La modificación al Sistema General de Participaciones es la más importante reforma constitucional realizada en los últimos años, ya que busca dar importantes pasos hacia una verdadera descentralización territorial concebida por el Constituyente de 1991.
En efecto, el artículo 1º de la Constitución expresa que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. La Ley 60 de 1993 reglamentó este tema y fijó un aumento progresivo hasta llegar al 22% en el 2001. Este porcentaje fue disminuido mediante el Acto Legislativo 01 y la Ley 715 de 2001 que recortó las transferencias debido a las asimetrías entre el ingreso y el gasto lo que ocasionó que, en muchos casos, varios municipios se acogieran a la Ley de restructuración de pasivos.
La reforma constitucional recién aprobada busca materializar la autonomía de los departamentos, distritos y municipios para que cada uno de ellos se administre conforme a sus competencias. En este sentido, se propone un aumento progresivo de 15 puntos porcentuales en las transferencias que la Nación girará durante los próximos 12 años.
No obstante, expertos economistas han advertido sobre los posibles impactos fiscales negativos, señalando que, para cumplir con este nuevo tope, sería necesario implementar varias reformas tributarias.
La solución es que las leyes reglamentarias, redistribuyan las competencias del sector central, se reduzca su enorme burocracia y el gasto desbordado concentrado en un Estado obeso y se trasladen varias responsabilidades a las entidades territoriales.
Es imperativo, además, fortalecer los mecanismos de control para garantizar que el aumento de los recursos, no se queden en manos de la corrupción, en obras faraónicas o en más burocracia.
En últimas, el éxito de esta reforma no radica solo en el aumento de recursos, sino en nuestra capacidad como país de demostrar que más autonomía puede traducirse en más progreso y no en un salto al vacío, donde las promesas se ahogan en las aguas turbias de la corrupción y la ineficiencia.
