Candidato omnipotente. Gobernante incapaz e irresponsable, salvo poquísimas excepciones, es el infortunio de Colombia. Cada gobernante resulta peor que el anterior. Los resultados lo demuestran.
En el común, domina el criterio de que “eso es del gobierno” o “que roben pero que hagan algo”, no importa el resultado. Es un monumental error. Las inversiones, gastos y corrupción del desgobierno, se financian con impuestos, que pagan todos los ciudadanos. Proporcionalmente a los ingresos, el pobre paga más impuestos que el rico.
El gobernante, generalmente carece de interés verdadero y responsabilidad para hacer conocer del público, el contenido y alcance de proyectos e inversiones.
Generalmente se interesa es con quién contrata. De ahí los sobrecostos, la mala calidad y el sainete de adiciones y justificaciones.
Ha ocurrido en Neiva y el Departamento, en muchos casos y en toda la geografía nacional.
El antisocial proyecto El Quimbo: Uribe y sus secuaces lo impusieron, sin importarles los legítimos intereses del Departamento y municipios que resultan indiscutiblemente afectados.
El proyecto de riego Paicol-Tesalia, lo impusieron sin análisis responsable de los estudios y diseños y el mismo mesías y sus secuaces, hicieron embarcar al departamento en crédito de $40.000 millones, que entregaron para que la influencia del mesías, decidiera su adjudicación. A sus amigotes Nules, a través de un consorcio. Por pago de capital e intereses, el departamento pagará más de $60.000 millones, aunque la obra no la terminen nunca. Entre otros muchísimos casos.
El municipio de Neiva, gastó más de $20.000 millones en la construcción del Tizón, sin ser obra prioritaria. El alcalde la impuso y a nadie le importó, mientras las vías urbanas nunca han sido prioritarias, para ningún alcalde.
La supuesta optimización del acueducto, contra viento y marea, el mismo gobernante la impuso, advertido de que los estudios y diseños eran y son insostenibles, técnica y económicamente. Los resultados están en las bocatomas El Guayabo, El Tomo, sistema de potabilización y el barril sin fondo del Reservorio.
Actualmente, sin soporte técnico-económico justificable y contra los intereses reales de la comunidad presente y futura, la Administración Municipal quiere imponer un sistema de tratamiento de aguas residuales, que solo encuentra explicación en la irresponsabilidad administrativa, ética y moral.
¿Quién responde? ¿La impunidad jurídica y social?
La Contraloría, Procuraduría, Fiscalía no articulan resultados, como siempre. Procuraduría y Fiscalía debe escudriñar el contrato y desarrollo de diseños del proyecto de tratamiento de aguas residuales. Costos, presupuestos, volúmenes de obra y cumplimiento de la ley, del proyecto en general. Imponer ese proyecto es aberración de la actual administración.
Diseño y selección del proyecto de tratamiento de aguas, exige mucha responsabilidad de funcionarios y diseñadores, por costos, análisis de alternativas, para seleccionar el más conveniente a los usuarios.
Los usuarios tienen que pagar el mantenimiento y operación del sistema, por ordenamiento de ley. De acuerdo con el sistema que seleccionen será más o menos costoso. Puede superar hasta los $70.000, mensuales, por factura, si seleccionan un sistema costoso, como parece ser.
Son consecuencias propias de los malos gobiernos.