La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción llamó a contratistas, interventores y a tres servidores públicos a responder por el fracasado proyecto de adecuación del escenario deportivo.
RICARDO AREIZA
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La Contraloría General de la República estableció en 17.518,23 millones de pesos, el daño patrimonial ocasionado por la fallida remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva.
Después de casi cuatro años de haber ocurrido el último desplome en la tribunal occidental que dejó cuatro muertos y diez heridos, la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción profirió el fallo con responsabilidad fiscal por las irregularidades contractuales, antes y después de la adjudicación del polémico contrato.
La primera fase contemplaba la adecuación, remodelación y reforzamiento arquitectónico y estructural de todo el estadio. Pero no se hizo. Descartada unilateralmente la repotenciación estructural, los contratistas se enfocaron en obras nuevas solamente en la tribuna occidental.
Los recursos asignados originalmente para el reforzamiento de la estructura fueron redistribuidos en otras actividades que no garantizaban el comportamiento estructural adecuado de la gradería existente.
En estas condiciones, el escenario deportivo, entendido como una unidad integral quedó en peores condiciones de vulnerabilidad sísmica e inestabilidad estructural que lo volvieron inviable.
En un fallo de 965 folios, la contralora delegada intersectorial Bibiana Catalina Domínguez Velandia exoneró al ex alcalde Pedro Hernán Suárez, en cuyo mandato se preparó, diseñó y se contrataron las obras, hoy paralizadas tras el colapso ocurrido el 19 de agosto de 2016. Igualmente eximió al ex alcalde Rodrigo Lara Sánchez y a su jefe de Contratación Fernando Mauricio Iglesias.
En cambio, la funcionaria sólo responsabilizó al jefe de Contratación, Carlos Fernando Puentes Ramírez; al ex director de Deportes, Carlos Alberto Ramos Parrací y al supervisor d Gerardo Alberto González Charry.
Puntos relevantes
Para la fecha en que se adelantó el proceso de licitación la administración municipal no contaba con todos los diseños necesarios para ejecutar el proyecto. Tampoco tenía la licencia de construcción ni las fuentes de financiación.
A pesar de las irregularidades, que no fueron formales, según el organismo de control, el contrato fue adjudicado el 18 de diciembre de 2014. Lo firmó el jefe de Contratación Carlos Fernando Puentes y por el ingeniero Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal del consorcio Estadio 2014. El contrato inicial tenía un valor de 19.999 millones de pesos) y un plazo de ejecución inicial de diez) meses contados a partir del 29 de diciembre, fecha en la que se suscribió el acta de inicio.
Un mes después, el 30 de enero de 2015, se suscribió un otrosí, creando nuevos ítems, lo que significó el aumento de obras y por lo tanto, una cuantiosa adición presupuestal. Bajo esa modificación, se descartó la intervención de la tribuna oriental con un presupuesto de 2.165 millones de pesos. El 4 de junio de 2015, hace seis años, se descartó, unilateralmente el reforzamiento estructural.
En noviembre del 2015 el alcalde de Neiva, Pedro Hernán Suárez, presentó la solicitud de ajuste al proyecto para modificar las fuentes de financiación y adicionar el valor del proyecto en $7.684.386.231 para la interventoría y el contrato de obra para justificar mayores cantidades de obra solamente para la terminación de la fallida remodelación de la tribuna occidental. Coldeportes emitió concepto favorable.
El 24 de diciembre de 2015, quince días antes de terminar la administración de Pedro Suárez, la secretaria Técnica del Ocad, aprobó el ajuste presupuestal.
Ese día se firmó el acta y se suscribió el Acuerdo No. 42 de 2015 aprobando los ajustes relacionadas con proyectos de inversión financiados o cofinanciados con recursos del sistema general de regalías petroleras.
Los reparos
“La modificaciones y adiciones citadas, llevan a establecer que el consultor encargado de elaborar los estudios y diseños (contrato 921 de 2012) del proyecto no cumplió con la obligación de elaborar un presupuesto donde incluyera todas las actividades necesarias para la materialización del proyecto y la programación de la ejecución de la obra”, explicó la funcionaria.
Asimismo, la CGR evidenció que la administración en cabeza del señor Pedro Hernán Suárez Trujillo, tampoco ejerció el control y vigilancia debidos a la ejecución de este contrato. Las justificaciones técnicas para adicionar el contrato de obra, presupuesto presentado por el consultor y aprobado por la administración no garantizaba su cumplimiento.
