Los reiterados incumplimientos de los contratistas, y, por supuesto, de Fonade, la entidad encargada de gerenciar el proyecto, han puesto en tela de juicio la terminación. La misma comunidad ha puesto en evidencia el deterioro de lo poco que se construyó.
“La obra está estancada, en avanzado deterioro, lo poco que se construyó está en riesgo. Adicionalmente hay otros riesgos asociados como el incremento en los costos de los materiales que elevan el costo final de la obra”, aseguró José Arbey Alarcón, dirigente de la Ciudadela Comfamiliar cercana al proyecto.
“Lo grave: lo que avizoramos es un detrimento patrimonial y posiblemente una nueva frustración para la comunidad, con un enorme perjuicio para la propia institución”, afirmó un exdirectivo de la entidad que pidió reserva. Y la preocupación tiene sentido. La improvisación, la falta de planeación y las trabas burocráticas terminaron afectando la inversión.
LOS TROPIEZOS
Según el cronograma inicial, la primera fase debía arrancar el 30 de diciembre de 2013 y tenía que entregarse el 30 de julio de 2014. Carreta. El año pasado se volvió a barajar. Dos empresas foráneas que quedaron con el contrato. Hoy el estado es crítico: suspendida.
Según la entidad, la obra quedó paralizada en enero del año pasado mientras se revisaban los diseños estructurales por fallas detectadas cuando la obra había comenzado.
Según el nuevo cronograma la obra debía reiniciarse en mayo 2016 para culminar en septiembre 2016. Tampoco se cumplió.
NUEVO CAMPUS
El campus en Neiva fue incluido como un gran aporte en un plan maestro de infraestructura para construcción de sedes en el país, ampliación y mantenimiento. Un lote cedido por la Gobernación en las antiguas instalaciones de la Licorera del Huila abrió las expectativas.
La sede regional quedó en la primera fase del proyecto nacional conjuntamente con Barranquilla, Cali, Medellín, Tunja y Armenia. La inversión global proyectada ascendía a 65.000 millones de pesos.
El presupuesto inicial fue estimado en 7.600 millones de pesos. De estos, el 8% corresponden a la gerencia del proyecto a favor de Fonade ($608 millones). Los recursos directos para invertir quedaron en 6.620 millones de pesos. La interventoría costaba 308 millones. Para los estudios y diseños para Neiva se destinaron 1.458 millones de pesos.
El presupuesto asignado para la sede Neiva, según el último reporte, asciende a 8.477 millones, de los cuales 878 millones corresponden a la vigencia de 2015.
El año pasado se apropiaron recursos para la contratación y ejecución de la segunda fase con vigencias futuras y se fijó un nuevo plazo para entregar la sede en 2017.
UN MAR DE DUDAS
El abandono de la obra deja un mar de dudas sobre la continuidad de la obra, la calidad, seriedad y capacidad de los ejecutores.
“La idoneidad de los contratistas y de la entidad ejecutora del proyecto están en tela de juicio. Nadie conoce la trayectoria, el historial empresarial ni la capacidad técnica y financiera”, expresó Alarcón.
“En el proyecto hay recursos públicos en juego que debemos defender, sin duda. Recursos que están en riesgo de perderse”, aseguró Rosalba Sánchez, vecina del sector.
“Del deterioro y abandono de la obra es que está quedando una sensación de improvisación, hay unos riesgos asociados que encarecen la obra y la hace inviable por no tener el musculo financiero suficiente que puede hacer fracasar el proyecto”, insistió Alarcón.
INCUMPLIÓ
La sede territorial quedó incorporada en el convenio 069 de 2013 firmado con el Fondo Financiero para Proyectos de Desarrollo (Fonade) y la Esap. Luego se firmó un segundo convenio, el 064, que permitía su ejecución.
Fonade se comprometió a ejecutar la gerencia integral del proyecto en un plazo de siete meses. Por su intermediación recibía un porcentaje que se incrementó sin ninguna justificación. Pero no cumplió.
Aunque inicialmente la Oficina de Control Interno denunció que el convenio se firmó sin tener los diseños, finalmente la entidad demostró que no era cierto.
Los diseños fueron entregados a la Curaduría el 18 de septiembre de 2013. Los diseños tuvieron un costo de 1.458 millones de pesos. Sin embargo, fallas estructurales encontradas en plena ejecución, obligaron a suspender la obra en enero del año pasado.
LA CONTRATACIÓN
Después de sortear las dificultades iniciales, la convocatoria arrancó el 26 de marzo de 2015. Se presentaron 24 proponentes. Solo cumplió el consorcio AB 014, conformado por Begar Andina SAS con el 51% y Organización Aycardi SAS con el 49%, ambas firmas foráneas.
Su propuesta económica por 6.379 millones de pesos fue seleccionada. El consorcio Constructores Asociados con sede en Montería (Córdoba) se quedó con la interventoría.
Cuando estaba en desarrollo se detectaron inconsistencias en los diseños y justo poco antes de cumplir el primer plazo la obra quedó al garete y en ruta crítica.
