Flora Perdomo Andrade
Una de mis principales preocupaciones como mujer y dirigente política es el de poder entender de la mejor manera las razones que originan las situaciones de violencia intrafamiliar y las afectaciones que esto tiene para el fortalecimiento de los hogares en nuestro país.
No es una tarea fácil para el Gobierno y las autoridades resolver las dificultades que se ahondan como consecuencia de la falta de oportunidades, la carencia de ingresos y la falta de educación y formación que en la mayoría de los casos incide directamente en las preocupantes cifras que hoy se tienen; hasta finales del año pasado se reportaron alrededor de 32 mil denuncias relacionadas con hechos de violencia intrafamiliar, lo que llevó a que se presentara al Congreso de la República el proyecto de Ley que busca fortalecer y hacer más funcional y operativas las Comisarias de Familia, llamadas a ser la puerta de entrada a la justicia familiar, que según los diagnósticos están recargadas de trabajo y tan precarias condiciones laborales que la atención que pueden brindar a estos casos no es la óptima, pues se necesita mejorar la prevención, atención y acceso a la justicia para las víctimas de estos hechos, las cuales son en su mayoría mujeres, como lo advierte Medicina Legal.
Este proyecto ya tuvo su paso por la Cámara de Representantes, donde fue aprobado por las mayorías y busca establecer unas funciones específicas para que estas instituciones puedan atender casos de violencia en el contexto familiar, acrecentando sus competencias en esa área, pero disminuyendo sus responsabilidades como inspectores de policía y en la expedición autorizaciones para que los menores de edad puedan trabajar, permitiendo de esa manera una mayor efectividad en la tarea de ejercer justicia y actuar frente a las dificultades que se presentan en los hogares de nuestro país.
En algo que hicimos especial énfasis durante las discusiones fue en lo relacionado con el personal con el que cuentan estas entidades, atendiendo un informe de la Procuraduría General de la Nación, en la que se pone de presente que una de las principales debilidades institucionales es que casi la mitad de su personal está contratado por prestación de servicios y cerca del 40 por ciento está en condición de provisionalidad, afectando la atención a las víctimas, por lo que sugerimos el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales de quienes tienen la responsabilidad de integrar estas dependencias; así como la conformación de un equipo interdisciplinario que pueda atender y producir soluciones en los tiempos y momentos requeridos.
Otro de los aspectos está relacionado con la necesidad de crear un sistema de información efectivo que permita conocer de manera clara las cifras de violencia familiar, para desde allí adelantar tareas de seguimiento a las medidas de protección, posibilitando que sea el Ministerio de Justicia quien se encargue de la vigilancia, control y evaluación de resultados de dichas comisarías. De igual manera la norma busca mejorar las condiciones de atención al usuario. Buena parte de las infraestructuras donde operan estas entidades no están adecuadas para sus fines misionales, carecen de conectividad y presentan problemas de prestación de los servicios básicos.
Desde el Congreso hemos respaldado esta iniciativa porque nos parece fundamental ofrecer a los ciudadanos mecanismos funcionales para hallar solución a sus problemas. Son las Comisarias de Familia espacios primordiales para avanzar hacia una justicia que le ponga freno a los hechos de violencia, se efectivicen las sanciones y castigos a los infractores y se genere confianza en la denuncia ciudadana, acabando con la impunidad que suele ser el resultado final en la mayoría de los hechos que son puestos en conocimiento de las autoridades.
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