Inmensas dudas ha despertado la operación militar ejecutada el pasado 28 de marzo en la vereda de Alto Remanso, municipio de Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, y en la que murieron 11 personas, que según el Ejército, pertenecían a los ‘Comandos de Frontera’, un grupo ilegalmente armado con vínculos con el narcotráfico que hace presencia de manera fuerte en esa región.
La versión oficial señala que el operativo fue legítimo y estuvo enmarcado en el derecho internacional humanitario. El comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, se ha pronunciado públicamente diciendo que: “Nuestra misión en esa operación fue muy clara: la de neutralizar el subsistema criminal de una comisión armada del Gaor, grupos armados organizados residuales, 48, autodenominados ‘Comandos de Frontera’”. Y ha insistido en que los militares que hicieron parte del operativo tenían la premisa del “servicio a la patria, la protección a las comunidades y el cumplimiento del deber”.
Desde el primer día de los hechos, la comunidad ha denunciado que el operativo se ejecutó en medio de un bazar comunitario y que allí murieron por lo menos cuatro civiles. Estas voces han tenido mayor eco, luego que el fin de semana pasado varios medios de comunicación nacionales llegaran hasta el lugar de los hechos y dieran cuenta de lo sucedido.
Ante este grave episodio y de manera independiente, entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo están llevando a cabo sus investigaciones. Claramente, hay muchas dudas que deben ser resueltas. ¿Todos los muertos estaban armados? ¿Qué pruebas hay de que pertenecían a ‘Comandos de Frontera’? ¿Sabían los militares que se estaba desarrollando un bazar? ¿Por qué el CTI de la Fiscalía no acompañó el operativo?
Es clave que las investigaciones se desarrollen de manera rápida y los resultados los conozca la opinión pública.