decidido a toda costa no permitir que otra corriente política le fuera a revolcar su administración, se entrometiera en la Administración Municipal”.
Sostuvo que se pusieron de acuerdo para ‘trabajar’. “Oímos a Carlos Alberto en los audios actuando como si él fuera el alcalde suplente o el alcalde en la sombra, porque las ayudas que él propusiera las conseguían, los contratistas que el propusiera los conseguían…”.
Llamó la atención del procurador Avilés, como en una de las conversaciones interceptadas, la alcaldesa Waldina, ordena a sus funcionarios no entregarle un subsidio a una mujer, que ya había sido designado. “Escuchamos un audio…que Waldina cuando se entera que ella no le votó, dice quíntele el auxilio, cambie la resolución y diga no hay recursos para eso”.
Precisó que la Alcaldesa incurrió en un delito al ordenar quitarle el beneficio a la mujer. “Aquí hay un delito, se falsifica una realidad para quitarle el recurso a ella. Le dicen señora alcaldesa a ella le íbamos a dar el techo de la casa, a mí no me importa, por faltona no tiene derecho a nada”, manifestó el procurador al recordar el audio.
Según el representante del organismo de control, el delito de concierto para delinquir que imputó la fiscal a los investigados, existió. “La situación de ponerse de acuerdo para atravesarse a los demás candidatos e impedir que cualquier otro ganara, cometieron una cantidad de delitos y que se deben investigar como peculado por apropiación (tomar dinero del Estado y dárselo a otra persona sin ningún mérito. Si yo pongo a disposición del Estado 240 millones de pesos para que Carlos Alberto haga campaña para su alcaldía es un peculado que no se está investigando pero que se debe investigar”.
Indicó que la alcaldesa Waldina tenía la maquinaria con “el fin era llevar a Carlos Alberto Murcia Méndez a la Alcaldía de El Agrado. La maquinaria la tenía la alcaldesa Waldina, tenía el presupuesto para dar dádivas, que salieron del mismo Municipio”.
Sostuvo que la Alcaldesa, el candidato a la Alcaldía y la concejala, no trabajaron solos, para subir a Murcia Méndez a la Alcaldía. “Este engranaje no es de tres personas, hay Secretario de Hacienda, todos con un fin común, conseguir que Carlos Alberto fuera el Alcalde, pero no por una elección libre y voluntaria sino constriñendo a los ciudadanos y consiguiendo que gente que no era del municipio, inscribieran su cédula para obtener el mayor número de votantes requeridos para derrotar a su contrincante político”.
El procurador reitero su apoyo a la Fiscalías de solicitar la medida de aseguramiento intramural contra las tres personas investigadas. “Vemos una investigación soportada desde el principio, con elementos materiales probatorios de viva voz escuchando estas personas actuar en contra de la ley, hay un principio de prueba muy fuerte para determinar que se está mostrando unas conductas delictivas”, sostuvo el funcionario.
Sostuvo además que en los audios quedo en evidencia como ya el candidato aseguró contratos sin aún posesionarse como Alcalde. “Aquí estamos mirando que se están asegurando contratos y los está asegurando el candidato que todavía no es alcalde porque no se ha posesionado y lo está asegurando con la directora del hospital, asegurándole unos contratos para unos mercados. Interesante investigar a la directora del hospital por el tráfico de influencias…”.