Después de cinco años de investigaciones, la CGR abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal a un entramado empresarial opita por un escandaloso fraude con subsidios de vivienda campesina.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Las tres empresas del conglomerado del contratista huilense Jaime Saavedra, comenzaron a responder por el escandaloso fraude en los subsidios de vivienda para campesinos pobres otorgados en el 2014 por el Banco Agrario.
La Contraloría General de la República les abrió un nuevo proceso de responsabilidad fiscal por la pérdida de recursos públicos en proyecto de vivienda campesina, adjudicados para varios municipios en Cundinamarca. Sin embargo, registra otros enredos similares en el Huila, en la Costa, en Yopal (Casanare) y en el Meta.
En este proceso responden la Cooperativa ‘Creer en lo nuestro”, la fachada para las contrataciones, representada por Leidy Viviana Gómez Sepúlveda; la constructora Entorno, representada por William Artunduaga Moreno y la constructora Prodeco de Jaime Saavedra, representada legalmente por Carlos Andrés Salamanca.
Las tres empresas integran el mismo carrusel y se alternan la representación dependiendo del contrato. Es la misma estrategia utilizada para acceder a la contratación estatal.
En unos contratos aparece una de las empresas como ejecutora, en otras como interventora y en otras como operadora. Las empresas con los mismos accionistas, solo que se rotan la administración y operación de los contratos con un agravante: ninguna cumple con los requisitos y en la mayoría de los casos, todas incumplen los contratos.
La estrategia quedó evidenciada en la construcción de tres proyectos de vivienda campesina, cuya defraudación se estima en 9.103 millones de pesos, según el organismo de control.
Los proyectos, fueron priorizados entre 2015 y 2016 en el Pacto Agrario, diseñado luego de los paros agrarios.
Las irregularidades fueron develadas hace cinco años, pero solo ahora, aparecen los primeros resultados.
Polémico contrato
El Banco Agrario suscribió el contrato C-GV2014-017 con la Cooperativa de Profesionales de Colombia (Creer en lo Nuestro) de propiedad de Jaime Saavedra, perfeccionado el 10 de diciembre de 2014.
La gerencia integral operaría nueve proyecto de Vivienda de Interés Social Rural en los municipios de Arbeláez, Fusagasugá, Pandi, Pasca, San Bernardo, Silvania y Venecia en Cundinamarca.
El 17 de marzo de 2021, la Dirección de Investigaciones ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por las anomalías en la ejecución.
Los proyectos beneficiarían a 371 hogares de campesinos de escasos recursos económicos. El plazo de ejecución fue establecido en ocho meses, sin embargo quedó a media marcha y lo poco construido registraba graves fallas estructurales.
La medida está contenida en el Auto 00225 firmado por el director de Investigaciones Ricardo Andrés Rojas Sánchez.
Responden otra vez, las tres empresas de la misma organización de los Jaime Saavedra: la Cooperativa ‘Creer en lo nuestro”, representada por Leidy Viviana Gómez Sepúlveda, encargada de la Gerencia Integral y por lo tanto, responsable del manejo de los subsidios asignados efectivamente a los hogares beneficiarios para proyectos de vivienda rural, mejoramiento y saneamiento básico, en cuantía de 5.248 millones de pesos, más las contrapartidas que ascendieron a 2.245 millones de pesos. En total, la fingida Cooperativa ‘Creer en lo Nuestro’ encargada de la gerencia integral, debía manejar para estos proyectos 7.494 millones de pesos.
La Gerencia Integral contrató con la constructora Entorno, otra empresa del mismo grupo del señor Saavedra, la ejecución de las obras. Y para rematar, le adjudicó la interventoría a Prodeco otra empresa del mismo entramado empresarial, representada legalmente por Carlos Andrés Salamanca, quien figuraba como interventor.
Plata perdida
La empresa contratista, recibió un primer desembolso el 13 de agosto de 2015; el contrato fue suspendido entre el 23 de junio de 2016 al 22 de julio de 2016 y tuvo dos prórrogas: la N° 1 suscrita el 30 de marzo de 2016, hasta el 13 de octubre de 2016 y la Modificación N° 1 Prórroga N° 2 del 10 de noviembre de 2016,
Pese a las prórrogas y la modificación, el 22 de agosto de 2017 el Banco Agrario dio por terminado y liquidó unilateralmente el contrato por incumplimiento.
La Cooperativa de Saavedra recibió el 90% de los recursos pero la gerencia integral, sólo logro el 50% en dos proyectos que Componen El Contrato (Pandi Visr 2013 y Arbeláez Visr 2013). Aun así, pese a los atrasos, el incumplimiento y el desacato a los llamados, la entidad decidió prorrogar los contratos.
Lo insólito: el poderoso Banco Agrario no logró la recuperación de los dineros entregados a la Cooperativa de Saavedra. Pero además, las tres empresas del mismo carrusel siguen contratando y aparecen enredadas en contratos de vías (Tello-Baraya y especialmente en el Anillo Turístico del Sur) y ahora también en alimentación escolar y empresa de aseo y recolección de basuras.
Incumplimiento
“La gerencia del proyecto, el contratista ejecutor de la obra y el interventor inobservaron las normas contractuales e incumplieron sus obligaciones frente a los contratos firmados en el 2014”, precisó la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, concluyó que en este contrato se configuró un daño al patrimonio público, no solo por las obras no ejecutadas sino por las fallas estructurales que presentaban las viviendas inconclusas.
“Las deficiencias en las viviendas indican debilidades en la ejecución de las labores constructivas e inobservancia de las normas y especificaciones técnicas y de calidad, asociadas con cada actividad ejecutada en los proyectos de vivienda rural”, concluyó.
