La defraudación por 1.890 millones de pesos en la Corporación Universitaria del Huila está a punto de aclararse. Sin embargo, la prescripción les pisa los talones.
RICARDO AREIZA
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Después de un extenso periodo probatorio, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva, cerró ayer una de las fases claves para determinar la responsabilidad penal por el millonario fraude financiero, descubierto hace ocho años en la Corporación Universitaria del Huila (Corhuila).
Con la prescripción respirándoles en la nuca, el despacho judicial se dispone a preparar las últimas audiencias para proferir un fallo frente a la principal implicada, Claudia Liliana Espitia Garrido, quien se rehusó nuevamente a concurrir a las audiencias de juicio oral por la defraudación perpetrada desde septiembre de 2012 hasta diciembre de 2013, que ascendió a 1.890 millones de pesos.
El primer ciclo de la presentación de pruebas lo abrió el auxiliar contable Karol Jovanny Becerra, en calidad de testigo de la Fiscalía y lo cerró ayer el contador Nelson Hermida, encargado de cotejar los documentos contables. El primer testigo fue condenado en sentencia anticipada en un preacuerdo con la Fiscalía.
Prescripción
El abogado Helber Mauricio Sandoval, apoderado de víctimas, reclamó celeridad, argumentando que el proceso está ad portas de cumplir cuatro años, y, por lo tanto, estaría pisándole los talones a la prescripción de algunas conductas, lo que resultaría fatal.
Los títulos valores fueron expedidos manualmente entre septiembre de 2012 y abril de 2013, como lo declaró el principal testigo, encargado de manipular el sistema contable.
Los implicados entre ellos la antigua asistente contable, Claudia Liliana Espitia es procesada por el presunto delito de hurto agravado y falsedad en documento privado. Esta última conducta estaría prescribiendo en diciembre próximo.
Previniendo este hecho, la Juez Cuarta Penal del Circuito programó para el 16 de noviembre, la próxima audiencia y fijó una segunda para el 17 de febrero de 2022.
El escándalo
El escándalo estalló el 7 de noviembre de 2013 durante una asamblea general convocada extraordinariamente por la revisora fiscal Esperanza Ramos Botello, quien reportó las anomalías contables y contractuales encontradas durante una auditoría.
La contadora denunció pagos irregulares por obras no ejecutadas, adjudicadas a dedo a un empleado de la institución, así como la cancelación de órdenes de servicios, sin ningún soporte. Las irregularidades se registraron entre el 2011 y 2012. Los pagos poco claros ascendían a 3.470 millones de pesos ($1.376,53 millones en el 2011 y $2.093,78 millones en el 2012). Los pagos objetados correspondían a 127 obras realizadas, aparentemente ficticias.
El 24 de junio de 2013 la propia revisora fiscal, radicó en la Dirección Seccional de Fiscalías, la respectiva denuncia penal en averiguación de responsables por los pagos irregulares efectuados entre el 2011 y el 2012.
El proceso por estas irregularidades en la ejecución de obras y adecuaciones fue archivado en el 2015.
Sin embargo, una segunda denuncia penal formulada por el rector de la época, recién posesionado Roque González Garzón, le dio otro viraje a la investigación. El académico develó el fraude financiero a través de giros irregulares realizados por funcionarios del equipo de contabilidad.
Defraudación
González Garzón, estimó inicialmente un monto de 8.000 millones de pesos. No obstante, en el expediente el faltante en bancos fue establecido en 1.889, 48 millones de pesos representados en el giro y pago total de 391 cheques.
De estos, 332 corresponden a una cuenta corriente del Banco Caja Social, y 59 a una cuenta corriente de Bancolombia.
Prueba sobreviniente
El abogado Mateo Mejía Gallego solicitó ayer, inesperadamente, la incorporación de la sentencia condenatoria contra Karol Jeovanny Becerra, como prueba sobreviniente, como parte de un acuerdo logrado con la Fiscalía para obtener una rebaja de pena.
La sentencia condenatoria fue proferida hace un año (el 12 de agosto de 2020) por la juez Quinta Penal del Circuito de Neiva, Olga Lucía Becerra Dorado.
