Una juez de garantías ordenó ayer medida de aseguramiento domiciliario contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón. La togada impuso una caución al contratista y exconcejal de Tumaco (Nariño), Haiden Otoniel Vergara Quiñónez y se abstuvo de imponer medida no privativa de la libertad contra los demás implicados en la investigación por el PAE del 2020. Fiscalía y Procuraduría apelaron las medidas. El defensor del mandatario neivano apelará hoy.
Rafael Rodríguez C.
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Con casa por cárcel fue cobijado el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, por las presuntas irregularidades en los contratos de suministro e interventoría del Programa de Alimentación Escolar (PAE) 2020 por valor de 5.250 millones de pesos para 105 mil raciones para estudiantes de la zona rural y urbana de la capital huilense.
La medida de aseguramiento preventivo en su lugar de residencia fue impuesta ayer por la Juez Séptima Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías al variar la solicitud del fiscal Séptimo Seccional de Neiva, Juan Carlos Durán Cujar, que había pedido cárcel. “Usted siendo el primer defensor de los bienes y recursos del municipio como ordenador del gasto, aparece como la mayor amenaza de los recursos públicos…”, había dicho el fiscal el pasado 26 de mayo.
La togada manifestó que el número de delitos, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, y su naturaleza, son atentatorios contra la administración pública. “Son de suma gravedad y de reproche aún más en su modalidad cuando la misma se imparta del ejercicio de la función pública de quien precisamente representa los intereses del conglomerado social y de quien se espera un comportamiento intachable, y ejemplar en el manejo administrativo que le otorgan a los gobernantes”.
Sostuvo la operadora judicial que existe inferencia razonable que comprometen el presunto actuar del alcalde Muñoz Calderón en las conductas indilgadas por la Fiscalía. “El Alcalde participó en las etapas de trámite, aprobación, realización de contratos e inclusive liquidación. Ese direccionamiento, presunto, indebido de esa contratación en aras a intereses de otra persona y un presunto pago de dineros que entraron a su campaña política y retribución pudo haberse dado en esas contrataciones”.
Otras investigaciones contra el Alcalde
La operadora judicial manifestó que es necesaria, adecuada, proporcional, razonable y “urgente” imponer una medida preventiva de la libertad en la prevención del manejo de recursos públicos: “blindar los principios de la función pública”.
Y es que en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento quedó al descubierto cerca de cuatro investigaciones penales contra la administración pública que adelantan varios fiscales contra el alcalde Gorky Muñoz Calderón. “Los argumentos de la Fiscalía y las investigaciones penales en curso contra el Alcalde nos llevan a establecer que en verdad encontrándose aún en el ejercicio del cargo popular para el cual fue elegido con plena disposición del ordenamiento de manejo de recursos públicos…se localizaron esos presuntos acuerdos de disposición en pro de distribuir intereses particulares para saldar presuntos compromisos económicos de su campaña”.
El alcalde Muñoz Calderón tiene investigaciones de delitos contra la administración pública en las Fiscalías Séptima Seccional, 59 Seccional de Extinción de Dominio, Once Seccional de Neiva y Segunda Especializada de Neiva por enriquecimiento ilícito de particulares.
Las investigaciones obedecen a: contrato de 4.500 mercados para adultos mayores por $2.389.743; el contrato suscrito con el Fondo Mixto de Cultura del Huila por valor de $438.508.629; posibles sobrecostos en el contrato de 10 mil mercados para población vulnerable de los estratos 1 y 2 del Sisben por valor de $1.994.770.100 y extinción de dominio por delitos contra la administración pública.
“Ello indudablemente para el despacho se le permite al operador judicial hacer un pronóstico a futuro que tales conductas en materia de contratación y disponibilidad de recursos públicos podrían tornarse reiterativos en detrimento de los intereses públicos de un conglomerado social que espera de sus gobernantes total pulcritud, transparencia y honestidad en cada uno de los actos propios del cargo”, señaló la juez al referirse a las investigaciones.
