Bemoles del Estado. Por Luis Alfredo Ortiz Tovar

Aprestándose el  señor Presidente a la posesión del doctor Fernando Carrillo, para  que asuma la defensa jurídica del Estado en lo  múltiples asuntos que es requerido, manifestó que en caso de tener prosperidad todas las demandas impetradas en su contra, deberíamos pagar la bicoca de mil doscientos billones de pesos, y digo deberíamos pagar porque  de  ser así,  cada colombiano tendría que sacar de su bolsillo la suma de veinte millones de pesos. Frente a este tema nada fácil para las finanzas de un Estado que aún no ha alcanzado niveles de moderada pobreza, surge una preocupante inquietud. El Estado en procura de realizar sus propios fines, se debe afincar en personas probas e idóneas, de demostrada rectitud, con el propósito único de servir al ciudadano cuando quiera que amerite acudir a él; en este sentido le asiste al Estado la gran responsabilidad de depurar y designar las personas con tales perfiles en la búsqueda de que haya una excelente prestación de su servicio. En este sentido, ¿cuál ha sido su incultura? La de designar personas postuladas por recomendaciones, en una especie de pago por favores expresos o tácitos de los gobernantes, consiguiendo con ello que en la gran mayoría de las veces el funcionario que engrosa las filas de quienes cumplen funciones públicas, no sea el más apto. Hoy en día existe un conato de meritocracia que también en la gran mayoría de las veces se desvía en el último instante la posibilidad de quien realmente posee el mérito para ejercer el cargo, lo que ocasiona un fallido intento por que el mejor sea quien asuma el deber de cumplir la función pública. Sigo sosteniendo que la política ha de entenderse como el arte de servir, no como el arte de servirse, y quienes la materializan, sino todos, sí la gran mayoría, la malentienden y asumen posturas como las aquí referidas, prestándole un flaco servicio al buen manejo del Estado a través de sus funcionarios, pues es el amiguismo y no la idoneidad y probidad la que se coloca en el tapete. Todo esto obviamente deviene en daños antijurídicos creados a los ciudadanos, susceptibles de ser demandados y esto es en gran medida lo que nos tiene atiborrados  de demandas que llegan a las escalofriantes sumas referidas. El destino del país amerita un mejor merecimiento,  por ello habrá que trabajar en procura encontrar a quienes entiendan una verdadera vocación de servicio, alimentada con conocimiento de su función.

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