Si por Neiva llueve, por Campoalegre no escampa. Mientras en la capital huilense hay varios concejales con investigaciones judiciales delicadas pendientes que, sin ruborizarse, buscan revalidar su credencial en las elecciones de octubre próximo, en la capital arrocera del Huila pasa algo similar.
La exalcaldesa de Campoalegre, Neyla Triviño Rojas, y otros seis concejales, acusados formalmente por la cuestionada concesión del servicio de alumbrado público, están en plena campaña política.
Todos están cuestionados por entregar en concesión el servicio de alumbrado público durante 20 años, sin las proyecciones técnicas ni soportes financieros.
Los hechos tienen que ver con el acuerdo 012 de 2012 que facultó a la entonces mandataria para comprometer vigencias futuras excepcionales a partir del año 2013 y hasta el año 2032, sin agotar todos los requisitos. El acto administrativo contemplaba la administración, operación, mantenimiento, repotenciación, modernización y expansión del alumbrado público de Campoalegre. Pero, no reunía los soportes financiero ni los requisitos legales exigidos, según la Fiscalía. El proyecto tampoco estaba inscrito y viabilizado en el Plan de Desarrollo ni contemplaba las inversiones previstas en el marco fiscal de mediano plazo, de obligatorio cumplimiento.
Lo que ha dicho la Fiscalía no es de poca monta: “Los concejales amparados en normas derogadas, facultaron a la ejecutiva para comprometer vigencias futuras excepcionales, más allá de su mandato”.
En ese orden de ideas, sobre Triviño, quien ha puesto su nombre a consideración de los campoalegrunos para volver a ser alcaldesa, pesa una acusación formal por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción.
Por cosas de la Justicia, el juicio contra los implicados se aplazó para junio del año 2020.
Mientras exista esa acusación, ni Triviño ni los demás políticos en campaña pueden decir que tienen las ‘manos limpias’.
Los campoalegrunos tienen la palabra el próximo 27 de octubre.
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“Sobre Neyla Triviño Rojas pesa una acusación formal por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción”