Pese a que la Constitución Política y la Ley consagran la obligación de todo colombiano de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, pata defender la independencia nacional y las instituciones públicas, la prestación de ese servicio a la patria ha sido, por siempre, otra odiosa e irritante forma de discriminación en la que los jóvenes de menores recursos, y posibilidades, terminan siendo el grueso de las tropas y carne de cañón del conflicto armado. Pese a que la Constitución Política y la Ley consagran la obligación de todo colombiano de tomar las armas cuando las necesidades públicas lo exijan, pata defender la independencia nacional y las instituciones públicas, la prestación de ese servicio a la patria ha sido, por siempre, otra odiosa e irritante forma de discriminación en la que los jóvenes de menores recursos, y posibilidades, terminan siendo el grueso de las tropas y carne de cañón del conflicto armado. Así acaba de ocurrir con los once soldados, llamados “regulares”, asesinados por la guerrilla que, con pocos meses de entrenamiento ejercían duras tareas en una de las zonas más complejas para el orden público como es Arauca. Esos muchachos habían sido reclutados a la fuerza, dentro de las “batidas” que suele realizar el Ejército Nacional en las áreas más deprimidas de las ciudades y pueblos. La verdad es que ni todos los colombianos van al servicio militar ni todos los que van lo hacen a áreas de combate. De la minoría cumplen ese deber, la mayoría es de estratos bajos y es ese grupo, justamente, el que mayor tiempo debe permanecer en filas junto con otro sector de soldados profesionales quienes, por voluntad propia y generalmente en aras del sueldo, tienen el mejor entrenamiento y sí están plenamente capacitados para enfrentar a los grupos delincuenciales. No es un secreto, y pareciera una situación aceptada sin discusión ninguna, que la tropa colombiana está integrada por muchachos cuya condición social, económica y falta de acceso a la educación los pone de frente contra enemigos poderosos, entrenados y alienados para matar o morir por causas supuestamente revolucionarias. El resto de la población, la que sí ha tenido oportunidades de estudio, condición económica, social o política de algún privilegio, generalmente logra ser eximida de esa obligación, bien por razones legales o por un entramado de tráfico de influencias y oscura corrupción que se lucra de los procedimientos de acceso especial a las oficinas de reclutamiento. Colombia está en mora, siendo consecuentes con la Constitución Política del 91, de generar un sistema equilibrado, igualitario y justo de prestación del servicio militar. Y razones no faltan para que los padres hagan lo legal y lo ilegal para evitar que sus hijos vayan al Ejército, considerando el convulso panorama que les espera. La tesis del “soldado universal”, anunciada por el Comandante de las Fuerzas Militares, debería ser el camino, como política para avanzar en la profesionalización de deben tener las fuerzas armadas. “La tesis del “soldado universal”, anunciada por el Comandante de las Fuerzas Militares, debería ser el camino, como política para avanzar en la profesionalización de deben tener las fuerzas armadas”. Editorialito El drama vivido por una madre, encadenada frente a Solsalud, implorando el suministro de un medicamento urgente para su bebé, es un dramático cuadro de la deshumanización del servicio y la intransigencia de unas EPS´s convertidas en un negocio antes que un servicio público. ¿Qué pasó con las medidas antitrámites?