‘Así se defenderá la gobernadora’

“Nunca conocí y nunca autoricé la apertura de cuentas; nunca tuve contacto con la firma Tigsa, y no tenía ninguna relación ni contacto con sus propietarios”, argumentará la mandataria. “Nunca conocí y nunca autoricé la apertura de cuentas; nunca tuve contacto con la firma Tigsa, y no tenía ninguna relación ni contacto con sus propietarios”, argumentará la mandataria. NELSON ROJAS OSORIO LA NACIÓN, NEIVA La Gobernadora del Huila anunció ayer en un corto comunicado que ya tiene listos los argumentos de defensa que presentará antes del 10 de mayo, ante la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación. La entidad de control destituyó e inhabilitó por 11 años para ejercer cargos públicos a la actual mandataria, por su presunta responsabilidad en el manejo irregular de regalías por un valor superior a los 12.000 millones de pesos. En el fallo se señala que estas irregularidades las cometió cuando ejerció como alcaldesa de la ciudad de Neiva, desatendiendo los mandatos constitucionales y legales sobre el manejo de los recursos públicos. El Ministerio Público señaló que el mal manejo de las regalías consistió en que le encargó la administración fiduciaria a Tigsa, el cual no estaba autorizado por la ley para el manejo de dichos recursos. “Desentendió los deberes de observar en su posición de garante del manejo de los recursos públicos, los cuales deben ser cuidados y manejados con la mayor vigilancia y protección que busquen el bienestar de todos los ciudadanos, por lo que la conducta se le atribuye a título de culpa gravísima”, precisó la entidad de control. Los argumentos Según información que conoció en exclusiva LA NACIÓN, los argumentos de defensa serán los mismos que ha mantenido desde la apertura del proceso: “Que nunca conocí y nunca autoricé la apertura de cuentas; nunca tuve contacto con la firma Tigsa, y no tenía ninguna relación ni contacto con sus propietarios”. Se argumentará que en la Alcaldía de Neiva había unas funciones asignadas al secretario de Hacienda. Él era el único que podía hacer inversiones, desafortunadamente se fue de viaje y encargó al tesorero (Alberto Calderón) en junio del 2007, quien tenía todas las  facultades, menos la de hacer inversiones con los excedentes financieros de regalías. Según la defensa que se instaurará, aún con tales advertencias el tesorero las desconoció y con una actuación que hizo sin autorización, originó todos los problemas. “Lo que sí quiero destacar es que cuando hay actuaciones dolosas y malintencionadas ocultas, es muy difícil que uno se dé cuenta. Justo en el tiempo en que las Farc me hicieron un atentado, el señor estaba renovando las inversiones”,  explicará la mandataria. Un confeso Cielo González también destacará que en la investigación penal ya hay un confeso, el propio tesorero Alberto Calderón, quien se acogió a sentencia anticipada; al igual que los dueños de Tigsa, quienes han argumentado y aceptaron haber conocido a Cielo González por noticias de los atentados. González Villa reiterará que un alcalde tiene mil funciones y hay otras que les corresponden a los demás funcionarios.  “Un mandatario no puede responder por los permisos que da el secretario de Gobierno, o por lo que hace el comisario de familia o el secretario de Educación”, explicará. Apoyo “Se supone que uno se rodea de un gran equipo que hace las cosas bien y que ellos tienen a su vez unos servidores que tienen que vigilar para que todo el engranaje de la administración pública funcione”, explicará la funcionaria. Por eso, su defensa insistirá en recordar lo sucedido con el gobernador del Cauca Guillermo Alberto González, sancionado en primera instancia y absuelto en la segunda por un caso muy similar, aunque en ese caso, sí perdieron los dineros consignados en Probolsa. En ese asunto para la Procuraduría resultó al final claro, que la función de control sobre las inversiones proyectadas no era responsabilidad directa del gobernador, sino que estaban asignadas a dos subalternos que fueron los sancionados: el secretario de Hacienda y la tesorera. Lo que dice la Procuraduría Según informó LA NACIÓN el pasado 27 de abril, la misma sanción fue impuesta al ex alcalde Héctor Aníbal Ramírez, a su secretario de Hacienda Andrés Camacho y a los ex tesoreros Alberto Calderón Gómez y Yesid Orlando Perdomo Llano. De acuerdo con el fallo firmado por la procuradora Segunda Delegada para la Contratación Estatal Irma Trujillo Ardila, el ex secretario de Hacienda Luis Aníbal López fue sancionado con destitución e inhabilidad por 12 años. Según la entidad, el funcionario, quien se encontraba en posición de garante, incurrió en una omisión impropia, considerando la labor de realizar y ordenar las inversiones de excedentes era de su resorte funcional, de manejo y vigilancia. Además, según la investigación, fue el responsable directo,  permitiendo que el tesorero, sin facultades, girara los  recursos sin ninguna garantía de seguridad y rentabilidad en una entidad no vigilada por la Superintendencia Financiera. De acuerdo a la Procuraduría, la delegación no exime en forma absoluta de responsabilidad al delegante. Y recalcó que en este caso se trató de un encargo de funciones (no desconcentrada), sin soporte legal y con todas las consecuencias de índole disciplinaria En consecuencia, estimó que en este caso no existió atribución de funciones con autorización legal, sino una entrega de competencias por parte del titular de las mismas (los alcaldes municipales de Neiva). La gobernadora del Huila Cielo González Villa ya tiene lista su defensa ante el fallo de primera instancia de la Procuraduría General de la Nación. González Villa reiterará que un alcalde tiene mil funciones y hay otras que les corresponden a los demás funcionarios.  “Un mandatario no puede responder por los permisos que da el secretario de Gobierno, o por lo que hace el comisario de familia o el secretario de Educación”, explicará.