La Nación
Campus de la Esap en Neiva podrá resucitar 1 24 febrero, 2021
INVESTIGACIÓN

Campus de la Esap en Neiva podrá resucitar

A pesar de los alarmantes casos de corrupción que originó la parálisis de la sede para Neiva, el proyecto podrá comenzar de cero. Un acuerdo con Fonade permitirá reactivar la obra. La meta: entregarla terminada en 18 meses.

 

RICARDO AREIZA

unidadinvestigativa@lanacion.com.co

 

La Escuela Superior de Administración Pública reactivará el proyecto para la construcción de la sede propia en Neiva paralizada desde hace cinco años por serios problemas de corrupción.

El campus, proyectado en las antiguas instalaciones de la Licorera del Huila, tomará un nuevo aire este año.

Según lo confirmó el director nacional de la entidad, Pedro Medellín Torres, se llegó a un acuerdo con Fonade para la terminación de las sedes, entre ellas la de Neiva. La meta es iniciar este año con un plazo de 18 meses para entregue la construcción contratada.

“El mejoramiento de la infraestructura y la gestión del conocimiento mediado por la virtualidad serán prioritarias en este año”, aseguró el director regional José Eduardo Corredor.

La sede territorial paralizada desde enero de 2016 en plena ruta crítica tendrá que ser replanteada totalmente. El acuerdo con Fonade aseguró la terminación, afirmaron funcionarios de la División de Infraestructura. Sin embargo, no aportaron detalles.

“Lo claro es que ya hay un acuerdo y la Esap emplazó a Fonade para que retome el proyecto y lo reactive este año”, precisaron.

 

Escepticismo

A pesar de la trascendental noticia, el escepticismo empaña la credibilidad.

La primera fase, según el cronograma inicial, debía iniciar el 30 de diciembre de 2013 y tenía que entregarse concluida el 30 de julio de 2014. Carreta. Nunca comenzó en esa fecha.

Los contratistas iniciaron las bases y fundieron algunas vigas. Luego suspendieron su ejecución.
La obra quedó paralizada en enero de 2016 mientras se revisaban los diseños estructurales por supuestas fallas detectadas cuando la obra ya había comenzado.

Los ajustes obligaron a revisar la nueva ruta. De acuerdo con el cronograma la obra debía reiniciarse en mayo 2016 para culminar en septiembre 2016. Tampoco se cumplió. Ahora se requerían recursos adicionales.

Ese año  se apropiaron nuevos recursos para la contratación y ejecución de la segunda fase con vigencias futuras, para entregar la sede en 2017. Otro carretazo. Los recursos se esfumaron y en el caso de Neiva, el proyecto quedó paralizado. Hoy está totalmente abandonada y en avanzado estado de deterioro.

El proyecto

El campus en Neiva fue incluido hace siete años como un gran aporte en un plan maestro de infraestructura para construcción de sedes en el país, ampliación y mantenimiento. La Gobernación del Huila le cedió un lote en las antiguas instalaciones de la Licorera del Huila, al lado del conjunto residencial Torres de Ipacaraí en el norte de Neiva.

La sede regional quedó abandonada como ocurrió con Barranquilla, Cali, Medellín, Tunja y Armenia. La inversión global proyectada para estas sedes ascendía a 65.000 millones de pesos.

El presupuesto inicial para Neiva fue estimado en 7.600 millones de pesos. De estos, el 8% corresponden a la gerencia del proyecto a favor de Fonade ($608 millones). Los recursos directos para invertir quedaron en 6.620 millones de pesos. La interventoría costaba 308 millones. Para los estudios y diseños para Neiva se destinaron 1.458 millones de pesos.

Luego el presupuesto asignado para la sede Neiva ascendió a 8.477 millones, de los cuales 878 millones corresponden a la vigencia de 2015.

En el 2017 se apropiaron recursos para la contratación y ejecución de la segunda fase con vigencias futuras y se fijó un nuevo plazo para entregar la sede en 2017.

Campus de la Esap en Neiva podrá resucitar 7 24 febrero, 2021
La meta es reactivar el proyecto este año.

Polémica contratación

Los escandalosos casos de corrupción destapados en Fonade, terminaron afectando la terminación del nuevo campus para la capital huilense.

La sede territorial quedó incorporada en el convenio 069 de 2013 firmado con el Fondo Financiero para Proyectos de Desarrollo (Fonade) y la Esap. Luego se firmó un segundo convenio, el 064, que permitía su ejecución.

Fonade se comprometió a ejecutar la gerencia integral del proyecto en un plazo de siete meses. Por su intermediación recibía un porcentaje que se incrementó sin ninguna justificación. Pero no cumplió.

La Oficina de Control Interno denunció que el convenio se firmó sin tener los diseños adecuados.