Sigue en el cargo
El alcalde neivano continuará ejerciendo el cargo mientras un juez del circuito en segunda instancia resuelva la apelación a la medida de aseguramiento domiciliario que sustentará hoy su abogado David Alfonso Benavides Morales.
“La medida de aseguramiento quedará ejecutada…”, dijo la juez al manifestar que una vez si en segunda instancia no se varía la decisión de detención en la residencia, se enviará el oficio ante el Gobernador del Huila para que proceda a la “suspensión temporal del alcalde Gorky Muñoz”.
Entre tanto el mandatario en un comunicado manifestó que “creemos tener argumentos suficientes para rebatir lo expuesto por la togada en su decisión. La medida cautelar de aseguramiento, con detención preventiva domiciliaria, sólo tendría un eventual cumplimiento cuando quede en firme o ejecutoriada la decisión”.
8 salarios de caución
La juez decidió no imponer medida de aseguramiento preventivo en centro de reclusión contra el contratista y exconcejal de Tumaco (Nariño), Haider Otoniel Vergara Quiñonez, como lo había solicitado el fiscal.
El hombre fue quien financió la campaña a la Alcaldía de Muñoz Calderón, según la revelación de las interceptaciones telefónicas. “Se escuchó la aceptación de Haiden Otoniel Vergara no solo de ser el financiador de la campaña sino de sus encuentros y cierres efectivos de compromisos. Que Gorky Muñoz asumió como alcalde el primero de enero de 2020 y para abril, dos meses después, estaba suscribiendo los contratos para el manejo PAE del segundo trimestre a favor de Asoformando y Colombia Florece”, manifestó la togada.
Recordó la operadora judicial que en los audios se conoció que Vergara Quiñonez dialogó en diferentes oportunidades en el segundo semestre de 2019 con Juan Carlos González “perteneciente a la campaña gorkysta sobre aportes efectivos de dinero que se hicieron a la campaña y la necesidad que se reunieran para cerrar compromisos”.
Sin embargo, la togada señaló que la medida de aseguramiento no será privativa de la libertad, sino que le impuso una caución de 8 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($8.000.000) que deberá pagar en los próximos cinco días.
Además señaló que el procesado tiene la obligación de presentarse periódicamente y cuando sea solicitado, tener buena conducta social y familiar y no podrá salir del país. “El incumplimiento de estas obligaciones lo hará acreedor de la sustitución de la medida no privativa de la libertad por otra más gravosa o inclusive reclusión en lugar de residencia”.
Sin medidas
La juez señaló que no impondrá la medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el exsecretario de Educación, Geovanny Córdoba Rodríguez, los exasesores jurídicos Juan Felipe Molano Perdomo y Andrés Camacho Cardozo, los contratistas Carmen Rosaida Castillo Arboleda, representante legal de Asoformando Colombia y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, representante legal de Colombia Florece.
El fiscal en la solicitud de la medida había señalado que “ustedes unieron esfuerzo bajo un propósito común movido por intereses de carácter económico y político”.
La operadora judicial manifestó que al no existir circunstancias demostrativas de una necesidad proporcional y de urgencia, se abstenía de imponer medida Carmen Rosalia.
Sobre Córdoba Rodríguez y Molano Perdomo, señaló la togada que no se demostró que tuvieran anotaciones penales, antecedentes vigentes y tienen arraigo definido. “Están a plena disposición de la Fiscalía aportando información que sea necesaria”.
Agregó que sobre Banguera Jaramillo no hay elemento probatorio alguno que demuestre que antes y después de esta noticia criminal hubiera continuado en la actividad contractual con peligro de vulneración a la administración pública. “No se allegó registro alguno de indagaciones diferentes a este, no tiene antecedentes penales. Huérfana queda la aseveración del peligro sentado en tal causal como de la misma manera relacionado de vinculación con probables organizaciones criminales…”.
Precisó la operadora judicial que las personas que no fueron cobijadas con medida no privativa de la libertad siguen vinculadas al proceso y se defenderán en libertad.