Cambios y reflexiones

Sergio Felipe Salamanca Borrero

 

Como abogado, joven y colombiano, y luego de esta semana de protestas, considero que el país debe reflexionar y replantearse cambios a futuro, especialmente en relación con ciertas instituciones y órganos. Digo esto, con ocasión del sepulcral silencio y ausencia que ciertos funcionarios han tenido, a lo largo de una semana en las que las garantías legales y constitucionales de muchos connacionales, han pasado a ser letra muerta.

Para no entrar en debates álgidos como el que genera la inviolabilidad del domicilio o el de los presuntos casos de desaparición de manifestantes, haré mención al bloqueo de internet que muchos usuarios de Cali manifestaron en días pasados, así como al reporte realizado por parte de Netblocks; organización que monitorea a nivel mundial, entre otras, la libertad de acceso a internet.

De acuerdo con un comunicado de esta organización, del día de ayer, “los datos de la red Observatorio de Internet Netblocks confirman la interrupción del servicio de Internet en Cali, Colombia, con el incidente desde aproximadamente las 4:30 p.m. del martes, hora local, hasta la mañana del miércoles 5 de mayo de 2021” (traducción propia). Lo irónico y triste de la situación, es que hace pocos días fue aprobado en último debate, el proyecto de ley mediante el cual se reconoce al internet como un servicio público de carácter esencial, “con el fin de propender por la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional (…)”

En un país en el que supuestamente se garantiza la libertad de expresión desde su propia Constitución y en el que supuestamente existe una superintendencia que ejerce “inspección, vigilancia y control” sobre los servicios públicos, este tipo de hechos hubiese sido suficiente para haber anunciado una investigación, o al menos, un pronunciamiento por parte del superintendente. Sin embargo, no puede perderse de vista el hecho de que los superintendentes son de libre y nombramiento y remoción por parte del presidente.

Es en este punto, y vista la situación, que debemos cuestionarnos si no sería mejor que ciertos cargos como las superintendencias, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía fueran elegidas de forma directa por el pueblo. Esto, con el fin de que cuenten con auténtica autonomía e independencia en la toma de sus decisiones, así como para evitar “entidades de bolsillo”.

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