No deja de llamar la atención que los afectados por un fenómeno natural tengan que acudir a la Justicia en busca de una reparación por parte del Estado.
Hacemos referencia al reciente caso conocido por la opinión pública sobre una demanda que han interpuesto los afectados por la avalancha de 21 de febrero de 2017 que sacudió al municipio de Campoalegre. Como muchos recordarán, ese día río Frío se desbordó y arrasó con numerosas viviendas y locales comerciales en sectores como Panamá, Eduardo Santos, Carrera Novena y afectó otros barrios como Alfonso López, Sincelejo, Eugenio Ferro, San Martín, Las Mercedes, Villa Gloria y Mararay. Los daños se extendieron a los municipios de Rivera y Algeciras con unos tres mil damnificados.
En el caso de los comerciantes, se les prometieron ayudas que nunca llegaron. Concretamente, ellos alegan que las autoridades locales, regionales y nacionales, no hicieron ninguna gestión para prevenir las amenazas advertidas, ni atendieron las recomendaciones técnicas para contrarrestar o minimizar el riesgo. Tampoco para reparar los daños y asegurar la reactivación de los pequeños negocios, arrasados por toneladas de lodo, esparcidos por avenidas y barrios enteros. Y menos para la reconstrucción de la zona impactada.
Los afectados acudieron a diversas instancias estatales solicitando un plan de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. No obtuvieron respuesta.
Lamentablemente, el caso de Campoalegre es el reflejo de muchas de las tragedias naturales en este país. Al principio, la aparente solidaridad es total. Los políticos oportunistas acuden con algunas ayudas y posan para fotos y los funcionarios anuncian cuantiosas inversiones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la indiferencia y el olvido salen a relucir.
La Justicia tiene la palabra.
“Al principio, la aparente solidaridad es total. Los políticos acuden con algunas ayudas y posan para fotos y los funcionarios anuncian cuantiosas inversiones. Sin embargo, con el paso del tiempo, la indiferencia y el olvido salen a relucir”