Los fuertes enfrentamientos que se registraron en 13 centros penitenciarios del país este fin de semana, que dejaron como saldo 23 muertos, más la crisis que atraviesa Colombia a causa del Covid-19, llevaron a que el Gobierno Nacional declarara la emergencia carcelaria.
Con esta declaratoria, una de las medidas es que entre 4.000 y 10.000 reclusos saldrían de las cárceles de manera transitoria y serían cobijados con la medida de detención domiciliaria.
El decreto que está a espera de la firma presidencial, busca que internos mayores de 60 años de edad, madres gestantes o con hijos menores de 3 años que vivan con ellas en la cárcel; personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes, trastorno pulmonar, hipertensión, hepatitis C, hemofilia, artritis reumatoide y quienes tengan trasplantes.
Igualmente, la medida cobijará a personas con movilidad reducida, a quienes están condenados o investigados por delitos de menor gravedad y delitos culposos, y a quienes estén condenados a penas de hasta cinco años de prisión.
Quedan excluidos de esta medida, personas que hayan cometido crímenes contra menores de edad, violencia sexual, delitos de lesa humanidad, de guerra, o crímenes contra la administración pública o corrupción.
Cada caso será evaluado por un juez mediante audiencias virtuales y es posible que se le niegue el beneficio si no cumple con los requisitos establecidos.
Con la medida se busca aliviar el hacinamiento carcelario en el país que alcanza el 50% y sacar de las cárceles a personas en condición de riesgo por el Covid-19.