Francisco José García Lara
Si yo hubiese sido parte de quienes se aprovecharon de la guerra para enriquecerme u obtener votos estaría muy asustado, no por la Justicia Especial para la Paz (JEP), sino por la verdad que puede derivarse de ella.
Esa es la razón de fondo por la cual algunos se oponen a la JEP, no es un repentino afán de justicia como lo quieren mostrar, es que cuando los actores del conflicto cuenten la verdad sobre los hechos más de uno de los que aparentemente han ascendido políticamente o hecho sus fortunas de manera honrada, pueden aparecer, por ejemplo, como beneficiarios de desplazamientos y masacres con la consabida adquisición posterior de tierras a bajo costo.
No se trata entonces de perseguir a quienes fueron extorsionados en la guerra, esos no tienen nada que temer, los que están “paniqueados” son los financiadores de los grupos ilegales, aquellos que nunca figuraron en un frente, pero usufructuaron las acciones la guerrilla y los paramilitares, los mismos que ahora se muestran como sepulcros blanqueados y quieren permanecer igual.
Es entendible por supuesto que le interpongan obstáculos a la JEP, lo cual pueden haber logrado por cuenta del fallo de la Corte Constitucional y el retraso de su aprobación en el congreso, pero que no olviden que después de conocer esas verdades la justicia ordinaria va a tener que actuar sobre quienes resulten involucrados en estos actos y que decidan no someterse a la JEP, y en caso de que la fiscalía y los jueces pretendan pasar de agache, estarán sometidos a la Corte Penal Internacional (CPI) que se encuentra atenta a lo que suceda en Colombia con el proceso de paz.
En resumidas cuentas, una buena parte de nuestra clase política y dirigente puede terminar en los tribunales, no como retaliación como lo quieren hacer creer, simplemente porque fueron auspiciadores de los grupos al margen de la ley para obtener réditos económicos o electorales, lo cual, insisto, es lo que los tiene verdaderamente atemorizados.
Por consiguiente, es fácil entender las razones de la feroz oposición a la JEP, incluido el inconstitucional y burdo intento de inhabilitar a algunos magistrados ya elegidos para integrarla, finalmente lo que buscan es que no se les juzgue o al menos evitar que la verdad se conozca.
En conclusión, los ataques a la JEP no son porque pueda existir impunidad hacia las FARC, los esfuerzos para no dejarla operar son simplemente cuestión de supervivencia política y económica para muchos de los que se rasgan hoy las vestiduras pidiendo justicia.
