Mientras la Fiscalía pidió su libertad, el exfiscal Eduardo Montealegre argumentó sus razones para que continuara con detención domiciliaria. El sábado se conocerá la decisión.
Muy temprano inició ayer la audiencia en la que definiría la situación judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, si se anulaba el proceso o si se acogía a lo realizado por la Corte Suprema de Justicia.
En un comienzo el representante de la Fiscalía señaló que el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez no iba a iniciar de ceros pero que se debía conceder la libertad del exmandatario.
El fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, encargado del caso, inició su intervención pidiendo que el caso se mantenga en el campo judicial y legal y no en lo político, para que se resuelva “lo que en derecho corresponda”.
Añadió que el tema es de la mayor complejidad y se debe resolver con toda la rigurosidad en temas de garantías procesales y teniendo en cuenta las consecuencias sobre el proceso y las partes.
El abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente Álvaro Uribe Vélez formalizó la petición de libertad inmediata de su cliente asegurando que no se está cuestionando la decisión de la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ordenó su detención, sino el efecto que tendría en el proceso el cambio de sistema por el que se adelanta ahora la investigación.
Granados añadió que la defensa no está pidiendo la nulidad de lo actuado.
Granados señaló que en el año 2002 se estableció en la Constitución que le corresponde a la Fiscalía pedir las medidas de aseguramiento que corresponden para que las personas acudan ante los jueces y que los jueces de control de garantías serán los encargados de resolver ese tipo de solicitudes frente a la libertad de las personas.
En más de tres horas de intervención, el exfiscal general Luis Eduardo Montealegre advirtió que la Fiscalía pidió una nulidad en medio de la audiencia y que eso no estaba previsto que esa solicitud se hiciera en esta audiencia.