Hace tres días, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que se investiguen presuntas irregularidades de congresistas en los hechos de corrupción ocurridos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres.
Lo que comenzó con el escándalo de los carrotanques comprados para llevar agua a La Guajira, estalló en mil pedazos, evidenciando presuntos sobornos y tráfico de influencias en millonarios contratos que ya vinculan a nueve congresistas: Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur, Julio Elías Chagüi, Karen Manrique, Liliana Ester Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo.
Mientras el país enfrenta otro gran escándalo de corrupción, en el Huila tenemos nuestros propios “camiones de la vergüenza”. En octubre del año pasado, durante el periodo del gobernador Luis Enrique Dussán, a través de su secretario de gobierno, Mauricio Muñoz, se firmó un contrato para la compra de seis camiones que serían entregados a los cuerpos de bomberos de Neiva, Garzón, La Plata, Rivera, Campoalegre y Pitalito.
Cada uno de los seis camiones tuvo un valor de 726 millones de pesos. En total, el contrato superó los 4,356 millones de pesos, recursos públicos del fondo de regalías.
El 29 de diciembre llegaron los vehículos, siendo recibidos a satisfacción por la gobernación, pese a que estos no cumplían con las condiciones necesarias para realizar labores de apoyo y rescate, además de la imposibilidad de llevar tripulación, por lo que los bomberos decidieron no recibirlos.
Ante las críticas, la respuesta de la gobernación y el contratista fue que les harían entonces algunas modificaciones a los vehículos a través de ensambles a las estructuras y extensiones al chasis. Esta propuesta fue rechazada automáticamente por el Ministerio de Transporte, pues los vehículos ya fueron matriculados como tractocamiones y es imposible aceptar ahora estos cambios estructurales, que además podrían derivar en riesgo para los tripulantes y el personal de apoyo.
Han pasado nueve meses desde la adjudicación del contrato, sin que haya algún tipo de avance. Los camiones llevan casi siete meses parqueados, devaluándose y sin ser puestos al servicio de la comunidad, generando un detrimento patrimonial, sumado a las matrículas que se hicieron y que al final no sirvieron. Pese a que la Procuraduría regional ya solicitó un informe al respecto, no se ven avances en las investigaciones para determinar la responsabilidad disciplinaria de los implicados. También la Fiscalía deberá ser diligente en las pesquisas que permitan castigar a los responsables de este nuevo descalabro administrativo.