La Nación
Así va nuevo proceso por crimen de funcionaria de la Dian 1 15 junio, 2021
INVESTIGACIÓN

Así va nuevo proceso por crimen de funcionaria de la Dian

En libertad implicado en crimen de Celia Escobar, jefe de auditoría de la Dian. El segundo acusado se fugó y el supuesto determinador murió de covid-19. La Fiscalía pidió la preclusión por muerte del principal implicado German Garrido.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanación.com.co

 

El empresario yaguareño, Eugenio Fernández Polanía, investigado por una supuesta complicidad en el crimen de Celia Escobar, funcionaria de la Dian, recobró su libertad.

En cambio, mantuvo vigente la orden de captura proferida contra el segundo implicado, José Manuel Barrero, quien emprendió la huida, luego de la última audiencia virtual a la que asistió en calidad de acusado.

La decisión fue confirmada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva, al resolver el recurso de apelación contra las medidas de aseguramiento proferidas el 27 de octubre de 2020 por el juez Segundo Penal Municipal de Garantías de Neiva.

El empresario Germán Garrido, ya fallecido, vinculado como supuesto determinador” del crimen de la ex jefe de la Dian, Celia Escobar, ocurrido el 10 de mayo de 2013, fue desvinculado oficialmente del proceso.

Garrido Osorio, el principal imputado, murió el 14 de octubre de 2020 afectado por la pandemia. Al confirmarse  plenamente su deceso con la respectiva acta de defunción, el fiscal pidió la preclusión.

El Juzgado Primero Penal del Circuito acogió la solicitud y decretó la preclusión.

En otra decisión, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito, revocó la medida de aseguramiento al ganadero Eugenio Fernández Polanía, vinculado en calidad de cómplice. Igualmente confirmó la privación de la libertad de José Manuel Barrero Baquero, acusado a título de coautor.

 

Testigo en duda

Según la Fiscalía, Fernández Polanía, prestó una colaboración previa y contribuyó en la planeación y ejecución del asesinato de la funcionaria de la Dian.

“Estando presente y siendo conocedor del plan criminal contribuyó en el señalamiento de la víctima, al concurrir a las instalaciones de la Dian en compañía de José Manuel Barrero Baquero y otro sujeto a quien inicialmente habían conseguido para que realizar el crimen”, apuntó el fiscal al presentar las circunstancias y concurrencia de los posibles implicados.

Sin embargo, su abogado, Sebastián González, puso en duda la versión del testigo estrella, un antiguo desmovilizado de las Farc, aparentemente contratado para perpetrar el crimen. Solo que se arrepintió y decidió relatar los pormenores.

El testimonio del ex guerrillero Juan Camilo García Pinzón (antes José Manuel Tamara) es inconsistente, apuntó González. Las cinco declaraciones rendidas ante la fiscalía se contradicen entre sí.

“Tantas declaraciones del mismo testigo terminaron por desacreditarlo, en razón a que, finalmente terminó indicando que el asesinato lo pidió otra empleada de la Dian en una reunión en una finca y no los imputados”, aseguró.

En el caso de Fernández, argumentó que no tuvo ninguna participación en los hechos investigados y reclamó la revocatoria de la medida de aseguramiento al no acreditarse, los fines de mantenerlo privado de la libertad. La tesis alegada prosperó.

En libertad

La funcionaria judicial consideró que en este caso, no se acreditó siquiera sumariamente que Fernández Polanía hubiese participado de alguna manera en la ejecución final del crimen.

“Incluso, dijo, el testigo César Augusto Badillo Galvis, quien finalmente perpetró el crimen en compañía de Leonardo Fabio Rivera, no mencionó que hubiese contado con la participación de Eugenio (Fernández Polanía) de forma previa, en el acto o con posterioridad”.

“En este orden de ideas, concluyó, frente al imputado Eugenio Fernández Polanía no se satisface el fin constitucional invocado por la Fiscalía, pues, no se acreditó fehacientemente que constituya peligro latente para la comunidad, por lo que deviene jurídicamente procedente revocar la medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia impuesta por el Juez de primera instancia”.

“En consecuencia, se ordenará su libertad inmediata, siempre que no sea requerido por otra autoridad judicial”. Al no tener ningún requerimiento, la misma funcionaria expidió la orden de libertad. La orden se hizo efectiva el martes pasado.

En cambio, confirmó la medida de aseguramiento con detención efectiva contra el segundo implicado, libertad en establecimiento carcelario impuesta contra José Manuel Barrero Baquero.

El ausente

El procesado, de 55 años, fue imputado a título de coautor, pero se fugó luego de la última audiencia. Durante las audiencias a las que concurrió con un tapabocas, insistió que su caso era “un falso positivo” y nunca se allanó a cargos.

“José Manuel Barrero Baquero y otros, mediando acuerdo común con misión de trabajo criminal, que sin aporte no se hubiese ejecutado el resultado final, dispararon en seis oportunidades, aprovechándose de la situación de indefensión de la víctima, produciéndole lesiones que le produjeron la muerte a la funcionaria de la Dian”, explicó el fiscal durante la diligencia de imputación.

Baquero habría estado en el sitio donde ejecutaron a la funcionaria. Según una testigo, el acusado estuvo ese lugar poco antes del crimen.

