RICARDO AREIZA
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La tercera consulta popular para restringir la minería de alto impacto y la construcción de nuevas represas se abrió paso en el municipio de La Argentina (Huila).
El Tribunal Administrativo avaló la iniciativa ciudadana propuesta por el alcalde Edwin Arbey Barajas Hernández y refrendada por el concejo.
El mandatario confirmó que actualmente se adelantan numerosos trámites para el licenciamiento de proyectos mineros en su territorio, altamente sensible por la enorme biodiversidad. Entre ellos mencionó proyectos para explotación de materiales de construcción, arcillas y plata.
Grandes empresas como Goliat gestiona títulos mineros para explotación de oro y concentrados, mientras que la empresa Anglo American mantiene un proyecto para explotación de cobre y sus derivados, entre otros.
Además, estimó que “con la ejecución de estos y otros proyectos se pone en riesgo la riqueza natural
“La Argentina tiene un 2.93 % de su territorio (939.72 hectáreas) en zonas glaciares, páramos y subparamos; un 41.43 % en bosque denso alto (13281.23 hectáreas), un 55.45 % en mosaico de cultivos, pastos y bosques fragmentados (17.778.6 Has) y un 0.17 % en zona urbana (57.2 Ha), cifras que corroboran la gran riqueza del municipio y su vocación netamente agrícola”, explicó.
“Además, -añadió- el Conpes 3915 incluyó a La Argentina como uno de los 19 municipios del Huila que hacen parte del área de influencia del Macizo Colombiano, y sobre el cual, se deben iniciar accionara para preservar la zona ecológica más importante del país”.
En estas condiciones, “no existe duda de que los habitantes tienen el legítimo derecho a pronunciarse al respecto”, aseguró el magistrado Ramiro Aponte Pino al declarar la constitucionalidad del procedimiento sometido a su consideración.
Otras dos consultas, impulsadas por las comunidades y acogidas por los alcaldes y concejales, fueron autorizadas en los municipios de Íquira y Oporapa. Las dos consultas están pendientes por falta de financiación.
El nuevo aval se registra ocho días después de una decisión de primera instancia que revocó un acuerdo en Pitalito restringiendo esas mismas actividades.
La controversia
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se opuso a la iniciativa y pidió que se declarará la inconstitucionalidad de la consulta popular, argumentando que las autoridades locales desconocieron y desbordaron las competencias constitucionales y legales toda vez que la Nación es la exclusiva propietaria del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, y es la encargada de regular la actividad minera. Sin embargo, no prosperó.
La Procuradora 34 Judicial respaldó el procedimiento y estimó que la pregunta formulada, cumplen con los requisitos de claridad, lealtad y objetividad. Además, reivindicó el derecho a la participación y la facultad que tienen los entes territoriales para convocar las consultas populares.
Respaldado por movimientos y líderes sociales el alcalde Barajas Hernández solicitó a los concejales un concepto previo sobre la conveniencia de la consulta.
La petición fue formulada al concejo el 8 de mayo de 2018, y obtuvo concepto favorable el 25 de mayo siguiente, acorde con los procedimientos reglados.
“El alcalde y el concejo municipal de La Argentina (H), están autorizados para convocar a sus habitantes a pronunciarse sobre esa clase de proyectos”, afirmó el magistrado Ramiro Aponte Pino, acorde con los pronunciamientos que en este mismo sentido ha realizado el Consejo de Estado.
Resguardo
“Celebramos esta decisión porque es un espaldarazo a una iniciativa ciudadana para resguardar el territorio de la explotación minera”, afirmó el alcalde Edwin Barajas. “Conocedores de la problemática que está generando como la degradación del medio ambiente y sus efectos sobre el cambio climático, pero además conocedores de la inmensa riqueza natural y ambiental impulsamos esta iniciativa ciudadana para conocer la opinión de la comunidad sobre la viabilidad de la minería de alto impacto y la construcción de nuevas represas”.
“Con este aval-afirmó- tenemos que seguir con el proceso para impulsar esta consulta con el respaldo de líderes sociales, ambientalistas y por supuesto con el apoyo del Concejo”. El reto ahora es conseguir la financiación y asegurar su realización.
Los fundamentos
La viabilidad de la consulta fue soportada con los distintos pronunciamientos hechos por el Consejo de Estado.
Según el alto tribunal, los municipios, en el marco de sus competencias, están facultados constitucional y legalmente para regular el ordenamiento territorial y el uso del suelo y, por lo tanto pueden acudir a la ciudadanía para solicitar su consentimiento o no para el desarrollo de las actividades minero-energéticas en sus regiones.
Para la promoción de consultas populares en materia minero-energética no se requiere obligatoriamente agotar un procedimiento previo de concertación con las entidades del orden nacional.
En este caso-dijo- el ordenamiento jurídico no prevé la obligación de los municipios de concertar o incluir en el proceso de consulta popular a las entidades del orden nacional.
“El ordenamiento territorial y el uso del suelo son competencia de los municipios y distritos, por lo que pueden ser materia de iniciativa popular en el orden local”, señaló ese cuerpo colegiado.
El alcalde Edwin Barajas advirtió los riesgos de la megaminería en La Argentina.
Viabilidad
En opinión del alto tribunal, la constitución y la ley facultan a los gobernadores y alcaldes para realizar consultas populares sobre asuntos relacionados con su competencia. El ordenamiento territorial y el uso del suelo, se regulan a través de las autoridades locales, razón por la cual pueden adoptar medidas sobre actividades que se desarrollan en su territorio como la minería.
“Es claro- anotó- que no es obligatorio o indispensable que entre la Nación y los entes territoriales se surta un proceso de concertación previo a la realización de una consulta popular en materia minero-energética”.
En ese sentido estimó que “la función de ordenación territorial recae fundamentalmente en los municipios y distritos, pues tocan directamente aspectos que afectan la vida en comunidad y llegan a determinar el modelo de desarrollo y, por consiguiente, las condiciones de vida en materia económica, social, cultural, ambiental, urbanística, entre otros.
Además determinó que las licencias de exploración y explotación las confiere la autoridad minera, pero antes de concederlas debe consultar los planes y normas de ordenamiento territorial, los planes de desarrollo económico y social, así como las normas que sobre el patrimonio ecológico, cultural e histórico hayan expedido los concejos municipales. Igualmente, en virtud de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, la autoridad minera no puede desconocer dichas normas al determinar zonas de reserva minera.
La pregunta
El texto de la consulta: ¿Está usted de acuerdo, sí o no con que en el municipio de La Argentina se adelanten actividades mineras de mediana y gran escala, incluidas las centrales hidroeléctricas?
En opinión del Tribunal es clara, sencilla; como quiera que se determina concretamente las actividades cuyo apoyo o censura será puesto a conocimiento de la población, y no se advierte que se pretenda distorsionar la voluntad del votante; aunado al hecho de que tampoco se induce la respuesta en sentido negativo o positivo. “En tal virtud, considera la Sala que se circunscribe dentro de los parámetros jurisprudenciales anteriormente enlistados”.
El alcalde Edwin Barajas advirtió los riesgos de la megaminería en La Argentina.