Las crisis actual del Sistema Nacional de Salud colombiano (Ley 100/93), es consecuencia directa de las decisiones del poder público institucional nacional, consistente en estructurar un sistema que permitiera convertir un derecho fundamental humano, en un negocio, de alta rentabilidad, para beneficio exclusivo de unos pocos comerciantes inescrupulosos.
El Sistema, fue estructurado para, acatar y cumplir órdenes y compromisos contraídos, por los representantes de las élites en el poder público, en alianza con los gremios económicos, para aceptar y aprobar lo dispuesto por el Consenso de Washington (1989). Los Gobiernos, los poderes públicos y el marco legal que rige el actual sistema de salud, han facilitado sistemáticamente la satisfacción de objetivos de rentabilidad, acumulación y concentración del capital de la salud, en bolsillos de privados.
En consecuencia, la reforma del sistema nacional de salud, constituye un imperativo ético social y social, para corregirlo integralmente. Igual ocurrió con los Fondos Privados de Pensiones, con la privatización de la infraestructura vial nacional, a través de las concesiones viales, etc. Las deficiencias y precariedades, en oportunidad y calidad del servicio, del Sistema Nacional de Salud, desde el inicio, fueron evidentes. No han sido corregidas.
La institucionalidad estimuló la privatización de la oferta asistencial y científica en salud. Hubo improvisación, laxitud, politiquería, clientelismo, corrupción, caos y anarquía en la implementación del nuevo negocio. El de la salud de los colombianos. Hubo y hay estudios y diagnósticos sustentables, sobre las causas de las deficiencias y mala calidad, de procedimientos diagnósticos y terapéuticas, del laxo control y vigilancia del sistema existente, pero los gobiernos se han negado a corregirlas. Son hechos y factores que debe corregir la reforma del sistema de salud.
No fue posible optimizarlo con más de 200 decretos reglamentarios de la ley 100/93, dos leyes reformatorias y una estatutaria (2.015). La situación económica del Sistema es cada día peor e irreversible la privatización. La reforma debe erradicar todas las deficiencias El ordenamiento legal que rige el sistema de salud existente, mantiene, cómplice e irresponsablemente, todos los factores que lo hacen inviable.
La ley 1122/2.007, fue aprobada con el argumento de mejorar la prestación de servicios al usuario. La Ley 1438/2.011, para fortalecer el sistema general de seguridad social en salud. En ambos casos, los resultados son totalmente contrarios al supuesto propósito de las leyes que pretendían mejorar el Sistema. Con la ley 100/93, pretendían alcanzar cobertura total en el año 2000. En ese año, Colombia ocupaba el puesto 41, entre 191 países de la OMS. Y desde el 2013, el Sistema estaba colapsado y cooptado por la corrupción de toda índole, coadyuvada por la irresponsabilidad e impunidad institucional y continúa bajo el mismo espectro y amenaza.
El sistema es inviable, por irresponsabilidad del Poder Público o sea, del Régimen Político-Económico vigente, caracterizado por el favoritismo sesgado en favor de unos pocos explotadores del negocio y la corrupción administrativa, en EPS e IPS.
Creció la Cobertura por afiliación, pero sin atención con calidad, ni oportunidad. El Sistema de Salud lo convirtieron en un negocio, entregado a habilidosos explotadores, usufructuarios, coadyuvados por amplia impunidad.
El Sistema de Salud de Colombia, puede salvarse, manteniendo los ordenamientos positivos de la Ley 100/93, mediante una nueva ley que reestructure integralmente el Sistema de Salud vigente, bajo el criterio de que es un servicio para responder por un Derecho Fundamental Humano y no un negocio para maximizar ganancias del sector privado.
La suma de los recursos financieros, para cubrir los costos del sistema, proyectados para el año 2023, supera los $70 billones, en el Presupuesto de la Nación y en el año 2024 superan los $86 billones, sumas suficientes para garantizar, bajo racional control del Estado y costos racionales de insumos, servicios, medicamentos, administrativos, operativos y logísticos, servicio en salud de buena calidad, a todos los colombianos, que lo requieran.
La irresponsabilidad de los Gobiernos, en el control y vigilancia del sistema, la impunidad judicial y la corrupción tolerada, por la institucionalidad, lo ha hecho inviable y lo convirtió en filón de los delincuentes de cuello blanco. La apropiación ilegal de los dineros de la salud ha sido y es creciente, de diversas maneras. En el 2000, hace 24 años, fue creado un Grupo Élite, en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, para recuperar los dineros perdidos de la salud (en ARS).
Existen los fantasmas burocráticos de la CRES y Superintendencia Nacional de Salud, para vigilar y controlar los actores del sistema. Las investigaciones no arrojan resultados satisfactorios. La justicia está corrompida hasta la médula y cooptada por la politiquería, el clientelismo y la corrupción. Los saqueadores del Sistema, gozan de total impunidad. Los gobiernos han sido defensores incondicionales de las EPS privadas. En particular los gobiernos de Uribe Vélez, para acabar con las EPS públicas, hasta lograrlo. Entre otros, el ICSS.
Uribe Vélez, señaló como causa de la crisis financiera del sector la irresponsabilidad médica por los abusos del «no POS» y criminalizó el ejercicio de la profesión, por recetar medicamentos demasiado costosos, que él mismo ordenó desregularles los precios, en los primeros seis años de sus gobiernos (2002-2010). Y el perverso uribismo y los gremios económicos, actualmente, desde todos los frentes, son los mayores detractores de la reforma del sistema de salud, del actual gobierno.
Los gobiernos se han negado a hacer control y regulación efectivos de los precios de los medicamentos, de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y diversos insumos, requeridos por el sector. Todos deben ser racionalmente regulados y controlados, dentro de lo establecido en el ordenamiento legal. Uribe hizo lo contrario. Los desreguló. Las EPS y ARS tenían definido el porcentaje que debían destinar a la atención en salud y a gastos de promoción, prevención y administración. No lo acataron. Se dedicaron a capitalizarse con esos dineros. Nadie hizo control oportuno.
Los gobiernos, obsecuentes con la irresponsabilidad de la clase política y los objetivos del mercado, son los únicos responsables de la pésima calidad del servicio de salud y del caos administrativo, operativo y económico que ahoga al sistema. La pandemia desnudó la precariedad del deficiente Sistema. 80% de sus trabajadores tienen vínculo por prestación de servicios, 48% tienen que adquirir por su cuenta los recursos logísticos de protección laboral. Un alto porcentaje no recibe los pagos de honorarios y/o servicios, oportunamente, entre muchas otras falencias del Sistema.
Los gobiernos y el Congreso, tienen la obligación de actuar responsablemente para solucionar toda la problemática del Sistema Nacional de Salud y de ordenar investigar los responsables de toda la problemática relacionada con la salud. Los ciudadanos tienen el derecho de exigirlo y de lograr resultados. Sin eliminar el dominio mercantil del Sistema, por parte del sector privado, no puede haber Reforma racionalmente social.
La problemática del sistema de salud colombiano, están íntimamente articulada con el modelo económico-político de Mercado, tutelado por del capitalismo salvaje, impuesto y sostenido por EE. UU y sus aliados geopolíticamente, en su condición de singular y dominador estado, que se convirtió en el mayor estado terrorista y criminal del planeta.
Si a través del Congreso es imposible lograr una reforma integral racionalmente social, se tiene que recurrir al Constituyente Primario inmediatamente y convocar un referendo para lograr las reformas integrales, que demanda el Sistema.