Becerra Hernández aceptó de manera libre, espontánea y consciente su participación en la defraudación. Sin embargo, Mejía Gallego puso en duda esa decisión y señaló que hizo parte del acuerdo. “Primero anunciaron que se negociaba un principio de oportunidad que nunca se concretó y luego fue presentado en calidad de testigo cuando mediaba un preacuerdo”, afirmó.
El fiscal Alirio Cordero se opuso argumentando que la prueba no resultaba pertinente ni conducente, pero además, el propio testigo puso la cara y fue contra interrogado al comenzar el juicio y fue condenado en calidad de coautor. “Por lo tanto, resulta improcedente”, alegó el fiscal.
También se opuso el procurador judicial, Héctor Enrique Charry. El agente especial del Ministerio Público, alegó que la incorporación además de tardía, pretende desmeritar el testimonio.
El preacuerdo
La Fiscalía Octava Seccional, adscrita a la Unidad de Fe Pública y Patrimonio, le imputó inicialmente los delitos de hurto continuado en mayor cuantía, agravado por la confianza; falsedad en documento privado y concierto para delinquir en calidad de autor.
No obstante, fue condenado como cómplice por los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado y no de autor o coautor del robo continuado. El auxiliar contable reintegró 120 millones de pesos con los cuales indemnizó a la institución.
Becerra, capturado el 28 de febrero de 2017, fue condenado a la pena previamente acordada de 33 meses y 10 días de prisión, por los delitos de hurto agravado y falsedad en documento privado, además de la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso.
Adicionalmente, el despacho judicial dispuso la suspensión condicional de la ejecución de la pena por un periodo de prueba de tres años. El ex funcionario quien permaneció tres años y medio detenido, quedó en libertad bajo fianza. La sentencia no fue apelada y quedó en firme.
Confabulación
Tal como fue pactado en el preacuerdo, Becerra confesó su participación en el fraude financiero. El testigo admitió que no actuó solo y que su participación en la defraudación fue concertada con otros miembros del equipo contable. Becerra relató detalladamente el ‘modus operandi’ de la defraudación, el liderazgo que desempeñó la principal implicada Claudia Liliana Espitia Garrido y la participación de otras personas, entre ellas la tesorera Sandra Liliana Flórez Tique, quien entregó a la Fiscalía las copias de las transacciones fraudulentas.
Becerra, según su propia confesión, fue el encargado de ingresar manualmente al sistema contable, utilizando el aplicativo “Doors”, los títulos falsos, usando las claves personales y el usuario del software de gestión que le habían asignado.
Los demás miembros de la confabulación se encargaron de realizar los movimientos contables fraudulentos, se inventaron los beneficiarios, armaron las cuentas de cobro ficticias, expidieron los cheques institucionales utilizando indebidamente las diversas cuentas de Corhuila y, le colocaban los sellos que no eran los oficiales y simulaban la firma del ordenador del gasto, en este caso del rector de la época Virgilio Barrera Castro.
El testigo abrió la fase probatoria que concluyó ayer con el contador Nelson Enrique Hermida, especializado en auditoría forense, encargado del cotejo de los documentos contables y los títulos valores.
Prueba técnica
Con anterioridad el abogado Mejía Gallego había cuestionado las pruebas de grafología porque en su criterio tenían serias inconsistencias técnicas. Ayer, sorpresivamente, el abogado de la defensa renunció a este peritazgo.
“No hay duda que se trata de la huella de la procesada. Se encontraron once puntos de coincidencia. Hay certeza plena que el registro dactilar corresponde a la misma persona, no hay ninguna posibilidad que las huellas examinadas correspondan a otra persona”, declaró Rosa Fanny Quimbaya, experta en grafología, quien realizó la verificación de los documentos, entregados en una bolsa de manila, con cadena custodia, debidamente sellados y rotulados.
Los cheques originales suministrados por los bancos reposan actualmente en el almacén de evidencias de la Fiscalía, como pruebas irrefutables que incriminan a la procesada, como la persona que los suscribió, los selló y luego los cobró personalmente. La principal implicada, al parecer, estaría radicada en Estados Unidos. La señora Espitia Garrido, procesada en contumacia, no se presentó a la audiencia pública.
“En los documentos aparecía la firma y la huella de Claudia Liliana Espitia. Era una huella nítida, apta para estudio. Analizada la impresión dactilar junto a la firma y cédula se concluye que estas corresponden a la señora Espitia Garrido”, insistió en la audiencia virtual.