La dura confrontación generada esta semana entre la Alcaldesa de Bogotá y el Presidente Petro por la propuesta del primer mandatario de soterrar el metro de la Capital, tiene como telón de fondo la interpretación jurídica que cada parte hace del contrato de concesión firmado con la empresa china que lleva un 18% de ejecución de la obra.
De acuerdo al pliego de condiciones, se estableció como objeto del contrato la construcción de una línea superficial de 23,9 kilómetros que partiría de Bosa en el sur de la ciudad hasta la calle 72 en el norte. En ese sentido, se escogió al consorcio chino porque su propuesta y experiencia era la mejor para construir el metro elevado, que según el cronograma deberá entrar en funcionamiento en 5 años.
En términos jurídicos, los contratos son ley para las partes y existe la obligación de cumplir lo pactado. En principio, estos pueden ser modificados siempre y cuando no implique la alteración de las condiciones básicas del mismo.
A pesar de que amplios sectores de juristas expertos en temas contractuales han afirmado lo arriesgado que sería realizar modificaciones en algo tan esencial como soterrar el metro, el Gobierno pagó por un concepto $119 millones al exconsejero de Estado Enrique Gil Botero, quien obviamente conceptuó favorablemente bajo el argumento de que es viable la aplicación de la cláusula excepcional de modificación unilateral de la relación contractual, pues consideró que el cambio es “necesario y determinante”.
De ceder a este capricho presidencial, existe un gran riesgo de acciones judiciales por cambiar las condiciones esenciales del contrato, así como el encarecimiento de la obra y la ampliación para la entrega que iría más allá de 2034.
Igualmente son reprochables las palabras del Ministro de Transporte, quien amenazó con paralizar los recursos que requiere la Capital para otras obras lo cual es inaceptable, pues viola la autonomía de los entes territoriales. Ojalá que los controles previstos en la Constitución funcionen en este caso, para evitar un descalabro financiero y la imposición autoritaria del capricho presidencial.