LA ADMINISTRACIÓN
La gerencia del proyecto se pactó inicialmente en un 6% a favor de Fonade. Sin embargo, a pesar de los incumplimientos, el costo de la gerencia se aumentó de un momento a otro al 8% sin ninguna justificación. “Lo que significa que a Fonade se le premia por sus incumplimientos”, afirmó la Oficina de Control Interno de la entidad en un primer informe realizado en agosto de 2014.
Y como si fuera poco, la forma de pago rompe todos los esquemas. La entidad recibía, según lo pactado, el 80% del valor contratado con un avance del 30% de la obra poniendo en riesgo los recursos públicos destinados para la construcción de la sede.
El primer pago anticipado del 30% se hacía a título de anticipo al suscribir el convenio interadministrativo. El segundo pago, equivalente al 20% con la aprobación del plan operativo. El tercer pago del 30% con la publicación de las reglas de participación en el proceso de selección del contratista de obra. Y el último pago del 20% con un avance certificado por la interventoría del contrato de obra de un 30%.
Lo lógico, según los expertos, es que el último pago se realice con el 100% de las obras contratadas o por lo menos de acuerdo con el avance de obra, como ocurre en todos los contratos para garantizar que los recursos girados se inviertan efectivamente en el proyecto.
Otra perla: el proyecto se contrató sin ninguna póliza de garantía, como ocurre con los demás contratistas.
Los reiterados incumplimientos de Fonade, como ha ocurrido con otras obras, está generando graves perjuicios. No sólo retrasó la ejecución de la obra que debía entregarse en el 2014.
“Las demoras incrementaron el costo de las obras contratadas y están generando un mayor detrimento con el pago del arriendo de la sede que se pudieron evitar con la terminación de la obra”, afirmó uno los funcionarios de entidad.
Adicionalmente, el estado de abandono de la obra afecta las estructuras que deben revisarse. Igual ocurre con el material abandonado al aire libre en serio deterioro.
El convenio con Fonade no garantiza ninguna ventaja económica o financiera. No hay un costo-beneficio para contratar a través de un convenio interadministrativo y no a través de licitación pública.
¿IMPROVISACIÓN?
El proyecto se desarrolla en medio de serios problemas de planeación e improvisación. Dos semanas después de haberse firmado el primer convenio, la entidad pidió una adición presupuestal por 429 millones de pesos, aceptada sin reparos por la Esap. Además, la entidad ha demostrado incapacidad técnica para ejecutar el proyecto. Hoy está paralizado.
Según funcionarios de la Contraloría, estas irregularidades podrían traducirse en un detrimento patrimonial no solo por la forma de pago anticipado, distinto a la figura de anticipo. “Debió pactarse pagos por anticipo y no pagos anticipados porque no se está recibiendo ni total ni parcialmente los bienes y servicio”, reportó la Oficina de Control Interno de la entidad.
OTROS HALLAZGOS
Según un reporte interno con corte al 12 de julio de 2013, año y medio después de haberse suscrito el convenio solo se habían recibido las obras correspondientes a la adecuación eléctrica de la sede de la Esap, lo que equivale a un ocho por ciento de los recursos del convenio. Sin embargo, la Esap ha desembolsado a Fonade el 96 por ciento de los recursos.
Según la Oficina de Control Interno, adicionalmente, se detectó un “evidente favorecimiento a favor de Fonade frente a los posibles rendimientos financieros que se produzcan por la no ejecución de los recursos. Los hallazgos no fueron desvirtuados.
Fonade pondrá la cara
Ante las reiteradas quejas de estudiantes y organismos de control, la Esap, en la ruta de la excelencia, como reza su slogan, se propone reactivar el proyecto y terminarlo.
La directora de la entidad, Claudia Marcela Franco Domínguez, anunció que la meta es terminar las sedes de Neiva, Armenia, Tunja, Barranquilla, Medellín y Cali.
“Se tiene previsto que para el segundo semestre de 2018, estas obras de importancia capital para la comunidad esapista sean entregadas para su uso y disfrute, siendo dimensionados desde el diseño bioclimático amigable con el medio ambiente”, afirmó la entidad en un comunicado.
“Los inconvenientes acaecidos con las sedes en las ciudades de Neiva y Santa Marta no reflejan la generalidad de la ejecución de proyectos en convenios con el Fondo”, explicó la funcionaria.
“Sin embargo, en casos como estos, los riesgos que generen la ejecución de un convenio son asumidos por Fonade, repitiendo en los casos en que haya lugar contra contratistas, diseñadores, interventores y demás actores que generen el incumplimiento”, afirmó Franco Domínguez.
La funcionaria confirmó que el viernes de la próxima semana estará en Neiva con el gerente de Fonade, Ariel Aduén Ángel, para reafirmar la voluntad de terminar la obra y analizar los avances y nuevos cronogramas. ¿Cumplirán?
El campus de la Esap, ¿en la ruta de la excelencia?
Una falla estructural habría ocasionado la suspensión de la obra.
Reactivar el proyecto demandará obras adicionales.
