Un espantapájaros con la soga al cuello recuerda el drama de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, que 20 años después de haber sido presionadas a abandonar sus tierras en las zonas de influencia paramilitar, comienzan a volver.
"No es que usted quiera vender, sino que es una obligación. Era una orden que venía de arriba", dijo a la AFP Miguel Galván, en referencia al momento en que miembros de estos grupos armados llegaron al campo de su padre en el departamento de Córdoba (norte), para ofrecerle comprar el terreno.
El hermano de Miguel, Antonio, cuenta que pese a que le propusieron un precio irrisorio de un millón de pesos (unos 500 dólares) por hectárea, éste no dudó en vender y partir con su familia a la ciudad de Montería, desde donde siempre guardó el anhelo de volver.
"Uno viene del campo. Llega a la ciudad y se encuentra amarrado", dijo Antonio con voz entrecortada. Con sus manos callosas, marcadas después de tantos años de trabajar la tierra, se seca las lágrimas.
"Me robaron la tierra"
La promulgación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en 2011 impulsó el retorno de las familias desplazadas, a través de un proceso en el cual los agricultores pueden pedir que los títulos sean revisados.
Las víctimas deben "venir a nosotros y decir: 'me robaron la tierra'. Les pedimos los datos de la identificación del predio", explicó Ricardo Sabogal, director de la estatal Unidad de Restitución de Tierras.
Las autoridades notifican al actual propietario para que defienda cómo adquirió la tierra y esas pruebas se llevan ante un juez de restitución, que finalmente decidirá a quién se le adjudica.
Ahora, Galván y su familia son propietarios de las cinco hectáreas que dejaron en la hacienda Santa Paula, que pertenecía a la familia Castaño, promotora de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bandas creadas para combatir las guerrillas, que cometieron miles de crímenes contra la población civil.
Los Castaño habían cedido legalmente parte de sus terrenos a agricultores de la zona, pero decidieron revocar estos derechos años después.
Esta zona "los conectaba con el mar, el Atlántico. Tenían un corredor de movilidad por acá y eso les permitiría un tráfico de drogas, de armas", cuenta Sabogal.
Después de que un fallo le devolviera el predio de su padre, Galván regresó, pero su progenitor murió antes de la restitución.
"Mi papá quería venir otra vez aquí y no pudo", aseguró Antonio, un hombre de tez quemada por el sol de esta zona del país, que atraviesa una larga sequía.
Desafíos de la restitución
Según Sabogal, el proceso de restitución puede durar aproximadamente un año, y si las familias obtienen un fallo favorable, pueden retornar, acompañadas por un grupo de la Policía, que vela por su seguridad.
Para "la gente que ha pasado por episodios de violencia, cualquier evento puede generar temor", explicó Evaristo Cataño, comandante del grupo de la Policía que vigila la hacienda.
El proceso avanza en medio de un conflicto armado que se extiende por 50 años y que aún no ha terminado. Aunque los paramilitares se desmovilizaron entre 2003 y 2006, aún existen bandas ligadas al narcotráfico que surgieron de ese proceso y que siguen delinquiendo.
En este sentido, la fundación Forjando Futuros, una ONG especializada en estos procesos, dice que 66 reclamantes de tierras han sido asesinados entre 2008 y 2014.
Del total de solicitudes de restitución esperadas por el gobierno, se han presentado cerca de 54.000, es decir un 15% de lo esperado. Esto se debe, entre otras causas, al temor a las amenazas y la desconfianza en las autoridades, apunta un informe de la ONG.
"Las autodefensas lograron cooptar todas las esferas de la sociedad. Existía una desconfianza total de las víctimas hacia el Estado", aseguró Rodrigo Torres, director territorial de Córdoba de la Unidad de Restitución de Tierras.
Sin embargo, las restituciones se realizan mayoritariamente en antiguas zonas de influencia paramilitar, ya que donde opera la guerrilla el proceso es más difícil: los ataques siguen vigentes.
"En zonas con influencia de la guerrilla, el proceso no marcha con la velocidad que lo hace en esas zonas", concluyó Sabogal.