La Nación
Camino a la justicia digital 1 27 octubre, 2020
Tecnología

Camino a la justicia digital

Después de esto ya no habrá vuelta atrás, hacia la vetusta justicia de las colas, el sello y el papel.

 

Juan Pablo Puentes Vargas

jp@juanpablo.co

La actual pandemia ha generado cambios positivos en algunos aspectos, uno de ellos la justicia. Nuestra rama judicial no se ha caracterizado por ser la más innovadora en materia tecnológica. Aún cosas que, en otros campos, incluso del mismo Estado, ya se venían haciendo, en la rama judicial todavía no. Esto responde a muchos factores, desde el conservadurismo que suele caracterizar al derecho, hasta el miedo o el desconocimiento de la tecnología. En cualquier caso, lo cierto es que la situación está empezando a traer a marchas forzadas a la prometida justicia digital.

Lo primero que hay que decir es que la incorporación de las nuevas tecnologías a la justicia tiene un fundamento ya antiguo. Desde 1996, la Ley 270 (Ley Estatutaria de la Administración de Justicia) nos dice (artículo 95) que se debe “propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia”. Normas posteriores como la Ley 527 de 1999 (validez de los documentos y firmas digitales), el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (2011) o el Código General del Proceso (2012), han reforzado o ayudado esta disposición de 1996.

Además de existir ya el fundamento legal, también existen las tecnologías y experiencias de implementación de las mismas en la justicia. A nivel internacional existen varias experiencias que se pueden mirar (www.remotecourts.org). Sin embargo, no hay que ir tan lejos para ver como la justicia digital puede avanzar, aún sin muchos recursos. La magistrada Victoria Quiñones, del Tribunal Administrativo del Magdalena, ha sido pionera en estos temas. Lleva ya más de una década avanzando en ese camino en su despacho, con sus propios recursos, mucha voluntad y trabajo en equipo. En su despacho, el cual ha ganado reconocimientos a nivel nacional, no solo han logrado digitalizar todos los expedientes, entre otras cosas han adelantado audiencias con presencia virtual remota de las partes de los procesos, todo ello con plena validez jurídica y antes de las actuales medidas de la pandemia. A quien le interese conocer un poco más, puede acceder al despacho virtual en www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com

Otro caso exitoso de justicia digital en nuestro país y diría que en condiciones más adversas por tratarse de un municipio alejado del centro del país y en una zona con una historia difícil de violencia, es la del Juzgado Promiscuo del Circuito del municipio de Puerto Rico – Caquetá www.jpcpuertorico.co. Este despacho, igualmente lleva varios años avanzando hacia la justicia digital y no solamente ha ganado reconocimientos a nivel nacional por su labor, sino que se ha convertido en un apoyo para otros juzgados del país. Estos avances en justicia digital le han significado a este juzgado ahorros de veintinueve millones de pesos, de acuerdo a lo señalado por uno de sus funcionarios en 2016. Todo esto a partir de una inversión inicial de solo 3 millones de pesos, de acuerdo a lo que se informaba hace unas semanas en un medio nacional.

Despachos como el de la doctora Quiñones y el de Puerto Rico, estaban bien preparados para los retos actuales del distanciamiento social. Todo esto, reitero, logrado con recursos limitados y de los propios funcionarios, lo cual es indicativo de que el problema no está tanto en el aspecto económico, a pesar de que por supuesto sí sean necesarias unas inversiones.

La pandemia afortunadamente obligó a que se tuvieran que dejar de lado las excusas y por fin y de manera acelerada se tuviera que avanzar hacia la justicia digital. Es así como llegamos al Decreto Legislativo 806 de 2020, el cual establece como regla general el uso de medios digitales para todos los trámites judiciales, volviendo el papel y la presencia física la excepción.

En un futuro artículo nos referiremos a los cambios particulares de las actuales medidas de justicia digital y los retos que estas traen. Por ahora finalicemos señalando que esto estará vigente durante por lo menos los próximos 2 años, aunque probable y afortunadamente, después de esto ya no habrá vuelta atrás, por lo menos de la misma manera, hacia la vetusta justicia de las colas, el sello y el papel.

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