Presuntas irregularidades en un contrato para la cementación de vías en varios municipios del Huila, tienen enredados ante la Fiscalía a dos exsecretarios de Vías de la Gobernación y el exasesor jurídico, además del contratista y el exinterventor. En la mayoría de obras sobraron bultos de cemento. “No hubo planeación…”, dijo el ente acusador.
Rafael Rodríguez C.
Centenares de bultos de cemento que sobraron, direcciones inexistentes y calles que ya estaban pavimentadas en varios municipios, tienen enredados ante la justicia a tres ex funcionarios de la Gobernación del Huila, el contratista y el interventor, que suscribieron un contrato para la cementación de vías.
“No existió planeación…”, dijo la fiscal en la imputación de cargos a los exsecretarios de Vías e Infraestructura del Huila, Deicy Martina Cabrera Ochoa y Oscar Eduardo Bermeo Peña; Carlos Enrique Polanía Fierro, director del Departamento Administrativo Jurídico; Gustavo Mosquera Charry, contratista y representante legal de Colmucoop y Rafael Valderrama Cervera, interventor del contrato suscrito.
Los cinco procesados, deberán responder ante la justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público, que le imputó la delegada de la Fiscalía ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías. Ninguno aceptó los cargos.
“Yo estoy tranquilo…”, expresó Bermeo Peña, al manifestar que cuando el ingresó a ocupar la cartera de Vías e Infraestructura, el contrato y la adición ya se habían realizado. “Yo ingresé en enero del año 2008 y el contrato ya estaba, se hizo una adición en junio de 2007, yo no lo adicioné, ni bultos de cemento ni plata, nada de eso…”.
El abogado Ricardo Falla, defensor de Bermeo, manifestó que aún no se conocen los pormenores del proceso y sostuvo que están tratando de conseguir las pruebas correspondientes. “Apenas recibimos una imputación en la que nos están dando unos hechos que tengo que investigar, para ver que alcance tienen los mismos sobre la realidad procesal”.
Sostuvo que es un proceso de hace 13 años, por lo que están enviando derechos de petición a la Gobernación del Huila para obtener información respecto al contrato y sus pormenores. “Estamos es una etapa en la que la Fiscalía no corrió traslado de elementos materiales probatorios, porque no es su obligación, por eso estamos pidiendo derechos de petición en la Gobernación”.
La NACIÓN llamó en varias oportunidades a la exsecretaria de Vías e Infraestructura, Deyci Martina y le envió un mensaje de WhatsApp para conocer su posición respecto a la investigación e imputación, pero no se obtuvo respuesta.
Vías pavimentadas y direcciones ‘fantasmas’
El contrato que tiene en la mira de la justicia a los exfuncionarios y particulares, fue suscrito por la entonces secretaria de Vías e Infraestructura, Deyci Martina con el contratista y representante legal de Colmucoop, Rafael Valderrama Cervera, era para el suministro de 125 mil bultos de cemento gris de 50 kilogramos para vías urbanas en distintos municipios huilenses.
Según la Fiscalía el valor del contrato superó los 2.500 millones de pesos, y tuvo una adición en más de 592 millones de pesos, con un tiempo de ejecución de siete meses contados desde la suscripción del acta de inicio, en el 2007.
En las pesquisas de los investigadores, donde se adelantaron las cementaciones, encontraron que en varios municipios sobraron bultos de cemento, como fue en el caso de Timaná, donde se suscribió un convenio, solicitaron cemento, hicieron un adicional 1.318 bultos y les sobró el material.
Una situación similar se presentó en las poblaciones de Guadalupe y Suaza, donde hubo un excedente de 573 y 557 bultos de cemento respectivamente, e hicieron un acta de justificación “de amplificación para incluir otras vías que no se había tenido en cuenta”.
“No existió planeación, pues no se advirtió la necesidad de cada municipio en relación con la pavimentación de sus vías urbanas, tampoco se puntualizó la cantidad requerida por cada uno. Esto conllevó que varios municipios tuvieran que suscribir convenios adicionales por falta de cemento, mientras que a otros les sobró esta materia prima”, manifestó la fiscal en la imputación de cargos a los cinco procesados.
A la presunta falta de planeación se sumó que en los convenios interadministrativos que la Gobernación suscribió, pese que en los estudios previos se había dicho que sería con 37 municipios, finalmente fueron 30 poblaciones.
Como si fuera poco, los investigadores encontraron que, en el municipio de Palestina, señalaron vías que ya se encontraban pavimentadas “tuvieron que ser modificadas por actas aclaratorias, es decir, sobró cemento”.
Mientras que en Acevedo encontraron los funcionarios de policía judicial, que unas vías no se pavimentaron porque en el municipio no existían las direcciones dadas. Sobrando así 675 bultos de cemento.
En las indagaciones a las adiciones a los convenios interadministrativos se encontraron los investigadores, que en el municipio de Rivera hubo 874 bultos de cemento de más y en Campoalegre 400 bultos sobrantes.
El ente acusador manifestó que a estas presuntas irregularidades se suman las que afectaron el principio de responsabilidad, al señalar que el contrato fue liquidado el 18 de julio de 2008, sin que se hubiera cancelado el impuesto de timbre que equivalía a 4 millones de pesos.