El proyecto, contemplado en la avenida a Surabastos, a lo largo de la margen derecha del río Magdalena, con senderos peatonales y con grandes esculturas en bronce, exaltando los pasos de la danza típica, renacerá en medio de la imprevisión, que provocó su parálisis.
Un contrato de transacción, contemplado en el estatuto de contratación estatal, frenó varias controversias jurídicas y abrió las compuertas para garantizar su terminación. Pero esta vez, tampoco estaría para las fiestas del San Pedro.
“La obra es un hecho. Ya se resolvió la controversia jurídica, derivada del incumplimiento y el proyecto comenzará en los próximos días. El nuevo contratista anunció que reanudará las obras el 16 de enero con un plazo de siete meses, esperamos que sea antes de agosto y podamos inaugurarla durante las festividades de San Pedro”, confirmó el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez.
El contrato de transacción, una de las opciones para dirimir el litigio y evitar otro, fue refrendado el 29 de diciembre pasado, para garantizar la continuación y terminación del proyecto que se quedó a media marcha por reiterados incumplimientos de un contratista foráneo.
El documento lo firmaron el jefe de contratación, Fernando Mauricio Iglesias; la secretaría de Vías, Diana Paola Solaque y el representante legal de la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia, Carlos Eduardo Valencia.
Ventajas
El acuerdo bilateral propuesto por la Aseguradora, en calidad de garante, no solo puso punto final a las demandas en curso, sino que garantiza la culminación de las obras, sin sobrecostos.
“Lo concreto: la obra la terminará la aseguradora, pagando el siniestro y con los mismos precios con los que se firmó el contrato en el 2014”, afirmó la Secretaria de Vías.
“La aseguradora tiene la batuta para finalizar la obra, tendrá un contratista de obra, que es la empresa Lambda, con amplia experiencia, que terminará la obra en un plazo de siete meses.
¿Qué pasó?
El contrato original 1728 fue firmado por el 3 de diciembre de 2014 con la Unión Temporal San Miguel por un valor de 4.415 millones de pesos. El acta de inicio se suscribió el 19 de diciembre de ese mismo año. Cinco meses después se prorrogó por otros cinco meses y finalmente el contrato que no pudo ejecutarse. La obra quedó a la deriva, sin dolientes, en medio de un nuevo escándalo de imprevisión.
El 23 de diciembre de 2015, una semana antes de la culminación del mandato del alcalde Pedro Hernán Suárez, su secretario de Vías, Carlos Libardo Gómez declaró el incumplimiento del contrato y dispuso la liquidación anticipada.
En el mismo documento declaró la ocurrencia del siniestro exigiendo a la asegurada el pago de la póliza de garantía. El saldo fue estimado en 1.766 millones de pesos.
La contraparte
El contratista, Sergio Enrique Cornejo, impugnó la medida argumentando que la administración municipal “obró de manera acelerada e irresponsable y quizás sesgada al resolver las diferentes controversias contractuales”.
Además, denunció la “incorporación fraudulenta” de los planos de los diseños eléctricos al expediente contractual, oportunamente puesta en conocimiento de la Fiscalía. Los planos, al parecer, registran una firma falsificada. El expediente está bajo custodia.
Los materiales abandonados desaparecieron del sitio abandonado hoy devorado por la maleza.
El contratista argumentó igualmente que la interventoría ejercida por el consorcio Santa Ana “no era prenda de garantía” por una personal enemistad con el contratista.
Durante la evaluación se determinaron graves falencias en el desarrollo del contrato. El avance fue del 38,39% algunos de los materiales fueron instalados sin cumplir con las calidades exigidas por la normatividad técnica ni los estándares de resistencia exigidos.
La instalación de losetas se realizó sobre una cama de arena sin confinar, lo que ocasionó su rápido deterioro. Las zonas de materas que se proyectaban empradizar quedaron cubiertas por escombros. Otras zonas del proyecto quedaron expósitas, llenas de arena sobre placas en concreto. Algunas cajillas prefabricadas, instaladas a la loca, están dañadas. Igual ocurre con los sardineles y otras cimentaciones.
La arena estaba disgregada y contaminada. Actualmente sólo quedan los residuos. La mayoría se la llevaron los particulares en zorra o pequeños camiones. Lo mismo ocurrió con las losetas. Los senderos están invadidos por la maleza.