Los diseños fueron entregados a la Curaduría el 18 de septiembre de 2013. Los diseños tuvieron un costo de 1.458 millones de pesos. Sin embargo, presentaban fallas estructurales encontradas en plena ejecución, lo que obligó a suspender la obra en enero de 2016. Desde entonces quedó abandonada.

La contratación

Después de sortear las dificultades iniciales, la convocatoria arrancó el 26 de marzo de 2015. Se presentaron 24 proponentes. Solo cumplió el consorcio AB 014, conformado por Begar Andina SAS con el 51% y Organización Aycardi SAS con el 49%, ambas firmas foráneas.

Su propuesta económica por 6.379 millones de pesos fue seleccionada. El consorcio Constructores Asociados con sede en Montería (Córdoba) se quedó con la interventoría.

Cuando estaba en desarrollo se detectaron inconsistencias en los diseños y justo poco antes de cumplir el primer plazo la obra quedó al garete y en ruta crítica.

La gerencia del proyecto se pactó inicialmente en un 6% a favor de Fonade. Sin embargo, a pesar de los incumplimientos, el costo de la gerencia se aumentó de un momento a otro al 8% sin ninguna justificación. “Lo que significa que a Fonade se le premia por sus incumplimientos”, afirmó la Oficina de Control Interno de la entidad en un primer informe realizado en agosto de 2014.

“El convenio con Fonade no garantizó ninguna ventaja económica o financiera. No hay un costo-beneficio para contratar a través de un convenio interadministrativo y no a través de licitación pública”, reseñó la Oficina de Control Interno.

 Pagos polémicos

Y como si fuera poco, la forma de pago rompió todos los esquemas. La entidad recibía, según lo pactado, el 80% del valor contratado con un avance del 30% de la obra poniendo en riesgo los recursos públicos destinados para la construcción de la sede.

El primer pago anticipado del 30% se hacía a título de anticipo al suscribir el convenio interadministrativo. El segundo pago, equivalente al 20% con la aprobación del plan operativo. El tercer pago del 30% con la publicación de las reglas de participación en el proceso de selección del contratista de obra. Y el último pago del 20% con un avance certificado por la interventoría del contrato de obra de un 30%.

Lo lógico, según los expertos, era que el último pago se realice con el 100% de las obras contratadas o por lo menos de acuerdo con el avance de obra, como ocurre en todos los contratos para garantizar que los recursos girados se inviertan efectivamente en el proyecto. Pero no.

Además, el proyecto se contrató sin ninguna póliza de garantía, como ocurre con los demás contratistas.

Otras anomalías

El proyecto se desarrolló en medio de serios problemas de planeación e improvisación. Dos semanas después de haberse firmado el primer convenio, la entidad pidió una adición presupuestal por 429 millones de pesos, aceptada sin reparos por la Esap. Además, la entidad ha demostrado incapacidad técnica para ejecutar el proyecto.

Según funcionarios de la Contraloría, estas irregularidades podrían traducirse en un detrimento patrimonial no solo por la forma de pago anticipado, distinto a la figura de anticipo. “Debió pactarse pagos por anticipo y no pagos anticipados porque no se está recibiendo ni total ni parcialmente los bienes y servicio”, reportó la Oficina de Control Interno de la entidad.

En septiembre de 2017 la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación a los interventores por las anomalías registradas en las sedes de Santa Marta y Neiva.  Los interventores, al parecer, certificaron y recibieron a satisfacción los proyectos que nunca fueron ejecutadas.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal vinculó a Carlos Ernesto Perdomo Rubiano, Carlos Javier Espitia Palomino, y Javier Darío Santos Vanegas, representantes legales de las empresas DPC Ingenieros SAS, encargados de la interventoría al contrato 052 de 2011 para Santa Marta (Magdalena) y DAIMCO SAS y Consorcio Constructores Asociados, para el contrato 069 de 2013 para el campus de Neiva.

Favorecimiento

Otro reporte de Control Interno revela que año y medio después de haberse suscrito el convenio solo se habían recibido las obras correspondientes a la adecuación eléctrica de la sede de la Esap, lo que equivale a un 8% de los recursos del convenio. Sin embargo, la Esap desembolsó a Fonade el 96 por ciento de los recursos.

Según la Oficina de Control Interno, adicionalmente, se detectó un “evidente favorecimiento a favor de Fonade frente a los posibles rendimientos financieros que se produzcan por la no ejecución de los recursos. Los hallazgos nunca fueron desvirtuados.

En esa misma época se destaparon las redes de corrupción en Fonade, manejadas por los congresistas Musa Besaile y Bernardo ‘Ñoño’ Elías, beneficiados directamente con la celebración y ejecución de millonarios contratos.

En Fonade, según la Fiscalía, operaba una ‘empresa criminal’ para favorecer a contratistas. Desde aquí se direccionaban recursos para proyectos irregulares de vivienda en Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Caldas, Huila y Quindío.