José Gregorio Hernández Galindo
Vamos a tener que acostumbrarnos a distinguir entre la actividad política y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Una es la tarea de los políticos y otra muy diferente la de los jueces y magistrados. Ni los jueces deben resolver en los procesos con un criterio político, orientado a favorecer o a perjudicar a los partidos –bien en el campo penal, en el civil, en el familiar, en el económico, en el ideológico, en el electoral o en cualquier otro-, pues en tales casos podrían estar prevaricando, ni los políticos deben tener injerencia en los trámites de los procesos –salvo cuando, por conducto de sus abogados y en el terreno exclusivamente procesal, ello sea necesario siendo partes o terceros interesados-, y menos todavía pretender influir en los resultados de los procesos por la vía de la recomendación, la presión, la amenaza, el halago o las ilícitas ofertas económicas o burocráticas.
Sin adoptar posición, ni a favor ni en contra de la reciente providencia adoptada por la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la detención domiciliaria del doctor Álvaro Uribe, cuya presunción de inocencia sigue en pie, resulta evidente la peligrosa e indebida politización externa del proceso. Si algo es inherente al Estado de Derecho es la independencia judicial. Los jueces no deben ser susceptibles de influencia mediante halagos, críticas, premios o estímulos, ni sometidos a presión. Menos todavía proponiendo reformas constitucionales a raíz de la decisión que adoptan en un caso, y no por motivos que interesen a toda la sociedad. En tal sentido, recientes llamados a destrozar el sistema judicial por la vía de una Constituyente, y a raíz de un auto, carecen de todo sentido, motivo, razón, oportunidad y conveniencia. Además, en plena pandemia
Los procesos judiciales deben ser adelantados en el interior de los tribunales, según los hechos y pruebas que aparecen en los expedientes; no en los medios, ni en las redes sociales. Son asuntos que, en su definición, no corresponden a la opinión pública, ni es ella la llamada a pronunciarse, ignorando los hechos y el Derecho aplicable. Someter a encuesta entre oyentes o twitteros –quienes carecen de elementos de juicio fácticos, probatorios y jurídicos- si alguien es o no penalmente responsable; culpable o inocente; detenido o libre; condenado o absuelto; no contribuye a la justicia. La obstaculiza y la desfigura. Sustituye de hecho los trámites procesales señalados en la ley por inapropiadas figuras mediáticas, lo que significa irrespeto y presión indebida sobre los jueces.
Ahora bien, para preservar el Estado de Derecho es necesario defender la independencia judicial ante el Gobierno. Ha sido lamentable la presencia mediática del actual presidente y otros funcionarios para descalificar una decisión judicial. Que no se rompa, por causa de una providencia judicial, el Estado de Derecho.