“Entonces, las modificaciones y adiciones generadas en todo el desarrollo del contrato de obra, evidencian falta de planeación y de previsibilidad como parte importante del principio de planeación, el cual debe reflejarse en el contenido de los estudios previos, que como etapa preliminar de la contratación pública, constituyen la materialización de este principio”, concluyó la contralora delegada.
“Además, dijo, con las modificaciones y adiciones presentadas en el desarrollo del contrato de obra, se colige que el presupuesto inicial no era el suficiente para ejecutar la obra correspondiente al proyecto aprobado por la Ocad”.
Falencias
“De las pruebas que obran en el proceso y valoradas bajo los principios de la sana crítica y persuasión racional, se tiene que el señor Pedro Hernán Suárez Trujillo, vulneró, entre otras disposiciones, el principio de planeación, toda vez, que no se realizaron los estudios previos de manera completa para llevar a cabo el proceso de licitación y posterior contratación”, subrayó la funcionaria. Sin embargo, argumentando que no fue enterado de las irregularidades lo exoneró.
“Aunado al hecho, añadió, que se celebró el contrato de obra sin tener los diseños estructurales completos, sin un presupuesto aproximado, pues éste no estaba acorde a las necesidades requeridas para cumplir el proyecto y aunque se realizó una adición en el contrato de obra y suscribieron unas actas de mayores y menores cantidades de obra y no se intervino el contado oriental, aún no era suficiente para completar la tribuna del costado occidental.
Adicionalmente, sin estudios de sismo resistencia adecuados, vulnerando de esta manera el principio de planeación, hechos que repercutieron en la ejecución del contrato de obra.
Por lo todo lo expuesto, se configura una gestión fiscal ineficiente e ineficaz de los tres funcionarios involucrados
Ramos Parrací
Carlos Alberto Ramos Parrací fue vinculado al proceso mediante el auto No. 1409 del 23 de agosto de 2017.
En su calidad de director de Deporte y Recreación de Neiva, le correspondió realizar los estudios previos, incluyendo la adecuación, remodelación arquitectónica y reforzamiento estructural del estadio, inscrito en el banco de proyectos desde septiembre de 2013.
“No es cierto que actué en calidad de supervisor del contrato de obra y que como tal suscribí el acta de justificación para mayores y menores cantidades de obra, la creación de nuevos ítems, aumentando el valor inicial del contrato de obra, acta fechada el 30 de diciembre de 2015, la cual sirvió de sustento para la suscripción del otrosí número 3 de dicho contrato”, precisó ante el entonces contralor delegado, Eduardo José Pineda.
Un mes después de haberse firmado el contrato de remodelación, Ramos Parrací fue separado de la supervisión.
La supresión del reforzamiento no fue esporádica, según lo explicó Ramos Parrací. En realidad, el tema se abordó en ocho reuniones del comité técnico realizados en cuatro meses. Las tres primeras se realizaron en febrero de 2015.
“La decisión de no realizar el reforzamiento comenzó a despejarse el 9 de abril durante el comité técnico, donde se planteó que el reforzamiento no era necesario, ya que la cimentación del estadio llevaba 30 años y nunca ha presentado problemas”, aseguró Ramos.
De modo –dijo- que si existen responsables del no reforzamiento pero no es este ex servidor quien solo pretendió aportarle al municipio de Neiva su saber y preparación profesional”.
Los cargos
La CGR evidenció que a pesar de haberse culminado el proceso de licitación y suscrito el contrato de obra 1758 de 2014, se entregaron planos de diseño con posterioridad a esa fecha.
También lo acusó de transgredir el principio de planeación, toda vez, que previamente a la elaboración de los estudios previos no se contaba con todos los estudios, diseños, permisos y/o licencias que fueran requeridas.
“En su condición de Director suscribió con el representante legal del consorcio el otrosí donde modifican las cantidades de obra inicialmente previstas y se adicionan ítems nuevos de obra, decisión que se toman, conforme al replanteo de obra realizado por el contratista. Con este documento Lara adicionó los recursos”, subrayó.
Asimismo, suscribió el contrato adicional en plazo y certifica la justificación técnica, financiera y jurídica para la adición de los recursos por valor de $7.249 millones de pesos al finalizar el mandato de Pedro Suárez.
Según la Contralora Delegada participó en la etapa previa al proceso de contratación, en la cual se presentaron hechos que repercutieron finalmente en la ejecución del contrato. “Además, en la ejecución del contrato de obra, también participó tomando decisiones que de igual manera repercutieron en la ejecución del citado contrato”, aseguró.
