Dos acciones judiciales, una fiscal de la Contraloría y otra contractual, adelanta el Gobierno para recuperar los dineros perdidos en el distrito de riego Tesalia-Paicol contra los contratistas incumplidos, socios del grupo Nule.
RICARDO AREIZA
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El consorcio Interriego, uno de los grandes socios del cuestionado grupo Nule tendrá que reembolsar con creces los dineros que recibió y nunca ejecutó en el distrito de mediana irrigación Tesalia-Paicol, actualmente paralizado.
El consorcio conformado por las firmas Mondragón Soluciones (53 %) y H&H Arquitectura hoy Hidrus S.A. con el 43%, recibió uno de los más grandes contratos para ejecutar esa obra y al final, tras el descalabro financiero desatado con los casos de corrupción en Bogotá no logró ejecutar el proyecto.
Sin embargo, no devolvió la totalidad de los recursos que le giraron para acometer el proyecto de irrigación de 3.823 hectáreas.
Según la Contraloría, la compañía Interriego tendrá que reembolsar debidamente indexados, la suma de 16.191 millones de pesos, cobrados por obras no ejecutadas. La cifra fue cuantificada por la propia Contraloría.
Sin embargo, el Incoder, en liquidación, dueño del proyecto, adelanta otra demanda contractual para recuperar por esta vía los dineros que cobró y nunca ejecutó.
La demanda se tramita ante el Tribunal Administrativo del Huila y vincula también a la firma Inar Asociados S.A. y compañía aseguradora de Fianzas S.A.
En un proceso de responsabilidad fiscal, el primero que comenzó a tramitar la Contraloría General fueron vinculados el entonces representante legal del consorcio Interriego, Juan de la Cruz Martínez, y el interventor, Carlos Huertas Larios, representante de la firma Inar Asociados con sede en Barranquilla.
Igualmente en este proceso de responsabilidad fiscal fueron vinculados el subgerente de Adecuación de Tierras en el Incoder, en liquidación, Hernando Londoño Acosta, el subgerente César Patarroyo y los supervisores Elizabeth Flechas Jiménez y Héctor Rodolfo Acevedo Strauch.
El contrato
El primer contrato 695 fue adjudicado el 5 de noviembre de 2009 por un valor de 78.652 millones de pesos y un plazo de 25 meses. La obra inició el 19 de febrero de 2010, en medio del escándalo develado por el llamado Carrusel de la Contratación en Bogotá.
De acuerdo con el cronograma original la megaobra debía entrar en operación en junio de 2011. Nunca se cumplió. Las obras fueron suspendidas en varias oportunidades por incumplimientos atribuibles directamente al contratista
Ese contrato quedó ejecutado en un 47 por ciento y las inversiones alcanzaron los 95.000 millones de pesos. De éstos el Gobierno Nacional aportó 55.000 millones y la Gobernación del Huila colocó otros 40.000 millones con recursos de vigencias futuras.
Ante una inminente caducidad por incumplimiento, el contrato fue cedido para facilitar su terminación pero aun así el nuevo contratista no logró reactivarlo. El 4 de marzo de 2014, expiró el plazo final contractual y en consecuencia, el Incoder se ordenó su liquidación.
En el acta de liquidación del contrato realizada en el 2014 un saldo pendiente de amortizar del anticipo por 17.216 millones de pesos, sin incluir los rendimientos financieros.
El consorcio no facturó el monto establecido de la amortización de acuerdo con el plan de inversión, pactado contractualmente.
De acuerdo con el estudio financiero, el contratista debía facturar mensualmente en promedio la suma de 2.375 millones, sin reajustes. En realidad solo facturó 674 millones promedio-mes, entre otras cosas, por la poca cantidad de equipos, el deficiente manejo de los materiales, la inexperiencia del personal, la falta de controles, y, por supuesto, la grave iliquidez que comenzó a soportar desde su inicio, derivado de los escándalos de corrupción destapado en Bogotá y que tuvo repercusiones, en otros proyectos, como la vía Isnos-Paletará y el distrito de riego, en el caso del Huila.
“El inadecuado manejo del anticipo, generó serios inconvenientes en la ejecución del proyecto”, reportó de la Contraloría General de la República.
Anticipo
El contratista recibió un anticipo inicial de 39.326 millones de pesos. Pero posteriormente se realizaron otras dos adiciones a título de anticipos: uno por 2.798 millones el 20 de enero de 2012 y otro por 5.294 millones el primero de abril de 2013 para un total de 47.418 millones de pesos.
“En total el consorcio Interriego recibió efectivamente por concepto de obras, reajustes y anticipo la suma de 87.241 millones de pesos”, precisó el documento.
Según el dictamen fiscal, la compañía cobró mediante actas parciales y reajuste, un valor bruto por obras 70.024 millones de pesos (antes de la amortización del anticipo). Sin embargo, en los documentos registrados de la liquidación se comprobó una enorme diferencia entre el valor pagado por el Incoder, dueño del proyecto y el valor de las obras cobradas por el consorcio Interriego.
La diferencia asciende a 17.216 millones de pesos. Sin embargo, en el acta de liquidación fechada el 10 de octubre de 2014 el Incoder reconoció la existencia de un saldo en las cuentas de manejo del anticipo por 1.1161 millones de pesos. El resto, 16.191 millones están ‘enredados’ y tres años después de la liquidación no han sido recuperados.
La Contraloría General de la República estimó que estos recursos no amortizados pueden constituir un posible detrimento patrimonial. Además de los enormes daños ocasionados a la región por la inejecución del proyecto que quedó a media marcha.
El nuevo contrato
El último director del Incoder, Rey Ariel Borbón, como lo había prometido desde que asumió el cargo, entraría a liquidar el contrato para facilitar la culminación del proyecto. El 14 de octubre de 2014 se ordenó la liquidación. Borbón firmó un nuevo contrato el 22 de diciembre de 2014 con el consorcio Tesalia 2014.
El nuevo contratista reactivó el proyecto con un plazo de ejecución de 12 meses que se vencieron en diciembre de 2016. Tampoco logró terminarlo.
El gobierno le inyectó nuevos recursos por 81.559 millones de pesos y nunca despegó. Por el cumplimiento la Contraloría inició otro proceso de responsabilidad fiscal contra los contratistas e interventores, entre ellos, los representantes de las empresas españolas, Marco Obra Pública S.A. Sucursal Colombia y la Constructora de Obras Municipales (Comsa) que concurrieron financieramente.
Hasta el momento las inversiones ejecutadas en esta obra ascienden a 223.994 millones de pesos, el doble de lo programado y sigue inconcluso, en avanzado deterioro.