Sergio Felipe Salamanca Borrero
Al margen de las problemáticas sociales, económicas y políticas que vive el país, me siento orgulloso de ser colombiano y de poder ser testigo directo de los grandes avances que Colombia está dando hacia una efectiva protección del medio ambiente. El primero de estos avances lo dio la Corte Constitucional con la sentencia T-622 de 2016, la cual reconoció “al rio Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeta de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas (…)”. Esta primera decisión fue la tercera a nivel mundial en reconocerle personalidad jurídica a un río, luego de las decisiones proferidas en la India para la protección del río Ganges y el río Yamuna; y en Nueva Zelanda al río Whanganui.
El segundo avance, es un poco más insólito y permite apreciar el nuevo enfoque constitucionalista y ambiental que están adoptando las cortes diferentes a la Constitucional. En este caso, fue la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia la encargada de proferir una sentencia hito en materia de protección ambiental, no solo en el país, sino también en el mundo, posicionando a Colombia como un país pionero en la protección jurisprudencial del medio ambiente. La sentencia sub examine es la sentencia de 05 de abril de 2018, la cual tuvo como magistrado ponente a Luis Armando Tolosa Villabona y tuvo su origen en la intención de 25 niños y jóvenes provenientes de 17 regiones del país, que se caracterizan por ser las más vulnerables respecto del cambio climático.
En la sentencia, siguiendo los lineamientos trazados por la sentencia del Rio Atrato, se “(…) reconoce a la Amazonía Colombiana como entidad, “sujeto de derechos”, titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las entidades territoriales que la integran”. Consecuencialmente la Corte ordenó: 1. La formulación “(…) de una plan de acción de corto, mediano y largo plazo, que contrarreste la tasa de deforestación en la Amazonía, en donde se haga frente a los efectos del cambio climático”, para lo cual el Ejecutivo dispone de una término de 4 meses; y 2. la “Construcción de un “pacto intergeneracional por la vida del amazonas colombiano PIVAC”, en donde se adpoten las medidas encaminadas a reducir a cero la deforestación”.