Ante la imposibilidad de un acuerdo bilateral, la secretaria de Vías, Diana Paola Solaque declaró la liquidación unilateral. Poco después la aseguradora propuso la terminación del contrato por su cuenta y riesgo. La iniciativa fue acogida. El acuerdo bilateral se firmó dos días antes de terminar el año y se encuentra en proceso de legalización.
“Esperamos que esta semana podamos firmar el acta de inicio. Estamos en este trámite y confiamos en que las obras se reanuden a mediados de enero”, previó la funcionaria.
El nuevo contratista
La obra será terminada por la sociedad Lambda Ingeniería de Bogotá. La empresa tendrá un plazo de siete meses (210 días) para la ejecución de las obras restantes y la terminación del contrato.
El plazo regirá a partir de la firma del acta de inicio que se hará en el curso de los próximos días.
Según el acuerdo, la administración local girará a la aseguradora los dineros faltantes del contrato. La suma fue calculada en 2.061 millones de pesos que serán invertidos en la ejecución y finalización del proyecto. El dinero está asegurado, según el certificado de disponibilidad presupuestal No. 5864 expedido el 18 de noviembre de 2016.
Una de las maquetas del proyecto original, previstos en las maquetas.
Los pagos se harán mediante actas de recibo parcial, recibidas y certificadas por el interventor, sujetos estrictamente al cronograma de avance de obra, hasta el 90 por ciento. El diez por ciento restante se hará a la terminación del contrato.
La aseguradora no podrá requerir el reconocimiento de mayores cantidades de obra a las previstas, pactadas y relacionadas en el acuerdo.
El avance de las obras no dependerá de los pagos que realice el municipio. La aseguradora asumirá por su propia responsabilidad la terminación del proyecto y asumirá por su cuenta las obligaciones que contraiga o los daños que pueda ocasionar a terceros por la ejecución del contrato.
El ingeniero Ronald Ibáñez Jiménez será el garante, designado por la aseguradora para atender todos los requerimientos técnicos que se susciten en desarrollo del acuerdo bilateral.
En estas condiciones, la administración local dejará sin piso el cobro coactivo contra la aseguradora, como lo dispuso en la terminación anormal del proceso. Una vez entregadas a satisfacción de las obras se extinguirán todos los efectos económicos derivados de las acciones ejecutadas.
Interventoría
La interventoría la continuará ejerciendo el consorcio Santa Ana, representado por el ingeniero Guillermo Ortiz Cuenca, al destrabarse otra controversia jurídica que podía afectar la continuidad de la obra.
El interventor había presentado una reclamación formal por mayor permanencia en obra, derivada del incumplimiento.
Aunque las obligaciones derivadas del contrato de interventoría son ajenas al garante, sí constituyen potenciales perjuicios del incumplimiento del contrato amparado.
En estas condiciones, el gerente de indemnizaciones y seguros patrimoniales de la compañía, Germán Londoño Giraldo logró un acuerdo con el interventor. La entidad le reconoció el 12de diciembre una suma de 150 millones de pesos por concepto de indemnización de perjuicios y afectaciones.
El municipio por su parte se comprometió a contratar un segundo interventor.
‘La controversia está resuelta’
Diana Paola Solaque, secretaria de Vías.
La secretaría de Vías Diana Paola Solaque Guzmán anunció que el pleito se resolvió por un acuerdo con la aseguradora.
“Nosotros recibimos el proceso con una declaratoria de incumplimiento, se presentaron los recursos de reposición, en junio del año pasado se confirmó esa decisión y empezamos el proceso de liquidación. La interventoría hizo el levantamiento de lo que había para iniciar la liquidación. Se determinó en obra cuantificable que el proyecto llegó a un 38,39% y con esto procedimos a realizar la liquidación que ya quedó en firme. Luego estudiamos la propuesta de la aseguradora y entendimos que era el mejor mecanismo para resolver esta controversia y garantizar la terminación”, aseguró Solaque Guzmán.
“El contrato de transacción es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Ese era el procedimiento más adecuado para resolver este pleito. Cuando se declaren los incumplimientos, el garante podía tomar la obra y finalizar, en aras de evitar la repetición hacia ella, que es el procedimiento del cobro coactivo que se iba a iniciar. Eso fue lo que pasó”, explicó el jefe de Contratación, Fernando Mauricio Iglesias.
Mauricio Fernando Iglesias, jefe de Contratación.