Bochornoso espectáculo. Por Eduardo Gutiérrez Arias

El país mira hoy estupefacto el bochornoso espectáculo creado por el Congreso con motivo de la aprobación del acto legislativo que reforma la justicia y que compromete seriamente los otros dos órganos del poder público El país mira hoy estupefacto el bochornoso espectáculo creado por el Congreso con motivo de la aprobación del acto legislativo que reforma la justicia y que compromete seriamente los otros dos órganos del poder público: el Ejecutivo porque esta fue una iniciativa de orden gubernamental y el Ministerio de Justicia estuvo presente en todos los debates de la iniciativa y al Poder Judicial porque la reforma también fue consultada y conciliada con magistrados de las altas cortes. Los colombianos no entendemos cómo fue posible que un acto legislativo impulsado por el gobierno del presidente Santos, concertado con magistrados de la rama jurisdiccional y apoyado por los seis partidos de la coalición de gobierno (de la U, Conservador, Liberal, Cambio Radical, PIN y Verde) pasó todos los debates sin resolver los graves problemas de la justicia en el país y cuyos más notorios resultados son el regreso de la inmunidad parlamentaria, la prolongación del periodo de los magistrados, la muy benigna modificación en los procesos contra los parlamentarios y altos funcionarios del estado que en la práctica va a significar la impunidad para delitos como la parapolítica y que otorga facultades judiciales a notarios y abogados. La reforma no resuelve la congestión judicial, la enorme impunidad que hace que en Colombia solo se sancionen cerca del 5% de los delitos denunciados y que la justicia sólo opere cuando se trata de sancionar a los de ruana. En Colombia, como cualquier sociedad feudal, son los grandes señores los encargados de impartir justicia de manera privada y a su favor.  Se compra o amedrantan o asesinan  jueces y magistrados, se crean o contratan bandas criminales para asesinar a enemigos o testigos y para controlar territorios, se constituyen ejércitos para impedir que los campesinos recuperen las tierras de las que han sido despojados. ¨Por eso en el exterior se habla de que el Estado Colombiano es un “estado fallido”. La cultura mafiosa han permeado tanto todas las estructuras de la sociedad que el interés privado se hace primar siempre sobre el interés general. Como en el caso de la segunda reelección presidencial para el expresidente Uribe que fue aprobada por el congreso y tumbada por la Corte Constitucional, también en este caso será la Corte Constitucional la que podrá tumbar este acto legislativo. Pero quedarán pendiente de resolución dos temas muy serios: una verdadera reforma a la justicia y la sanción para quienes desde altos cargos del estado toman decisiones en provecho propio. En ellos se medirá la verdadera estatura de estadista y líder del presidente Santos y su contribución a la creación de un estado moderno y democrático en Colombia.