El defensor especial de Barrero Baquero, consideró que la Fiscalía no demostró la inferencia razonable de autoría o participación de aquel en el hecho investigado.

En su criterio no se le debió imputar cargos en calidad de coautor, sino como cómplice, en razón a que su presunta participación no fue determinante en el homicidio de la funcionaria de la Dian.

Barrero Baquero tiene dos condenas por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, proferidas en el 2016 y la última en marzo de 2019, sentenciado a dos años y seis meses de prisión. Tenía detención domiciliaria cuando fue vinculado al nuevo caso. Cuando le notificaron la revocatoria no volvió a aparecer.

Así va nuevo proceso por crimen de funcionaria de la Dian 7 15 junio, 2021
La audiencia virtual de imputación.

Imprecisiones

Por el contrario, según la juez de conocimiento, el fiscal sí logró acreditar la inferencia razonable de autoría o participación de Barrero Baquero en el hecho investigado.

“El testigo Juan Camilo García Pinzón afirmó que fue quien lo contactó para un trabajo y posteriormente junto a otras personas le propusieron asesinar a la señora Celia Escobar por lo cual se le pagaría cinco millones de pesos”, aseguró la funcionaria.

“Además, se tiene preliminarmente que su rol en el ilícito era hacer seguimiento a la víctima, siendo incluso, observado por una testigo en inmediaciones de la residencia de la occisa horas antes de perpetrarse el crimen”.

“Si bien, el testigo García Pinzón indudablemente incurre en algunas imprecisiones en sus múltiples declaraciones, frente a fechas y lugares en los que se planeó la muerte de la funcionaria de la Dian, lo cierto es que aquel siempre ha sostenido que Barrero Baquero lo acompañó durante su permanencia en esta ciudad con el objetivo de asesinar a Celia Escobar, habiendo asistido, incluso, junto con Eugenio Fernández Polanía a la referida entidad para identificar a la precitada, sin que hubiera ingresado a esas instalaciones, donde solo ingresó con Fernández Polanía”, afirmó la juez.

Además, aunque el crimen finalmente no lo perpetró García Pinzón, sino César Augusto Badillo (conductor de la motocicleta) en compañía de Leonardo Fabio Rivera (quien disparó), no puede ignorarse que es el mismo César Augusto quien declaró haber visto el día del asesinato a Barrero Baquero en el lugar de los hechos, cuya afirmación la confirmó una testigo presencial y vecina de la víctima.

“En consecuencia, es evidente que por lo menos preliminarmente se puede inferir razonablemente que el precitado puede ser autor o participe de la conducta endilgada”, anotó la funcionaria judicial.

Peligro latente

Contrario a lo afirmado por su apoderado, la juez estimó que Barrero Baquero, “sí constituye un peligro latente, presente y futuro para la sociedad, no solo por haber participado presuntamente en el asesinato que se investiga, sino también por su prontuario delictivo, pues, la Fiscalía acreditó que en su contra se registran dos sentencias condenatorias vigentes por los delitos de estupefacientes y concierto para delinquir y además, para la época en que se cometió este repudiable crimen, gozaba de uno de los beneficios de la sustitución de la pena, específicamente la suspensión condicional de la ejecución de la pena”.

“Se equivoca el defensor al indicar que no se satisface la exigencia de la continuidad de la actividad delictiva para configurarse el peligro para la comunidad, pues, la continuidad de la actividad delictiva no se predica frente a la reiteración de la misma conducta punible por la que resultó condenado anteriormente, sino por el quebrantamiento continuo de cualquiera de las normas penales”, anotó.

“La decisión proferida contra José Manuel Barrero Baquero está ajustada a derecho y conforme a los elementos de prueba esbozados en la audiencia preliminar, alegó. En su criterio, se logró acreditar razonablemente su probable participación en el homicidio de la señora Celia Escobar y que indiscutiblemente constituye peligro para la comunidad.

 

Amenazas

Las expresiones contra la Fiscalía le salieron caras.

“Ganó la corrupción en la Fiscalía, aseguró el imputado José Manuel Barrero al terminal la audiencia virtual a la que concurría  usando un tapabocas con un letrero “Falso Positivo”.

La misma expresión fue remitida minutos después en un mensaje de wasap al celular del fiscal Farid Plata, quien lo interpretó como una amenaza.

“No me dejo intimidar, señor Barrero. Este mensaje coincide con lo que usted acaba de anunciar. Y no lo voy a permitir, aquí no ha ganado nadie, estamos en una primera fase y hay que dar el debate probatorio”, insistió el fiscal.

En el fallo la juez rememoró ese episodio y confirmó la medida. “El irrespeto del precitado para con las autoridades judiciales quedó registrado en la misma audiencia pública, donde tildó de corrupto al fiscal del caso, cuyo delegado dejó constancia de un mensaje intimidante recibido vía wasap en esa misma diligencia y en los mismos términos utilizados por Barrero Baquero”, anotó la juez.

En consecuencia, confirmó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario impuesta por el juez de primera instancia.

Sin embargo, se fugó y tiene vigente una orden de captura. El procesado se encontraba  vinculado en un proceso por tráfico de estupefacientes, en virtud del cual tenía libertad provisional.

Con la nueva sindicación por el homicidio de la funcionaria de la Dian, se le revocó ese beneficio y se dispuso su captura. Barrero Baquero después de la última audiencia desapareció.