“Lo expuesto con anterioridad, pone en evidencia la gestión fiscal ineficiente e ineficaz por parte de Carlos Alberto Ramos Parrací, en su condición de Director de Deportes y Recreación, que lo investía de la facultad para realizar los trámites preparatorios y estudios previos para el cumplimiento del proyecto”, precisó el ente de control.
Además, que no ejerció debidamente la supervisión en el contrato de consultoría. Estas deficiencias e irregularidades en el ejercicio del control y seguimiento contribuyeron al estado actual de las obra.
“Por lo tanto, este despacho concluye que el señor Carlos Alberto Ramos Parrací, director de Deportes, es responsable del daño patrimonial causado a título de culpa grave, por cuanto su conducta omisiva, fue un factor determinante para la causa del daño aquí establecido”, precisó.
Jefe de Contratación
Frente al abogado Carlos Fernando Puentes, jefe de Contratación, quien suscribió los contratos por delegación y participó la etapa preparatoria, precontractual y contractual. Pero además celebró los contratos sin tener los diseños estructurales completos, sin un presupuesto aproximado, sin estudios de sismo-resistencia adecuados, vulnerando de esta manera el principio de planeación, hechos que repercutieron en la ejecución del contrato de obra.
Puentes no presentó descargos. Sin embargo, por escrito argumentó que no era delegatario de la ordenación del gasto, con autonomía y poder o control o vigilancia sobre las etapas del proyecto y los funcionarios que intervinieron. “Concretamente, dijo, como funcionario público tenía unas funciones delegas y delimitadas. Si se presentaron falencias en el proceso de selección de contratista las mismas no fueron concebidas, conocidas o auspiciadas por mí, y que frente las que se conocieron de manera posterior en este trámite de la licitación pública, fueron saneadas en su momento conforme a la ley”.
No obstante, la Contraloría confirmó que contrario a lo manifestado, la delegación realizada mediante Decreto 316 del 2012 se desprende la potestad sin límite de cuantía de comprometer contractualmente los recursos de la entidad y en esa doble calidad de ordenador del gasto y jefe de la oficina de contratación, que suscribió los contratos.
“Las omisiones y negligencias en las que incurrió en la doble calidad de ordenador del gasto y jefe de la oficina de contratación del municipio de Neiva y que contribuyeron al estado actual del proyecto realizado en el estadio “Guillermo Plazas Alcid”, concluyó la Contraloría al fallar con responsabilidad.
También responsabilizó al supervisor, Gerardo Alberto González Charry quien ejerció ese encargo entre el 3 de febrero de 2015 al 22 de febrero de 2016.
La Contraloría le atribuyó responsabilidad fiscal a título de culpa grave, “por cuanto su conducta omisiva fue un factor determinante y directo para la causa del daño aquí establecido”.
Contratistas
Además, les falló con responsabilidad fiscal contra todos los integrantes del consorcio Estadio 2014, en calidad de contratistas por las deficiencias constructivas en la ejecución del proyecto, serias falencias en gerencia y administración de obra pero además, por haber omitido el reforzamiento estructural, base de la contratación. La medida afecta al ingeniero Jarlinton Hurtado Salas, principal accionista; al ingeniero Luis Alejandro Lozano Arbeláez, en calidad de gerente General de la empresa LA Constructores y Luis Alejandro Lozano Arbeláez, gerente de la firma ML Ingenieros Constructores, socios minoritarios del consorcio.
Con fundamento en el informe técnico realizado inicialmente por la Gerencia Colegiada del Huila la contraloría soportó las falencias e irregularidades. Luego las confirmó con un peritaje realizado por la firma Sísmica & Estructuras,
La Contraloría General también determinó como responsable fiscal a título de culpa grave al consorcio Interventoría Estadio 2014 integrado por el gerente de la empresa Diseños y Construcciones Ingeniería (Dicon) Luis Alfonso Trujillo Briñez quien reportaba el 70% de la participación accionaria.
Además, responderán solidariamente los socios minoritarios, Diego Fernando Jaime Escobar y Pedro José Serrano Carrasquilla.
Contra la medida proceden los recursos de reposición y en subsidio, el de apelación ante el Contralor General de la República.
Los fallos con responsabilidad fiscal adquieren firmeza una vez surtido el grado de consulta. Por lo tanto, en la parte resolutiva de la providencia ordenó su traslado en grado de consulta al Contralor General.
Una vez se surta el debido trámite ante la Sala Fiscal y Sancioantoria de la Contraloría General de la República la decisión será remitida al Consejo de Estado.