“Las deficiencias constructivas también obedecen a falencias en las labores de control y seguimiento por parte del interventor durante las etapas de ejecución y entrega de las obras. Estas deficiencias también se deben a fallas y omisiones en la labor de seguimiento y supervisión a cargo de la Gerencia Integral y el Banco Agrario”, precisó la Dirección de Investigaciones.
“Las deficiencias de calidad observadas en la estructura metálica de las viviendas, indican una ejecución deficiente en la construcción y en el montaje de esta, por incumplimiento de la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-10).
Detrimento
Por lo tanto, el daño patrimonial que se configura en el proceso de responsabilidad fiscal, “tuvo origen en la falta de control por parte quienes actuaron en representación del Banco Agrario De Colombia como entidad otorgante, específicamente el Gerente de Vivienda y los Supervisores del Proyecto, la Gerencia Integral contratada, el Contratista de Obra y su Interventoría, como se evidencia con el material probatorio allegado al expediente”, subrayó.
Vinculados
Como presuntos responsables fueron vinculados la Cooperativa ‘Creer en lo nuestro”, representada por Leidy Viviana Gómez Sepúlveda, encargada de la Gerencia Integral y por lo tanto, responsable del manejo de los recursos públicos.
“La Gerencia Integral no cumplió de manera eficaz las obligaciones transcritas, dadas las deficiencias encontradas por este Órgano de Control en 2017 y ratificadas durante la indagación preliminar”.
La cooperativa de Saavedra, contrató la interventoría y las obras civiles para la ejecución de las viviendas, con sus propios socios, permitiendo la pérdida de recursos públicos.
Entre otros, 625 millones de pesos que “no se encuentran evidenciados en la ejecución de obras del proyecto, ni reposan en la cuenta bancaria abierta para tal fin, realizando un uso inadecuado de los recursos consignados por concepto de subsidios y contrapartida, como tampoco logró superar el 50% en ninguno de los proyectos, ni atendió los llamados realizados por parte de la supervisión”, anotó la Contraloría.
Además, la constructora Entorno, representada por William Artunduaga Moreno, en calidad de ejecutor de los proyectos de vivienda rural, también del entramado empresarial y la constructora Prodeco de Jaime Saavedra, representada legalmente por Carlos Andrés Salamanca, quien figuraba como interventor.
La firma era la responsable de la ejecución del contrato de obra civil por un valor de 6.763 millones de pesos. “La constructora Entorno, es solidariamente responsable del detrimento establecido, porque fue quien construyó y entregó varias viviendas que presentaron obras no ejecutadas, faltantes o deficientes”, anotó la Contraloría.
“Teniendo en cuenta que la entidad afectada declaró el incumplimiento del contrato N° C-GV 2014-017 sumado a que durante el plazo de ejecución no se legalizaron ni amortizaron los recursos desembolsados a la Gerencia Integral 176, se considera que dicha sociedad incumplió las obligaciones contractuales pactadas”.
Finalmente, la empresa Prodeco, la casa matriz de Saavedra, representada legalmente por Carlos Andrés Salamanca, encargada de la interventoría, también fue declarada solidariamente responsable del detrimento patrimonial por la pérdida de los recursos. “Desconoció las obligaciones asignadas como interventor de obra y permitió obras no ejecutadas, faltantes o deficientes y por lo tanto el daño fiscal”, precisó.
Otros responsables
Igualmente fueron vinculados otros funcionarios del Banco Agrario: Sergio Agustín Suárez, ex gerente de Vivienda, quien suscribió la prórroga y los dos supervisores de la época, Libia Judith Bernal y Luis Fernando Llanos.
“Como Gerente de Vivienda, es solidariamente responsable del detrimento establecido, toda vez que presuntamente faltó a las responsabilidades del cargo”, explicó el Director de Investigaciones Especiales.
“Como ordenador del gasto y representante legal de la entidad afectada, no cumplió cabalmente con los principios de la función administrativa (eficacia, economía, planeación y celeridad) en la administración de los recursos del subsidio familiar de vivienda rural y no realizó un adecuado seguimiento a la ejecución del proyecto y la inversión de recursos, según la normativa que debía observar”.
Suaza y Tarqui
El Banco Agrario suscribió el contrato de gerencia integral 181 (vinculado al Contrato C-GV2014-106) para el desarrollo de ocho proyectos en los municipios de Suaza y Tarqui con 289 soluciones de vivienda para igual número de hogares campesinos. De éstas 267 correspondían a vivienda nueva y 22 a mejoramientos de vivienda.
El representante del consorcio resultó ser Adriana Marcela Peña Saavedra, cercana a Jaime Saavedra Perdomo. Como suplente actuaba el ingeniero civil Jorge Eliecer Monje Mahecha socio de Jaime Saavedra. Monje Mahecha ha sido representante legal de la Cooperativa Creer en lo Nuestro, entidad vinculada en numerosos escándalos en el manejo de recursos públicos.
La cuestionada entidad aparece como contratista en obras civiles, alimentación escolar, interventorías, dotación, estudios de consultoría, suministros, entre otros.
El contrato fue perfeccionado el 29 de mayo de 2015. El contratista debía administrar los recursos de los subsidios efectivamente asignados a los hogares beneficiados. El acta de inicio se suscribió el 22 de octubre de2015.
El plazo de ejecución inicial fue de ocho meses contados a partir del primer desembolso, equivalente al 50%, realizado el 7 de diciembre de 2015.
El contrato fue suspendido entre el 27 de junio y el 27 de julio de 2016 y prorrogado el 6 de septiembre siguiente por seis meses más. Al final fue liquidado y los recursos se esfumaron. Nadie respondió.