Bojayá: delicta juris gentium

 Mario Andrés Huertas Ramos

Lo sucedido en Bojayá se define, según el Estatuto de Roma, como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio; por lo tanto, resultan delitos imprescriptibles.

Como antecedentes del criminal suceso encontramos, primero, la toma de Vigía del Fuerte, en marzo de 2000. En la cual, cerca de 300 guerrilleros de los frentes 57 y 34 de las FARC sitiaron la cabecera municipal, atacando con armas no convencionales (cilindros-bomba) tanto la estación de Policía como el juzgado municipal, asaltando además el Banco Agrario.

El saldo: 22 policías muertos, 9 civiles asesinados, 10 policías secuestrados y 4 más heridos. Sin contar, por supuesto, los civiles que resultaron igualmente heridos.

Segundo, en abril de 2002, fueron secuestrados por las FARC el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y su consejero de paz, el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverry Mejía; quienes serían asesinados, junto a ocho militares, por la misma guerrilla al año siguiente.

Ahora bien, en el marco de la disputa territorial por el Medio Atrato entre Autodefensas y las FARC, el 02 de mayo de 2002 va a tener lugar el ataque indiscriminado al municipio de Bellavista, donde más de 300 personas se refugiaron del fuego cruzado en la iglesia municipal y en la casa de las Misioneras Agustinas.

Así, las FARC decidieron lanzar contra la iglesia varios cilindros-bomba y para evitar que los sobrevivientes pudieran salir ilesos, atentaron contra la casa de las Misioneras. El balance del ataque terrorista: 119 muertos, entre mujeres, hombres y niños, de los cuales 106 fueron víctimas directas de la explosión y las otras 13 murieron días después por daños colaterales. Toda una contravención a la dignidad humana.

Mientras tanto, las Fuerzas Militares, superando las dificultades climáticas y el bloqueo de las FARC, lograron llegar dos días después con la debida asistencia humanitaria. Por su parte, el presidente Pastrana llegaría el 9 de mayo.

Días posteriores a la entrada de Bellavista se levantó una pancarta que decía: “El 2 de mayo de 2002 aquí las FARC asesinaron a 119 personas ¡Que no se nos olvide nunca!”; lamentablemente, estos crímenes han ido silenciándose, en la opinión pública, por la bandera de “la paz” en la que se envuelven los autores de esta página aterradora de nuestra reciente historia en complicidad con el olvido intencionado de millones de colombianos.

Cabe recordar que, la guerrilla evitó que medios nacionales de comunicación pudieran llegar al lugar de los hechos; a cambio de ello, permitieron que CNN y The Washington Post dieran cubrimiento a la terrorífica noticia con el fin de dar su propia versión de los hechos y evadir así toda responsabilidad; tal como quedó consignado en el comunicado del 8 de mayo firmado por el Estado Mayor del Bloque José María Córdoba.

A pesar de esto, en el documento Bojayá: la guerra sin límites del Centro Nacional de Memoria se puede leer en la página 15 lo siguiente:

“La responsabilidad criminal de las FARC es incuestionable para el común de los colombianos. Fueron los guerrilleros del frente José María Córdoba quienes lanzaron un total de cuatro pipetas sobre la población, una de las cuales explotó en la Iglesia-refugio. Por eso suenan tan provocadoras las declaraciones del grupo insurgente, que presentan lo sucedido como un simple error o un daño involuntariamente causado, y que además trasladan la carga de la culpa a las Fuerzas Militares aliadas con las Autodefensas Unidas de Colombia”.

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